30 de mayo de 2005
Aunque no haya llegado de sorpresa y no haya puesto en cuestión el status comunitario preexistente, el rechazo de los ciudadanos franceses a la Constitución europea ha desatado una crisis mayor en Francia y en el Viejo Continente. Ésta, sin embargo, tiene menor dimensión “histórica” que lo que se piensa.
En efecto, si estamos frente a un rechazo ciudadano a una propuesta del mayor esquema de integración del mundo, no es éste el primer fracaso europeo en la materia. Allí están, los referendums danés e irlandés que denegaron, momentáneamente, vigencia a los tratados de Maastricht. Y también el rechazo al original sistema de defensa regional propuesto por Francia a principio de los 50 y el bloqueo gaulista a la ampliación europea que incluía al Reino Unido. Sin embargo, la “idea de Europa” siguió calando.
De otro lado, a pesar de que la crisis implicará el cambio del gobierno francés –el del Primer Ministro- y que tendrá efectos multiplicadores en otras consultas ciudadanas, ninguno de los acuerdos fundamentales que organizan la Unión Europea está, aún, en peligro. Por lo demás, los europeos estaban sobre aviso desde que una escasa mayoría española en referendum de poca concurrencia (42%) aprobó la Constitución hace un par de meses. Era bastante previsible entonces que las divisiones evidenciadas se incrementarían al amparo de serios problemas económicos (escaso crecimiento -1.5%- y mucho desempleo –más de 10% en países grandes-) y sociales (las complejidades de la inmigración y de mayor reforma estructural).
A pesar de ello la crisis ha generado incertidudumbre general (los mercados interpretan que el rechazo revela falta de voluntad política que se reflejaría luego en indisposición a tomar serias decisiones económicas), una nueva división entre europeos continentalistas (Francia, Alemania, España) y atlanticistas (la “Nueva Europa” que no le teme a Estados Unidos) y hasta reinterpretaciones de la historia (el “fin de la postguerra fría” y la “caducidad de Europa como potencia”, nada menos).
Ello se debe, en proporción que no puede ser ocultada, a la imprudencia de los burócratas de Bruselas y del liderazgo político que, sin atender el desencanto ciudadano, decidieron suplantar con denominación extravagante (la de “Constitución”europea) el requerimiento de organizar, en un solo texto, el conjunto de la normativa comunitaria a la luz del proceso de expansión. Lo que no era otra cosa que un tratado internacional de reorganización institucional se debatió como una carta fundadora de un nuevo orden político interno. De allí a la argumentación errada –pero expandida- de que se estaba procediendo a suplantar los Estados y las constituciones nacionales por una burocracia transnacional con capacidades de decisión mayores a las conocidas, hubo poco trecho.
Esa desconfianza expresada electoralmente ha entorpecido la vigencia de exigencias tan razonables como la de doble mayoría (de países y de poblaciones) para la toma de decisiones, el ordenamiento normativo comunitario por jerarquía y competencias jurídicas, el desarrollo cohesivo de las política exterior y de seguridad común o el recorte del mecanismo Ejecutivo (la Comisión). Y de paso, Bruselas ha perdido legitimidad.
La complicación, siendo grave, no implica frustración sin embargo: Europa como centro occidental seguirá siendo un núcleo liberal organizado sobre un mercado común, una unión monetaria, una dimensión social y una coordinación política que progresa aún con saludable conciencia nacional. El riesgo: ésta será explotada por fuerzas fragmentadoras.
Dentro de estas circunstancias esperamos que el incremento de las relaciones con América Latina no se frustren.
