El rápido reconocimiento de los señores Nicolás Maduro y Horacio Cartes por el UNASUR como presidentes de Venezuela y Paraguay muestra diferentes versiones del cálculo político en esa entidad y su correlación con el tipo de influencia que ejercen en ella los diferentes grupos de países que la integran.
Esta realidad, que minimiza o emplea a voluntad los marcos normativos que regulan la protección colectiva de la democracia en Suramérica (los protocolos de Georgetown, Ushuaia, Barahona y la Carta Democrática Interamericana), muestra un escenario donde una versión de los intereses nacionales respectivos interactúa con sobredimensionados requerimientos de consenso en UNASUR. Ello produce resultados ineficientes para la entidad, para sus integrantes y para el bien público regional que se procura defender.
En este marco UNASUR aparece como un organismo que se comporta con arbitrariedad, no satisface adecuadamente el objetivo nacional del conjunto de sus integrantes y desconfigura el compromiso colectivo de protección de la democracia sea ésta o no representativa.
Esta realidad confirma la pérdida de dimensión comunitaria de la región y la emergente disposición de sus miembros a actuar con pragmatismo arbitrario cuando se trata de proteger colectivamente la democracia en el área.
Aquélla opera sobre la base de la aceptación por los gobiernos del área de una versión tradicional de los conceptos de soberanía y de no intervención que impide evaluar adecuadamente la quiebra del orden constitucional de sus miembros. Sin embargo, UNASUR pretende, de manera contradictoria, presentarse ante el mundo como un bloque comunitario que se rige por principios comunes cuando su realidad fragmentada (o, más benignamente, su insuficiente convergencia) es manifiesta.
Así, mientras UNASUR sanciona a Paraguay por la violación del debido proceso con que el Congreso de ese país destituyó al ex -presidente Lugo, hoy reconoce al Sr. Maduro basándose en el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral Venezolano que, copado por el oficialismo de ese país, da por ganador in extremis al candidato oficialista mientras la oposición denuncia fraude.
En el caso venezolano, de otro lado, los intereses divergentes en UNASUR afloraron rápidamente. En efecto, mientras los miembros del ALBA buscaron un pronunciamiento rápido a favor del Sr. Maduro al tiempo que gestionaron, a través de Irán, un raudo apoyo del Movimiento No Alineado, los representantes de ciertos países apenas buscaban apoyo en sus congresos para procurar mesas de diálogo en Venezuela. El resultado fue el reconocimiento colectivo del Sr. Maduro complementado por invocaciones al diálogo y al clima de tolerancia carentes de todo instrumento de implementación.
Hoy la inestabilidad está a la vista en Venezuela y la ineficacia de UNASUR (que no es la de los integrantes del ALBA) no puede ser ocultada. Es verdad que en aquel país una situación de emergencia afloraba. Si por razones estratégicas el reconocimiento superaba en valor al respeto de las normas electorales, éste debió ser por lo menos condicionado. Pero no lo fue.
Esta realidad no es, obviamente, circunstancial. Deriva de la disolución del consenso liberal en Suramérica. Desecha la versión idealista del régimen que debía implementarla (la Carta Democrática Interamericana y sus versiones subregionales) ésta no ha sido sustituida por una versión más realista de ese orden. En su lugar impera hoy el mero pragmatismo que niega el orden regional. Éste es mejor aprovechado por la convergencia ideológica de los miembros del ALBA complementada (o quizás al revés) por la influencia de algunos integrantes del MERCOSUR.
En otras palabras, la región se gobierna hoy por mecanismos de correlación de fuerzas que no incluyen un adecuado balance de poder. Como la primera no surge de la cohesión nacional sino de la divergencia interna, ello se refleja en la manipulación del orden regional por quienes están a cargo en esos países. Ello agrega inestabilidad a la región mientras el comportamiento de sus integrantes se divide entre los que actúan de acuerdo a sus opciones ideológicas (el reciente aval de Lula a Maduro dice mucho al respecto) y los que, aspirando a la estabilidad o a la mitología de la unión regional, optan por el pragmatismo. Los primeros tienen la fuerza y los segundos procuran el instrumento que apura el consenso con el desorden consecuente.
En ese contexto el incentivo para la fricción potencial de intereses se incrementa y la negociación es un mero trámite en la que los minoritarios y menos ideologizados tienden a ceder.
Este juego es peligroso porque depende del arbitrio de negociadores cuya correlación de fuerzas internas es volátil y va en detrimento de un orden regido por principios e intereses de Estado.
