15 de junio de 2005
Aunque las crisis siempre plantean nuevos escenarios, no siempre las oportunidades emergentes tienen ventajas expresadas en ganancias compartidas. En este caso, la crisis boliviana catalizada por la extrema politización del debate sobtre la explotación del gas natural en ese país, ha abierto la posibilidad de apurar la integración energética en Suramérica. En efecto, el impulso político y económico de la reciente propuesta de los ministros de Economía y Energía de casi todos los países del Cono Sur para adquirir gas peruano con el propósito de suplir el déficit de hidrocarburos en el área, cubrir la alta incertidumbre sobre su oferta y perfeccionar un “anillo energético” en la Suramérica meridional, ha generado una extraordinaria oportunidad de cimentar la escasa integración subregional con fundamentos de integración física de mediano plazo.
Y lo ha hecho con un potencial de beneficio añadido: el uso compartido de un recurso estratégico –el gas- con ganancias de mercado para todos y potenciando el interés nacional en tanto se transforma una fuente de fricción en una de interdependencia constructiva. Sobre esa base, las aún modestas transacciones generadas por la convergencia comercial suramericana podrán incrementarse en el marco de una verdadera integración “desde abajo hacia arriba”.
Sin ninguna exageración, éste es es un escenario equiparable con aquel que permitió que la Comunidad Europea creada en 1957 fructificara sobre la base del uso compartido de otros recursos estratégicos: el carbón y el acero que seis países europeos acordaron compartir desde 1951 a través de la CECA (la Comunidad Europea del Carbón y el Acero). Al revés de la integración andina, la europea se inició consolidando primero una infraestructura generadora de beneficios estratégicos que, traducidos en confianza, mutaron el antiguo escenario de conflicto en mercado común. Ahora, esa posibilidad se abre parcialmente para la CAN (Perú y, eventualmente, Bolivia), completamente para el MERCOSUR e inicialmente para la Comunidad Suramericana de Naciones tan apresurada e insustancialmente creada.
En el proceso, la cooperación en el Pacífico suramericano (Perú y Chile) podrá incrementarse reduciendo la fricción entre las partes en un contexto anclado en el incremento de la cooperación con los integrantes de las cuencas amazónica (Brasil) y del Plata (Argentina y Uruguay) al tiempo que se satisfacen intereses nacionales básicos: Perú adquiriría un mercado cercano con demanda segura y de fácil acceso y potenciaría el desarrollo de la macroregión sur mientras los socios del Cono Sur resuelven problemas entre ellos e incrementan sus requerimientos de fuentes alternas y próximas.
En relación a este último punto debe recordarse que la integración energética entre Chile y Argentina ha decaido tanto como el recorte de la oferta de gas argentino (ésta sólo cumple con el 75% de lo inicialmente comprometido). Simultáneamente Argentina ha devenido en deficitaria respecto de su propio mercado en tanto la reservas existentes decrecen por falta de inversión (en buena cuenta desincentivada por la fijación de tarifas). A ello han contribuido dos factores sustanciales: de un lado, la escasez relativa de la actual oferta boliviana multiplicada por la extraordinaria incertidumbre generada por la crisis interna y la inestabilidad jurídica que rodea el sector energético del vecino; del otro, la crisis argentina del 2001 que derrumbó las importaciones de gas boliviano. Un tercer factor contribuyente es el incremento de la enorme demanda brasileña que la actual situación de Bolivia impide cubrir. De allí que las reservas peruanas se conviertan en una alternativa de especial atractivo.
Pero éstas no están exentas de problemas. Las reservas peruanas no sólo son hoy insuficientes para cubrir la demanda conosureña (ésta representa el doble de lo incialmente comprometido con México), sino que deben administrarse para cubrir también el mercado interno potencial (lo que reclama que los precios bajen), generar valor (para impedir que que el gas se convierta sólo en otra industria extractiva cuya caducidad puede producirse en 20 años) y resguardar los mercados ya abiertos en el Pacífico norteamericano.
A estos requerimientos se suman dos condiciones esenciales para proceder a la satisfacción de la demanda conosureña. Primero, el necesario incremento de la inversión exploratoria en el sur del Perú (hasta ahora ésta se encuentra concentrada en áres cercanas adyacentes a Camisea). Segundo, la fluidez del concurso de Bolivia cuya riqueza energética, siendo alrededor de cinco veces superior a la peruana, está siendo hoy día neutralizada por la contienda interna en ese país hermano y la irracionalidad radical de ciertos sectores emergentes.
El esquema de integración energética de la Suramérica meridional no sólo es incompleto sin Bolivia sino que éste puede resultar subvertido por la influencia de los criterios de poder que ha saturado la política exterior boliviana. De allí que sea indispensable, antes de proceder, persuadir a nuestro vecino de que, a la luz de la experiencia, el uso del gas para satisfacer reivindicaciones históricas no sólo es contraproducente para Bolivia sino para la relación plurilateral en el área. En consecuencia, es necesario cambiar el enfoque hacia uno que propicie el clima apropiado para que esos reclamos puedan ser tratados.
Lo mismo vale para el Perú: una adecuada integración energética con Chile y el Cono Sur en la que todos ganan mejorará las posibilidades de solucionar otros problemas. En cambio un desenganche apresurado contribuirá a perpetuar la desconfianza mutua.
Para apoyar el primer enfoque (que sigue el camino de la renovada cooperación peruano-ecuatoriana en el área) está, además, el esquema IIRSA al que contribuirá el financiamiento del BID.
El Perú debe explorar la alternativa que se abre con la mejor disposición posible calibrando bien el interés nacional en juego en función de ganancias mutuas antes que de suma 0.
