Según una corriente de opinión, generalmente errada, la política interna determina los términos de la política exterior. Asumiendo que esa propuesta sea cierta, ¿qué ocurre cuando la política interna permite que los dos candidatos más resistidos por la población compitan en segunda vuelta por la presidencia del país y que, al hacerlo, ambos distorsionen sus propuestas y antecedentes?.
Si el resultado de esa contienda se expresa menos en legitimidad que en sumatoria de votos que han procurado ante todo que el contrario pierda, el sustento de la política exterior estaría en cuestión.
Esto es lo que acaba de ocurrir en el Perú bajo el supuesto mencionado. Si bien el ganador es legalmente impecable y viene recibido el reconocimiento de diferentes mandatarios, el hecho es que la incertidumbre que éste genera ha encontrado expresión en otro de los insumos de la política exterior: las relaciones exteriores. Ésta, a través del mercado, se ha manifestado en extraordinaria volatilidad bursátil y cambiaria y en la postergación de inversiones mientras que sentimientos de cautela o entusiasmo de varios de nuestros interlocutores son acicateados por el peso ideológico del candidato triunfador. Esta situación está alterando, de momento, la percepción externa del Estado y tiende a desequilibrar el rol estratégico del Perú en la región. De ser éste un Estado de definido sustento liberal que ha encontrado en la inserción global una condición del desarrollo y en lo regional un fundamento geopolítico estrechamente ligado a los Estados que practican la democracia representativa y la economía de mercado, el Perú está siendo visto como un país que coquetea con la incertidumbre.
Si ésta se traducirá luego en revisionismo ligado a la renegociación de los acuerdos de libre comercio, a la alteración de los alineamientos sustantivos en el mundo y en la región o al cambio de los valores que orientan la proyección externa es asunto que deberá definir, a la brevedad, el presidente electo.
De momento éste ha optado por dar explicaciones a la prensa internacional y a los vecinos suramericanos. Eso está bien pero lo principal es asegurar que el proceso de realización de intereses nacionales sustantivos a lo largo de una década, que ciertamente está lejos de haber culminado, no cambie sustancialmente. Ni la relación vecinal, ni la progresiva construcción regional, ni la integración en el Arco del Pacífico, ni la plural inserción en el mundo que tiene un arraigo occidental debe ser alterada en beneficio de agrupaciones como el ALBA o de sus correlatos diplomáticos: el transnacionalismo bolivariano o la “diplomacia de los pueblos”.
Si el condicionamiento de la política exterior por la interna es real, ni el rol externo ni la calidad estratégica del Estado debieran ser alterados, salvo para incrementar sus capacidades, por un gobierno cuyo triunfo legal no es equivalente a la legitimidad derivada de un proceso electoral sui generis. Esa transgresión, sin embargo, puede ocurrir si el supuesto se prueba falso y el Jefe de Estado, como conductor de la política exterior, decide cambiar la definición del interés nacional en lugar de mejorar su realización.
