14 de octubre de 2005
La elección del Perú como miembro no permanente del Consejo de Seguridad importa la recuperación del más alto protagonismo externo del Estado y la posibilidad de redefinir su vieja tradición multilateral. Pero también supone un desafío complejo derivado de las incertidumbre que presentan el sistema y la comunidad internacionales.
En relación al sistema, el Perú se incorpora a la más alta instancia encargada de cautelar la paz y seguridad mundiales cuando la estructura unipolar desea ser alterada por la mayoría de las potencias emergentes. Si bien este cambio, de ocurrir, sucederá en el muy largo plazo, la fricción consecuente será difícil de manejar para un Estado pequeño que intente realizar su tarea con autonomía reconocible.
En relación a la comunidad internacional, su expansión basada en la promoción global de valores liberales es tan intensa como resistida en el campo de batalla (p.e. por el terrorismo islámico) y complicada por la actual crisis del multilateralismo. Si los obstáculos a la reforma de la ONU reflejan esa complicación, el tortuoso proceso de la Ronda Doha expresa la inconsistencia de la OMC a pesar de que el comercio internacional ha crecido extraordinariamente. La reducción de la brecha entre la comunidad internacional y su dimensión multilateral vinculada al desarrollo será, por tanto, una tarea ineludible.
Y aunque la consistencia de los regímenes de seguridad regionales es de difícil mensura (la OTAN se ha reformado y expandido pero el TIAR sigue neutralizado), se puede decir que su eficiencia está en cuestión. En tanto la Carta de la ONU delega en esos organismos una cuota de responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad internacional, la incertidumbre sobre su eficacia agrega complicación al desafío. Perú tendrá que enfrentarlo en aspectos que van desde el compromiso con las operaciones de mantenimiento de la paz hasta el establecimiento de regímenes de confrontación preventiva del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.
Por lo demás, la responsabilidad con la comunidad internacional que acaba de aceptar el Estado no puede desligarse de su capacidad para autogobernarse. Colocado en una posición de la mayor visibilidad, la relación entre capacidad negociadora y gobernabilidad interna se harán más eviendentes. De allí que, los requerimientos de cohesión nacional y de una mejor inserción de seguridad y económica deban ser satisfechos. En la medida en que éstos reflejan el interés nacional, los fundamentos de nuestra política exterior tendrán que perfilarse mejor y su ejercicio ganar en estabilidad y consistencia.
Finalmente, la nueva responsabilidad del Estado deberá ejercerse en la perspectiva de las oportunidades y limitaciones que el contexto internacional ofrecerá en los próximos dos años. Entre las primeras se podría encontrar una mejora del escenario multilateral económico (si, p.e., se resuelve el problema de los subsidios en los países desarrollados) y hasta un progreso en el trato a los países en desarrollo (los Objetivos del Milenio). Entre las segundas, es probable un decaimiento de la economía global después del 2006 (según el FMI) y una situación de seguridad todavía larvada, a pesar de los progresos, por los problemas del terrorismo global, de la subsistencia de conflictos regionales y de la precarias condiciones de viabilidad de un buen número de Estados pequeños.
El Perú debe estar a la altura de sus nuevas responsabilidades y, al hacerlo, debe consolidar para el largo plazo el status temporal que adquirirá durante los próximos dos años.
