Este 14 de abril los venezolanos estarán corrigiendo la irregular situación en que se desenvuelve la jefatura de su Estado desde que el Tribunal Supremo de Justicia decidió que la juramentación del cargo del nuevo presidente podía postergarse y que el Sr. Nicolás Maduro podía asumir como presidente encargado en lugar del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La cuestionable decisión del ex -presidente Chávez de hacerse reelegir sabiendo que no podría ejercer el cargo indujo esta inconsistencia jurídica en el ejercicio de la Presidencia de la República venezolana.
Ello no obstante, las elecciones de este domingo se llevarán a cabo en un escenario de incertidumbre sobre la imparcialidad elemental que deben calificar al proceso. La declarada militancia oficialista del Consejo Nacional Electoral, la ausencia de observadores que no sean los del UNASUR, el conteo electrónico de votos (impuesto contra el conteo manual y que puede prestarse a manipulaciones encubiertas) y la apabullante asimetría en el uso de medios públicos a favor del candidato oficialista han creado un clima de desconfianza en torno al proceso electoral. A ello se agrega la imputación del chavismo de que la oposición desconocerá las elecciones.
En el caso de que esa impugnación no ocurriese y si la conducción electoral alcanzara, en ese marco, un mínimo de credibilidad el candidato ganador –probablemente el Sr. Maduro- debería emprender una campaña de concertación nacional. Este requerimiento parece indispensable para mitigar la extraordinaria polarización política venezolana y porque la agenda chavista y su vocación populista serán difíciles de practicar con la pérdida del líder carismático. Si este llamado a la concertación no ocurre –y es bien poco probable que ocurra-, Venezuela puede ingresar a una situación de convulsión que arriesgará la estabilidad en el norte suramericano. La relativa estabilidad ecuatoriana después de la reelección del presidente Correa y la boliviana (si el Sr. Morales persiste en reeditar su predestinado mandato) podrían entonces sufrir las consecuencias descomponiendo el escenario andino (proceso del que el Perú no es hoy completamente ajeno).
La consecuencia obvia de estos encadenamientos negativos sería el incremento del riesgo regional en momentos en que el nacionalismo político y el proteccionismo económico tienden a reaparecer como derivados de la crisis económica.
Pero aún sumiendo que la elección del Sr. Maduro pudiera sufragar los costos de la confrontación nacional y éste fuera internacionalmente reconocido como presidente legalmente electo (como ocurrirá), el gobierno venezolano tendrá que dar cuenta primero y reparar después el extraordinario caos económico que el Sr. Chávez ha dejado como herencia. Ello no se logrará, sin embargo, con las políticas del socialismo del siglo XXI que el Sr. Maduro se ha empreñado en reiterar.
Cualquiera que fuera su inclinación, el nuevo gobierno venezolano deberá afrontar la realidad de una economía que apenas crecerá este año (0.4% según la proyección reciente del Economist Intelligence Unit que contrasta con la más antigua de la CEPAL que proyectó en diciembre 2.3%) mientras el riesgo recesivo agravará el efecto de tasas de inflación superiores a 23% en los últimos 10 años (31% en el 2013), un déficit fiscal de -7% en este año (que según algunos podría ampliarse a -12% como ocurrió en 2011) y un problema cambiario que se definirá por mayores devaluaciones (complementarias a la de 32% de febrero pasado y a la pérdida acumulada de dos tercios del valor del Bolívar Fuerte desde que éste entró en vigor).
En el centro de este espantoso cuadro macroeconómico se ubica el inmenso gasto público emprendido por el chavismo y la política petrolera venezolana.
El primer problema es imposible de medir con precisión según estándares internacionales porque Venezuela simplemente no coopera con el FMI en la materia. Lo que sí se sabe es que el crecimiento de 2013 será financiado con más gasto (CEPAL) compuesto por los ingresos de PDVSA (que genera el 93% de las divisas del país y que sólo en 2011 produjo –y perdió- ingresos por US$ 125 mil millones), por las escasas reservas que restan en el Banco Central (alrededor de US$ 30 mil millones cayendo de US$ 42 mil millones en 2008), el FONDEN (el fondo de desarrollo venezolano de manejo bastante discrecional y que sólo en 2012 dispuso de US$ 15.5 mil millones según The Economist) y un Fondo Conjunto Chino-Venezolano que, según la CEPAL se nutre de préstamos chinos. Estos préstamos sumaron US$ 42.5 mil millones en cinco años (Bloomberg) que forman parte de la deuda externa venezolana (la que ha crecido de US$ 22 mil millones en 1999 a US$ 90 mil millones en 2011 según el Wall Street Journal). Venezuela paga la deuda china con petróleo destinando a esos efectos un tercio de los 600 mil barriles diarios que vende a China. Ese pasivo sumado a los 100 mil barriles diarios que Venezuela vende a Cuba a precios subsidiados (a lo que debe agregarse lo que se coloca generosamente en los restantes miembros de Petrocaribe) constituye parte de los grandes costos petroleros con que el gobierno del Sr. Chávez ha empeñado su principal fuente de ingresos.
Por lo demás, la producción de la industria petrolera venezolana ha caído 25% desde 1998 al tiempo que el país se ha vuelto más dependiente de ese recurso. En efecto, el petróleo ha incrementando su participación en las exportaciones venezolanas de 77% en 1998 a 96% en 2011) (ABC). De ese total, Venezuela vende 40% a Estados Unidos –cuyos gobernantes fueron la némesis del Sr. Chávez- luego de haber colocado allí el 55% de la producción total.
A esta situación se agrega la degradación de PDVSA (que se ha llenado de empleados oficialistas, perdido técnicos y descapitalizado fuertemente) con el resultado de que Venezuela hoy debe importar petróleo refinado y gasolinas para satisfacer un consumo local creciente producto de la cultura del subsidio en todos los rubros básicos que practicó el Sr. Chávez con graves consecuencias para el erario de ese país.
De otro lado, la situación de la industria petrolera no es sino el ejemplo mayor de la sistemática descapitalización del conjunto de la industria y el sistema financiero venezolanos: la formación de capital ha caído de 24% en 1998 a 18% en 2011 (WST) mientras el mercado de capitales se ha contraído radicalmente. En efecto, no sólo el sistema bancario es mucho más frágil hoy sino que la capitalización del stock Bolsa de Valores de Caracas se reducido de 7.6% del PBI a un ínfimo 1.6% del PBI.
Si ello es muestra de la inmensa desconfianza que genera la economía venezolana en los inversionistas (que las grandes empresas petroleras sufragan manteniéndose en plaza a la espera de tiempos mejores), la mínima recepción de inversión extranjera es un mejor ejemplo de ello. Así, mientras Colombia recibió en el 2011 US$ 13 mil millones de FDI, Venezuela con más que ofrecer en el mercado energético, apenas atrajo US$ 5 mil millones.
Este inmenso caos, dicen algunos, compensa la efectiva reducción de la pobreza y de la desigualdad en Venezuela. En efecto, la pobreza se ha reducido en ese país de 49.4% en 1999 a 27.8% en 2011. Pero en otros países, como Chile y el Perú, la pobreza se ha reducido algo más o algo menos sin sacrificar el crecimiento ni el orden económico que produce empleo decente. Y en lo que hace a la inequidad, puede ser que el Gini venezolano (0.39) sea menor que el brasileño (0.52). Pero según las fuentes no hay certeza en esa medición pues los mecanismos de redistribución efectiva no dan cuenta de la pérdida de riqueza pública y privada. Así, la mejora redistributiva venezolana puede estar directamente correlacionada con la pérdida general de valor en el país.
Por lo demás, esa aparente ganancia de equidad no se refleja en la conducta social si de la mayor equidad se espera tranquilidad y seguridad ciudadanas. En Venezuela ese beneficio se expresa más bien en un extraordinario incremento de la violencia como lo muestra la altísima tasa de homicidios. En efecto, en Venezuela se producen más muertes que en Colombia afectada por el terrorismo organizado (aunque hoy se lleven a cabo en ese país negociaciones de paz) con una tasa de asesinatos que se ha incrementado de 25 a 45 por 10 mil entre 1999 y 2011 equivalente hoy a 21700 muertes al año.
Como es evidente por las promesas electorales del Sr. Maduro, ésta no es una imputación anti -revolucionaria en tanto el oficialismo ha incluido la solución de ese problema como una prioridad política.
Finalmente, la herencia regional del Sr. Chávez que el Sr. Maduro reclama (y que esperamos desee modificar) se ha reflejado en la división latinoamericana que, al margen de la discusión sobre la incidencia de los Estados Unidos en ella, ha retardado la integración económica al punto de que la región supera hoy sólo al África en términos de comercio intrarregional. En efecto, luego de medio siglo de experiencia integracionista, América Latina sólo intercambia dentro del área 26.8% de su comercio. Frente a los avances de la Unión Europea, Asia y Norteamérica al respecto, ello genera vulnerabilidad y revela clara pérdida de competitividad internacional.
Entre las causas recientes de esa frustración se encuentra el modelo monoproductivo venezolano y su costosísima fobia contra el libre comercio. Y entre los resabios disfuncionales del área se registran la manera cómo Venezuela practica la obsesión “antimperial” chavista al establecer alianzas con regímenes que, como Corea del Norte e Irán, no agregan precisamente valor estratégico a América Latina.
Si este domingo gana el Sr. Maduro, no pocos países de la región esperan, en función del bien común, que Venezuela reordene su economía y cambie su disolvente conducta externa.
