La defensa nacional no ha tenido prioridad en la aprobación del presupuesto de la República. En un contexto de estabilidad, esa postergación podría considerarse como un mal menor si nuestra capacidad militar fuera suficiente. Pero, teniendo en cuenta que el contexto subregional es volátil y que la erosión del potencial de la fuerza armada está llegando a extremos, la desatención fiscal de nuestros requerimientos básicos de defensa debe concitar la preocupación de todos.
Para justificar la indisposición legislativa a proporcionar los recursos necesarios a este sector vital del Estado no basta el reconocimiento de la ausencia de amenazas convencionales manifiestas ni los requerimientos sociales de una ciudadanía cuya precariedad económica se expresa en la pobreza de las mayorías. Si el interés nacional se define elementalmente por la interacción de seguridad, bienestar y desarrollo, es claro que la solución del problema de la pobreza no puede darse en un marco de inseguridad (que es el riesgo que la racionalidad del presupuesto incrementa). De otro lado, reducir la defensa a la ausencia de enemigos tradicionales externos es desconocer no sólo la dimensión estratégica del problema sino las condiciones básicas de la seguridad nacional.
En efecto, la defensa no consiste sólo en la protección del territorio sino en atender los intereses estratégicos del Estado. Entre ellos se encuentra la preservación del equilibrio subregional, la promoción de la cooperación con quienes tenemos intereses complementarios en la materia y el resguardo de una autonomía elemental para responder a desafíos que ahora pueden ser imprevisibles. Si la asimetría entre Estados forma parte del escenario cotidiano de las relaciones internacionales, el incremento del desequilibrio que esa realidad presenta tiende a crear o mantener tensiones aún en escenarios donde se intenta generar confianza. Esa propensión se magnifica cuando la asimetría deviene, por disposición ajena o por omisión propia, en predominio de una potencia sobre otra especialmente cuando ambas tienen un potencial equivalente. En este caso, la incapacidad material de una de las partes inhibe fuertemente el esfuerzo diplomático por mejorar la relación en escenarios históricamente complejos como el Pacífico sur suramericano.
Como consecuencia de ello, la cooperación derivada de la asimetría puede llegar a un punto que cancele la tolerancia de beneficios desiguales que tienden a ser aceptados cuando la diferencia de poder entre las partes es considerada como manejable por ambas. La situación empeora si la parte más débil se ve impedida de satisfacer intereses estratégicos como, por ejemplo, los derivables de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz (con las que el Perú acaba de comprometerse nuevamente).
Por lo demás, la incapacidad de una fuerza armada en la defensa el territorio debe verse también en la perspectiva de la insuficiencia nacional en la tarea de su ocupación. Especialmente cuando lo que rige es la desocupación territorial y ésta invita a su aprovechamiento por agentes del narcotráfico y del terrorismo. En un contexto internacional regido hegemónicamente por la doctrina de ataques preventivos, la incapacidad para defender el territorio incrementa el riesgo de no cumplir con la tarea fundamental de resguardarlo (que es además, condición de vida constitucionalmente mandada). Si estas consideraciones no fueran suficientes para corregir la escasa prioridad otorgada a la defensa, es necesario recordar que la definición de seguridad hemisféricamente aceptada -la seguridad multidimensional- empieza reconociendo la vigencia de amenazas convencionales que reclaman el compromiso de la defensa convencional. Ningún régimen de seguridad colectiva va a soslayar esta realidad. Es hora, por tanto, que Ejecutivo y Legislativo revisen sus criterios en la materia.
