Un Estado peruano inmovilizado y débil confronta en el sur un doble y contradictorio desafío. En Bolivia la intensidad conflictiva, que en otros tiempos habría degenerado en guerra civil, puede a ser desbordante e interactiva Y en Chile, el extravío de la autoridad y de las instituciones acosadas por expectativas de masas sin control, son también un tipo de protesta global cuya dimensión anárquica es fácilmente trasmisible.
Aunque los casos son claramente distinguibles, ambos generan inestabilidad subregional contradictoria: en Bolivia se paga el precio del intento de rescatar la democracia y en Chile el requerido para que la institucionalidad democrática sobreviva a la insurrección. Ese precio es también el de la pérdida de autoridad estatal en el área y el de la esperanza de que la gobernabilidad pueda ser liberada de la dictadura en Bolivia y de la urdida ilegitimidad chilena.
Teniendo en cuenta nuestra escasa capacidad de influencia y el respeto al principio relativo de la no injerencia no es mucho lo que el Perú puede hacer que no sea adoptar medidas internas de prevención.
Pero, al tanto de nuestro entusiasmo por la diplomacia declarativa, hoy parapetada en la OEA, bien podría la Cancillería haber llamado hace tiempo la atención sobre las sistémicas irregularidades electorales en Bolivia y los abusos dictatoriales de Morales. Y también prestado apoyo explícito al Estado de derecho en Chile en lugar de dolerse por el sacrifico de las próximas cumbre de la APEC y de la COP 25. La incapacidad para tomar acciones parecidas dice mucho sobre nuestros empobrecidos usos y costumbres diplomáticos.
Especialmente cuando el riesgo de optar por esas iniciativas se minimiza frente a la claridad del escenario. Primero, en Bolivia hay una evidente autocracia racista que ha vulnerado la Constitución (que permite sólo una reelección), la propia ley del autócrata (que buscó, vía referéndum, la postulación ilegal y perdió) y que ahora se empeña en un fraude cibernético al uso venezolano. ¿No pudo el Perú pronunciarse sobre alguna de estas instancias?.
Segundo, sin importar qué índice corporativo se observe es claro que en todos ellos Chile ha progresado sustancialmente desde que retornó la democracia y que tiene el reconocimiento internacional al respecto. Sus padecimientos (escasa felicidad, desigualdad, falta de igualdad de oportunidades) y sus vicios (corrupción p.e.,) pueden hoy desteñir su rol de baluarte pero éstos no superan a la mediana latinoamericana.
Si la redistribución económica y la institucionalidad socialmente arraigada tienen que mejorar en Chile, sus posibilidades de procesamiento de la problemática son, quizás, superiores a la nuestra. Más allá de nuestras diferencias, su mayor erosión causaría daño en la región.
En todo caso son sus ciudadanos los que tiene que promover esa mejora y no anarquistas y pirómanos que se entrelazan en las redes en donde encuentran mecanismos de coordinación destructiva que deben ser atajados. ¿No puede el Perú tomar posición explícita al respecto?.
