El derecho de huelga y de movilización política son manifestaciones democráticas reconocidas y protegidas local y universalmente. El ejercicio de una y otra, sin embargo, no puede entenderse como equivalentes en tanto el reclamo laboral no es un instrumento político que pueda cuestionar la autoridad de un gobierno democráticamente electo.
Por lo demás, así como una huelga no se orienta a destruir el centro de trabajo, tampoco puede orientarse a arriesgar explícitamente la estabilidad macroeconómica que tanto ha costado obtener a todos los ciudadanos. Y si el derecho de huelga es ejercido de acuerdo a ley, menos aún puede tener como objetivo el cambio de la autoridad gubernamental o de la política general aplicada de acuerdo al mandato de las urnas. El objetivo de una huelga es el reclamo de demandas laborales razonables, no de utopías políticas en un contexto regional caracterizado por muy débiles fundamentos de gobernabilidad.
Si una huelga se autodefine como principalmente política, entonces ésta corresponde al ámbito de una campaña electoral. Y la participación militante en ese proceso en sociedades con vocación democrática se realiza mediante la propuesta de agendas con las que el electorado concordará o no. Si una política económica funcional al sistema (o a la mal llamada "globalización") no genera crecimiento suficiente en un contexto internacional favorable, puede ser equivocada o ineficaz. Es más si, en países pobres, esa política no logra ni capitalización ni distribución suficientes, puede ser irracional. Y si, además, concentra la riqueza y no alivia la pobreza en concordancia con los patrones de acumulación externos, pues su conveniencia nacional debe ser revisada.
Pero ese proceso debe llevarse a cabo cuidando los equilibrios logrados, el incipiente desarrollo de mercados alcanzado y los niveles de inserción externa comprometidos. Si lo importante es el empleo y los salarios, lo razonable en este capítulo es plantear soluciones a los bajos niveles de inversión teniendo en cuenta la continua caída de la inversión extranjera en América Latina que hoy no supera los US$ 50 mil millones cuando en 1999 el flujo duplicaba en exceso esa cifra. Lo sensato aquí es indagar por qué el crecimiento de las exportaciones no va acompañado de un adecuado incremento del flujo de capitales.
Y en el ámbito interno, lo razonable es plantear soluciones al problema que genera la amplia brecha existente entre el ahorro nacional y el escaso crédito privado aún cuando el nivel de ahorro es bajo. Esto es todavía más importante cuando la fuerte limitación a la inversión pública es correspondiente a un escaso (y concentrado) nivel de recaudación que no llega al 14%. Desde el punto de vista de los gremios laborales, los planteamientos de solución a estas interrogantes es lo responsable en una campaña electoral.
Pero si no se está en ese proceso, los gremios deben solicitar políticas sectoriales que respondan a sus reivindicaciones específicas. Plantear, en cambio, la sustitución del "modelo" a través de la presión, no ayuda a mejorar el estándar de vida de nadie (ni el de los más privilegiados que exportarán su dinero en caso de convulsión) mientras que tiende a desembalsar fuerzas que más bien puede contraerlo (y hasta a generar niveles de desorden que debiéramos evitar, a la luz del ejemplo de nuestros vecinos).
De allí que sea aún más cuestionable la disposición a proponer un cambio de gobierno. Este objetivo tiene poco que ver con la reivindicación gremial y demasiada vinculación con motivaciones antidemocráticas. Si nuestro sistema político está lejos de las expectativas que se pusieron en él luego de la expulsión del régimen autoritario, éste tiene ciertas reglas básicas que no pueden incumplirse sin arriesgar su fundamento. Entre ellas está el respeto de los plazos que los electores decidieron conceder a los candidatos de su preferencia. Si el actual gobierno fue limpiamente electo, debe culminar su mandato el 2006 sin que la dinámica de una huelga laboral empuje una manifestación política con propósitos distintos.
