19 de setiembre de 2005
El escándalo de corrupción que afecta al gobierno brasileño desde mayo pasado ha derivado en la mayor crisis política desde que Fernando Collor de Melho fue destituido de la presidencia en 1992. La intensidad y extensión de la crisis ha calado tan hondo que de desbrozar escenarios sobre la continuidad del gobierno del presidente Luis Inazio Lula da Silva ésta plantea hoy, como reflejo de la desmoralización, cinismo o simple desorientación de los ciudadanos, si la corrupción es inherente o no al sistema de gobierno brasileño.
Desde que una importante revista publicara documentos sobre el financiamiento ilegal de autoridades de partidos socios del gobierno y una de ellas destapara la amplitud de esa práctica complicando al l PT y al Jefe de Gabinete del Presidente Lula, el escándalo quiso circunscribirse a las agrupaciones políticas brasileñas. Ciertamente el PT, ya debilitado por divisiones en torno a la ortoxia económica del Presidente Lula, fue el más perjudicado. Sus militantes, que monopolizaron la campaña por la honestidad gubernamental como signo de distinción, sufrieron entonces un revés moral que se sumó al político entendido como el abandono de sus postulados económicos.
Pero el impacto no quedó allí. El extraordinario debilitamiento de los poderes Legislativo y Ejecutivo no pudo evitarse. Ello se agravó por la inclusión de algunos gobiernos locales en el remolino de corrupción que incluyó incluso el homicido. La credibilidad del Estado brasileño se puso en cuestión mientras el Presidente intentaba controlar los daños comprometiéndose públicamente con la estabilidad económica y asegurando alianzas con partidos menores (como el Partido Liberal) que le reportan soporte pero no rédito (Ayllón).
La esperanza de muchos se fijó entonces en la buena perfomance y manejo de la economía del ministro Palocci. El fenómeno latinoamericano de separación entre la política y la economía deseaba encontrar en Brasil su más sólida confirmación. Hasta que, hace un mes, el escándalo llegó también al Ministerio de Hacienda. La venta de bonos brasileños se disparó entonces bordeando un pánico financiero. El Ministro Palocci se mantuvo en el gabinete pero no muchos encontraron sosiego en su afirmación de que nadie es imprescindible en el manejo de la economía. En efecto, The Economist estima que la misma política económica conducida por alguien de menor convicción en ella no ayudaría a sostener resultados hasta ahora alcanzados: un crecimiento de 4.9% el 2004 (3% el 2005), caida sostenida de la inflación, superávit comercial (US$ 40 mil millones) e incremento del crédito con una complicación: la reducción de la inversión especialmente en el sector construcción (The Economist).
Estos problemas de credibilidad gubernamental no se limitan, en consecuencia, a la incertidumbre sobre el destino del presidente Lula ni a los resultados de las elecciones presidenciales del 2006. De momento ellos afectan también la capacidad de proyección y de compromiso de la política exterior brasileña. Así, aunque no fuera por estas razones, el Presidente Toledo no ha confirmado en su discurso ante la 60 Asamblea General de la ONU ya no el comprometido apoyo a la candidatura del Brasil a un sitio entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino tampoco a la necesidad de reformar ese estamento principal de la organización global. El Presidente sólo se refirió a la necesidad de minimizar el ejercicio del derecho a veto. Aunque esa omisión puede tener otras razones, es sintómático que se haya producido tan elocuentemente en esta coyuntura a pesar de que Brasil es el interlocutor privilegiado para la inserción suramericana de la política exterior peruana.
Más aún, el escándalo político ha generado un nuevo escenario para los comicios presidenciales brasileños en los que los partidos mayores -el PSDB del ex -presidente Cardoso y el PMDB- podrían obtener beneficios siempre que el grueso del PT y otros socios no generen una opción radical de izquierda estimulados emocionalmente por la gran frustración de expectativas en ese sector político. Por lo demás, si el PT es la principal referencia de la izquierda suramericana y ésta se corre a un extremo, ello incrementrará las posibilidades de movimientos radicales en los vecinos: el chavismo en Venezuela que podrá sostenerse en el poder o el MAS de Evo Morales que ahora lidera las encuestas bolivianas para las elecciones de fin de año.
Es más, si los movimiento liberales o de centro derecha brasileños no capturan el desencanto generado por el PT brasileño, los movimiento de izquierda lo harán con una innovación: una vez perdida la referencia ética, no pocos acudirán a las viejas fuentes ideológicas para recuperar la consistencia perdida. El resultado podría representar para la región, como a principios de los 90 en el Perú, la reedición de la polarización política en nuestros países. Especialmente cuando los niveles de pobreza y de inequidad no parecen ceder a pesar de una muy buena perfomance económica regional cuya desaceleración podría incrementarse.
He allí una de las posibles consecuencias de una cultura política que, como la brasileña, decidió no renovarse a pesar del acceso al poder de uno de los más numeroso partidos populares suramericanos. En efecto, hoy poderosos actores emergentes e irredentos podrían no aceptar las realidades del mercado con la misma capacidad o disposición de adaptación que sus referencias partidarias más representativas.
