La carta cubana ha sido por fin jugada por el presidente Obama en el marco de una revisión universal de su política exterior.
En efecto, la decisión de relajamiento de las condiciones de las visitas que las familias cubano-norteamericanas podrán hacer a la isla, de las remesas que podrán enviar y la promoción de las telecomunicaciones con Cuba ha sido adoptada después de que el presidente norteamericano presentara a los aliados occidentales los lineamientos principales de su política exterior. Y también luego de que proyectara una nueva imagen de los Estados Unidos en la reciente cumbre del G20 (Londres) y en la que conmemoró el 60 aniversario de la OTAN.
Ello ocurrió luego de que el presidente norteamericano recibiera la visita del presidente del Brasil (y la del presidente de México cuando el señor Obama era presidente electo) y con posterioridad a que la Secretaria de Estado estableciera los fundamentos de una nueva aproximación (a veces de estilo, a veces de fondo) con México, el Medio Oriente y Asia en una gira por esas regiones.
En ese contexto las medidas anunciadas (que no comprometen un inmediato levantamiento del “bloqueo” comercial aunque sí apuntan en esa dirección) supera de lejos el ámbito coyuntural de la inminente V Cumbre de las Américas. Si es obvio que las medidas se han adoptado en las proximidades de esa reunión para dar una señal de buena voluntad (de cuestionable dimensión hemisférica) y adelantarse a los reclamos que algunos Estados latinoamericanos pensaban plantear al respecto, es aún más claro que ese acontecimiento no ha sido el factor determinante al respecto. Por lo demás, si Cuba forma parte de la baraja con que la primera potencia replantea su situación y su rol globales, la redefinición de la relación bilateral cubano-norteamericana tiene su propia especificidad. Esta se originó en 1898 cuando Estados Unidos intervino en el sui generis proceso de independencia cubana. E incrementó su particularidad desde 1962 luego de que Castro adicionara a la variable nacionalista de su revolución, un fundamento ideológico y estratégico con la alianza con la Unión Soviética. Esta especificidad llegó a niveles de alarma extrema cuando Cuba decidió exportar su revolución, participar en la crisis de los misiles y generar una respuesta como la del bloqueo que Kennedy ordenó sobre la isla.
Hoy, 20 años después del fin de la Guerra Fría, ese ciclo empieza a cambiar tangiblemente. A pesar de que algunos sostenemos que las particularidades de la relación entre Estados Unidos y Cuba no deben “caribeñizar” otra vez la relación interamericana, es evidente que el cambio tendrá efectos hemisféricos a partir de la relación en el Caribe.
Así, el relajamiento de la tensión entre la superpotencia y “la isla” podría atenuar considerablemente el antiamericanismo en la región. Las dimensiones prácticas y humanitarias de la decisión de Obama harán sentir la condición no sectaria de la misma en la mayoría de las poblaciones de la región. De otro lado, el efecto estratégico más inmediato de la misma (siempre que sea bienvenida por el gobierno cubano) debiera contribuir a estabilizar las interacciones dentro del primer perímetro de seguridad norteamericano (que involucra a la cuenca del Caribe). Ello debiera atenuar la beligerancia de Cuba y sus aliados (especialmente de Venezuela y Nicaragua -y de Bolivia en el área andina-).
Si esa distensión ocurre en relación al “imperio”, también debiera ocurrir con quienes mantienen una asociación con éste (y, por tanto, son considerados como “subordinados” del mismo por aquella alianza antisistémica). Las posibilidades de una cooperación más práctica y menos ideologizada en la región podrían incrementarse a pesar del costo que representa para los demás Estados liberales latinoamericanos perder protagonismo en esa distensión.
De otro lado, los efectos alternativos de las medidas no serían complementarios sino antagónicos a los enunciados. Aquellos derivarían de la virulencia con que Fidel Castro ha denegado el interés cubano por reincorporarse a la OEA (es decir, al sistema interamericano). Castro ha considerado que la condicionalidad democrática que la OEA le exigiría no sólo es inaceptable sino que es “infame” y “traidor(a)”. Como una entidad no puede ser sujeto de esas apreciaciones, éstas recaen sobre sus miembros.
Es decir, Cuba no sólo seguiría considerando como enemigo o antagonista a la potencia dominante del sistema interamericano sino también a los miembros latinoamericanos que quisieran hacer respetar lo que queda de la cláusula democrática. Ello indica que el gobierno cubano no está dispuesto a una apertura inmediata a cambio de una mejor inserción regional sino que no desea ese tipo de inserción. Por tanto desea otra.
Y ésta sólo puede ser la que lidera Venezuela (Chávez ha sido investido por Fidel Castro, quizás algo menos que retóricamente, con ciertas responsabilidades en el destino de la isla). En relación a la OEA, esa organización alternativa se consolidaría quizás en el ámbito del UNASUR o del Grupo de Río. Si este fuera el caso, la apertura norteamericana sin una respuesta democrática cubana representaría un revés para su patrocinador estadounidense.
Entre estos extremos –los de la distensión y los del endurecimiento- es posible considerar otros escenarios cincelados por el cambio de la política norteamericana hacia Cuba. Para asegurarse de que primen los escenarios de flexibilidad y de absorción de la isla por el sistema interamericano, es imprescindible que cualquier paso adicional sea acompañado por una muestra de apertura en ella. Lo contrario no sólo representaría otro fracaso para Estados Unidos sino que premiaría con una relación especial a un régimen totalitario devaluando, de paso, los esfuerzos de apertura realizados por la mayoría de los Estados en el área. Si ello ocurre en un marco de crisis que estimula tendencias aislacionistas y beligerantes, una política de incondicional flexibilidad norteamericana hacia Cuba podría tener efectos sistémicos contraproducentes en el continente americano.
