Un cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias, una población harta y el tránsito de la pérdida de credibilidad hacia acusaciones de corrupción obligan a cualquier líder político a un cambio de timón. El presidente Toledo lo ha hecho este 28 de julio más en lo político que en lo económico en un mensaje a la Nación adecuado a las circunstancias pero sin llegar a una ruptura con la política general del gobierno inaugurado el 2001.
En efecto, producto de las circunstancias y no de un nuevo programa de gobierno ha sido la iniciativa más espectacular y mejor recibida por la población: el compromiso presidencial de levantar el secreto de sus cuentas bancarias y la sugerencia de que las más altas autoridades en todos los niveles sigan el ejemplo.
La garantía de que lo ofrecido será cumplido proviene aquí tanto de la oportunidad solemne del anuncio como de la variedad de instituciones públicas y de mercado encargadas por el Jefe de Estado para investigar lo que sea necesario. Por lo menos en este acápite, la lucha contra la corrupción va tan en serio que de no realizarla con eficacia el Presidente podría, esta vez sí, ser obligado a dejar el cargo. Si esta alternativa radical acarrea consecuencias tan graves, también es una seña de que, cumplida aquélla, el cargo de la Presidencia de la República será adecuadamente transferido el 28 de julio del 2006. El país ha ganado, por tanto en estabilidad y el Presidente debiera haber iniciado el proceso de recuperación de su credibilidad con una innovación antes que con un cambio de programa.
La segunda medida -la aceptación por el Ejecutivo de coordinar con el Legislativo y con otras instituciones autónomas cuando "sea necesario"- ciertamente es un cambio político resultado de la alteración de la correlación de fuerzas parlamentarias en contra del Ejecutivo. La disposición de las dos primeras instancias a llevarlo a cabo anuncia la voluntad compartida de mejorar los términos de gobernabilidad del país en momentos difíciles. La primera consecuencia debería ser, al respecto, la de que la oposición no paralizará las iniciativas del Ejecutivo (como ocurrió en el primer gobierno de Belaunde) y que la nueva presidencia del Legislativo se esmerará en arbitrar las pugnas internas entre las diferentes fuerzas que componen un Parlamento fuertemente fraccionado.
Más allá de esto, el Presidente no ha avanzado políticamente: la reforma constitucional forma parte de la vieja agenda mientras que la atribución de poderes constituyentes al próximo Parlamento no depende de la voluntad exclusiva del Ejecutivo. A ello debe agregarse que el presidente Toledo se ha reservado un fuerte instrumento de negociación -la mantención intacta del gabinete- y ha consolidado un carril del que no desea desviar -la perseverancia en la política económica-. Ello revela que el Presidente considera que aún tiene margen de maniobra y que ésta tiene una fuente de poder. En nuestra opinión dicha fuente proviene mucho menos de los poderes fácticos internos que del apoyo internacional obtenido en la OEA (que hace unos meses se pronunció a favor del gobierno) y de ciertas potencias cuyo respaldo explícito el Presidente ha cultivado en sus viajes al exterior.
De otro lado, si uno de los frentes de ataque de la oposición era el cuestionamiento de la política económica, ésta se muestra firme y resistente más allá de la arraigada inequidad que conlleva. Las cifras mostradas en términos de crecimiento constante, exportaciones incrementales, aumento de las reservas, baja inflación y disposición a persistir en la inserción externa (especialmente con el TLC con Estados Unidos) y en el proceso de concesiones (especialmente de carreteras) es el parapeto perfecto para no modificar nada en tanto es lo que todo agente económico liberal desea escuchar. La posición gubernamental acá es fuerte mientras los críticos intentarán ser calmados con una mayor aplicación descentralista (mayores transferencias, redistribución tributaria, inversión pública en infraestructura).
Por lo demás, probablemente el gobierno espera que la aceleración del proceso de agregación de regiones concentre mejor la atención departamental mitigando los reclamos por el déficit en la generación de empleo y que la mayor eficiencia en la gestión en los programas de asistencia social contribuya a estos efectos. Pero quizás sea el énfasis mostrado en la importancia de la inversión pública lo que apuntale mejor este acápite a pesar de que sus fuentes generadoras -el alivio burocrático y lo que pueda obtenerse por reperfilamiento de la deuda externa y la redefinición eventual del gasto corriente- no son, sin embargo, activos que estén ahora al alcance de la mano.
Y aunque en materia de seguridad no es mucho lo que el Presidente ha anunciado y en política exterior (la delimitación marítima) sea hoy metodológicamente cuestionable, lo cierto es que el discurso presidencial ha sido equilibrado, oportuno y relativamente bien sintonizado. Ahora toca al gobierno cumplir con lo ofertado... y a la oposición actuar con responsabilidad hasta que llegue su turno de gobernar.
