El Ejecutivo norteamericano decidió, por fin, tomar acción contra el gobierno venezolano sancionando a miembros de su entorno que, de manera conspicua, han participado en la sistemática vulneración de los derechos humanos y de otras libertades en su país.
Sin embargo, salvo que se trate de una advertencia o de un estímulo para algún eventual diálogo, el gobierno norteamericano ha actuado de manera inapropiada por varias razones.
Primero, porque, más allá de las consideraciones sobre la unilateralidad de las medidas, las sanciones no implican verdadera coerción sobre el gobierno venezolano como unidad política en momentos en que éste transita del autoritarismo chavista a los umbrales de una dictadura plena ejerciendo su principal virtud: aporrear sistemáticamente a la oposición y maltratar al conjunto de la población mediante un verdadero martirologio económico.
En efecto, congelar las cuentas y otras eventuales propiedades de siete individuos (acción que se suma, infértilmente, al retiro de visas a otros 56 funcionarios a los que se había “castigado” anteriormente), no impresiona y, claro, no cambia un pelo la conducta dictatorial del cínico gobierno venezolano
Segundo porque, para hacerlo, el gobierno norteamericano ha recurrido a una definición rimbombante de la capacidad externa del gobierno de Maduro. Así, el gobierno venezolano ha sido definido como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior norteamericana” capaz de que suscitar la “emergencia nacional”.
Esta calificación, asignable a una gran potencia o a un letal grupo terrorista de alcance global, constituye una verdadera recalificación del status de poder de un gobierno que se desmorona. Salvo que Estados Unidos esté convencido de que Venezuela va a transformar su alianza con potencias y grupos antisistémicos en una amenaza mayor efectiva o que la recalificación sea una advertencia de lo que puede ocurrir, ésta parece un premio jerárquico que está a años luz de las insignificantes medidas adoptadas.
La excusa de no afectar a la población ni a la economía venezolanas, sin embargo, puede ser preparatoria de un diálogo al que Estados Unidos no se negaría. A pesar de estos atenuantes, las medidas han servido hasta hoy para repotenciar la capacidad de victimización de Maduro.
Tercero, porque esta acción desproporcionada hacia abajo (es decir, fuertemente minimalista) ya se ha convertido en insumo estratégico que ha ayudado a fortalecer el vínculo de Venezuela con Cuba cuyo gobierno ha declarado su plena solidaridad con los herederos de Chávez.
Y cuarto, porque teniendo en cuenta que cualquier acción unilateral que emprendiera el gobierno norteamericano contra el de Venezuela iba a despertar la reacción de los miembros del ALBA (cuyos extremos, sin embargo, aún no se conocen) y de algunos más (sea en defensa de la causa antimperialista, sea en defensa del principio de no intervención aunque Venezuela marche hacia el totalitarismo como alternativa a su desfallecimiento como Estado) las medidas debieron corresponder, por lo menos, a la naturaleza de la amenaza definida.
Mientras tanto, el mercado norteamericano seguirá comprando el petróleo venezolano que, a pesar de su bajo precio, sigue constituyendo el principal soporte de su economía.
La apariencia descuidada de la iniciativa norteamericana (que debe ser leída también a la luz de su juego político interno), encuentra su origen en los múltiples frentes que debe atender la primera potencia. Pero especialmente, en la incapacidad de los gobiernos suramericanos de carácter democrático que interactúan con los que apoyan a Venezuela sin importarles los despropósitos en que incurra su gobernante ya de paso al totalitarismo.
Ello incluye al gobierno peruano que, en el 2012, contribuyó a legitimar la elección de Maduro sin tomar en cuenta los reclamos de la oposición (que solicitaba un verdadero cotejo de votos efectivos con los electrónicos) cuando ejercía la presidencia pro témpore de UNASUR. En ese momento, el diálogo solicitado con la oposición terminó, por inútil y farsesco, con el retiro de la oposición.
Ahora, a última hora, un grupo de cancilleres de UNASUR provenientes de Brasil, Colombia y Ecuador y acompañados por el cuestionado Secretario General Samper ha concurrido a Venezuela sólo para lograr que los representantes de la oposición (especialmente, el Sr. Capriles) concluyera que los señores representantes no sabían lo que hacían.
No podía ser de otra manera si, no bien llegado, el Sr. Samper declaró, contra toda evidencia, que en Venezuela existe separación de poderes y que no aceptaría la desestabilización de su gobierno cuando ésta es la que se refleja en el maltrato diario de la oposición en la calles y en los calabozos (a cuyos usuarios el Sr. Samper no quiso visitar).
Para colmo el Sr. Samper, luego de fracasar en toda la línea salvo en la de proteger al gobierno de Maduro, se aventuró a sostener que las próximas elecciones parlamentarias se realizarían en setiembre. La autoridad electoral venezolana, totalmente controlada por Maduro, ciertamente dejó hacer para designar otra fecha en el futuro mientras la Canciller de Colombia, la Sra. Holguín, sostenía que antes un diálogo prodemocrático lo importante eran las elecciones y que para eso habían concurrido a Caracas (Infobae).
¿Cómo se resuelve este entrampamiento? Si la indecisión norteamericana ha mostrado que no irá más allá en la acción unilateral cabe preguntar cuánto pesa Estados Unidos hoy en la OEA ya que UNASUR no resolverá nada. La respuesta parece ser que no mucho por el terreno ya perdido y por decisión propia.
Si ello fuera así, es necesario que la potencia hemisférica y el resto de los países democráticos latinoamericanos se esfuercen, por lo menos, en exigir unas elecciones sin represión ni presos políticos y con una observación electoral potente que incluya sofisticados, numerosos y activos equipos de la ONU, de la Unión Europea y de los miembros de la OCDE además de los tradicionales observadores hemisféricos y suramericanos. Ello se puede lograr si, como dicen algunos opositores, la presión norteamericana tiene esencialmente “carácter moral”.
La necesidad de este vigilancia –cuya burla debe tener consecuencias significativas empezando por el desconocimiento del gobierno electo bajo sospecha de fraude- se justifica porque en Venezuela no hay separación de poderes, no existe estado de Derecho, la administración de justicia es un divertimento gubernamental, la propiedad privada desaparece con el menor motivo y el respeto por el individuo es equivalente a la letalidad legalizada de la represión en las calles.
Es decir, el gobierno venezolano no está capacitado ni tiene la legitimidad necesaria para llevar a cabo elecciones bajo su conducción. Salvo que el resto de latinoamericanos declaren todo lo contrario y procedan de una vez a disolver las numerosas cláusulas democráticas que suscribieron y que, de momento, ellos también se burlan.
