Aunque el proceso de recuperación soberana será extenso y complejo, el gobierno provisional iraquí aprobado y reconocido por la ONU ha asumido funciones con el apoyo unánime de los miembros del Consejo de Seguridad dando término formal al período de ocupación. Por razones de seguridad y de afirmación de autoridad ello ha ocurrido, a solicitud del gobierno emergente, dos días antes de la fecha señalada por la Resolución 1546. En medio del conflicto, las perspectivas de un estado democrático que contribuya a brindar estabilidad al área y proyectar una disposición reformista en el Medio Oriente se inauguran apenas pasado un año desde que una tiranía desafiante fuera derrotada mediante el uso de la fuerza implícitamente aludida en la Resolución 1441.
El hecho de que las armas a que hace referencia esa Resolución no hayan sido encontradas aún y de que no se haya establecido un vínculo institucional entre el gobierno de Hussein y Al Qaeda ciertamente ha oscurecido el casus belli. La consecuencia de ello ha sido la conclusión de que Irak no representaba una amenaza real como se arguyó, la fuerte pérdida de credibilidad de las más altas autoridades de Estados Unidos y el rechazo al unilateralismo con que se procedió en tanto éste fue entendido más como caprichoso que como necesario. Ciertamente hay sustento en estas afirmaciones. Pero si los cargos fueran fundados, estaríamos en la presencia de un complot universal en el que han participado, bajo consigna norteamericana, 16 de los 26 países de la OTAN además de potencias asiáticas como Japón y Corea del Sur, entre otras.
Además de lo improbable de la hipótesis al respecto debe recordarse que, aunque Estados Unidos sea la única superpotencia, su capacidad de ejercer decisivamente el uso de la fuerza se ha probado fuertemente limitado en el escenario de la guerra asimétrica en el caso iraquí. Bajo la incertidumbre del triunfo, difícilmente se puede decir entonces que ese conjunto de potencias hayan aceptado el liderazgo norteamericano por temor antes que para satisfacer intereses nacionales y compromisos estratégicos en momentos críticos. Por lo demás, si no se ha probado una vinculación directa entre el régimen de Hussein y Al Qaeda, ello no quiere decir que ese régimen no estuviera comprometido con la práctica terrorista en el centro geográfico del terrorismo global. Y si no fuera así, lo menos que puede decirse es que el Irak de Hussein practicó el peor terrorismo posible: el terrorismo de Estado contra su propia población.
Y en cuanto a la inexistencia de las armas de destrucción masiva, debe recordarse que la carga de la prueba recaía en Hussein y éste no sólo expulsó a los inspectores de la ONU que debían ayudar a esclarecer el hecho, sino que el tirano se esmeró en chantajear a la comunidad internacional dando a entender, con el silencio, que sí las poseía. La información de la ONU asumió que las armas existían (los inspectores nunca fueron plenamente explícitos en sentido contrario) y los servicios de inteligencia de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tampoco dieron señas de su inexistencia. Por lo demás, los jefes de gobierno y cancilleres de los países miembros del Consejo de Seguridad discutieron pública y oficialmente no si Irak disponía de armas de destrucción masiva, sino sobre el proceso para dar cuenta de ellas y sobre si la resolución 1441 era suficiente para emplear el uso de la fuerza en el ámbito de la seguridad colectiva. Cuando Estados Unidos y sus aliados actuaron, el tema dejó de ser meramente diplomático para incorporarse al ámbito de la guerra.
Los alineamientos generados por ese hecho ingresaron entonces en un campo en el que la estrategia que siguió a la toma de Bagdad encontró serios obstáculos. De ella se puede decir, en términos generales, que sobredimensionó la capacidad de la fuerza comprometida (140 mil hombres) y subestimó la resistencia de los remanentes de la fuerza de Hussein, de las facciones religiosas, de la abundancia de armas ligeras en manos de la población y de las fuerzas terroristas locales y transnacionales. Las consecuencias políticas de esa situación las está pagando la administración Bush.
Mientras tanto, la necesidad de la participación de la ONU se hizo evidente para todos. Y ésta ha respondido. El Secretario General envió a un representante personal que coadyuvó a la selección de los actuales gobernantes provisionales. Mientras tanto el Consejo de Seguridad aseguró su compromiso con el proceso de reconstrucción política de Irak (que, luego de elegir a una asamblea nacional de transición y redactar un Constitución, deberá elegir a un gobierno plenamente soberano a finales del 2005), devolvió a Irak el manejo de sus recursos financieros y naturales (actividad que será supervigilada) y aceptó que el gobierno iraquí solicitara a la fuerza multinacional la continuación de sus funciones para establecer la seguridad del país, proceso que el gobierno deberá coordinar activamente. Algunas de estas facultades son ahora más nominales que reales pero se concretarán progresivamente mientras que la comprometida inversión en la reconstrucción económica deberá ser atendida conforme se establezca el marco de seguridad.
Aunque el esfuerzo pendiente es inmenso y los desafíos seguirán siendo sangrientos, el traspaso del poder a un gobierno iraquí tiene gran dimensión estabilizadora. Esa medida específica y el auspicio reformista en el área debe ser apoyada por la comunidad internacional. Y en el centro de esas iniciativas debe estar el reinicio de la negociación palestino-israelí. De no ser así, el Medio Oriente seguirá siendo un centro de desestabilización global que no puede seguir siendo tolerado.
