24 de junio de 2005
Mediante la negociación de la ordenanza que pretende liberar el cultivo de coca en un valle del Cuzco el gobierno regional de ese departamento acaba de disputarle al Estado capacidades esenciales para el ejercicio de la soberanía interna.
No otra cosa supone la disposición regional de sustraer de la jurisidicción nacional la capacidad de establecimiento del orden interno y de vinculación con el derecho internacional en una materia que como, el cultivo de coca, involucra el desarrrollo y la seguridad del Estado. Y como si ello no constituyera de por sí un inadmisible incremento de la vulnerabilidad nacional, la disposición sublevante ha sido instrumentada por un representante de un partido oficialista –el señor Cuaresma- de la mano de organizaciones cocaleras cuyo vínculo con el narcotráfico es un hecho ya incuestionable.
El hecho de que el gobierno haya minimizado el desconocimiento de su propia autoridad asegurando que la legalidad de la ordenanza cuzqueña se aclarará en un reglamento, sólo incrementa la gravedad de una sublevación cuyas excentricidades –la “expulsión” de Devida y la “declaración” del Primer Ministro como persona non grata- reflejan su peligrosísima irracionalidad.
El gobierno sencillamente no puede ser cómplice de semejante hecho delictivo si no desea ilegitimarse interna e internacionalmente. Su respuesta, en consecuencia, no puede ser otra que la aplicación de la ley nacional en el Cuzco y, si fuera necesario, la del ejercio de la coacción que está en capacidad de ejercer para cumplir con su primera obligación: el adecuado resguardo de la seguridad y unidad nacionales.
El precio de no hacerlo es conceder al narcotráfico las facilidades que en la década de los 80 se otorgaron al terrorismo. Y, como nos consta, de ese camino no se sale sino al costo de una terrible tragedia. Ese precio no se volverá a pagar en nuestro país. Y menos en un contexto en el que el tránsito de la ingobernabilidad a la inviabilidad lleva a las inmediaciones de la fragmentación del territorio y de la ciudadanía a caballo de las organizaciones cocaleras, entre otras, como dicta la experiencia de un país vecino.
Estas organizaciones quisieran eliminar en el Perú el límite entre lo ilegal y lo ilegal establecido por el Estado desconociendo, además, el consenso existente en torno a la lucha contra el narcotráfico en los ámbitos nacional, hemisférico y global. Ese límite ha sido trazado por el Perú y por comunidd internacional en acuerdos que van dese la Convención Única de Estupefacientes suscrita en el marco de la ONU en 1961 hasta la Convención de Viena de 1988. Estas disposiciónes obligan, bajo el principio de responsabilidad compartida, a erradicar la oferta y la demanda ilegales derivados de los estupefacientes incluidos en la lista 1 anexa al primer tratado entre la que se encuentra la coca. Ello sin perjuicio de los cultivos para uso tradicional que en el Perú no llegan a 10 mil has.
Si la explotación ilegal de ese recurso supone eventualmente delito (en el Perú hay 50 mil has), éste ha devenido en amenaza a la seguridad nacional e internacional por su oscura vinculación con el terrosimo especialmente en la subregión adina. El conjunto interamericano así lo ha reonocido mientras que los mecanismos de asociación comercial y de seguridad con las grandes potencias (el ATPDEA y el TLC con Estados Unidos, el SGP Plus con la Unión Europea) pasa por el combate de esa lacra.
Negociaciones como las estabecidas entre el Ejecutivo y el señor Cuaresma –que, además, manchan el proceso de descentralización- nos ponen peligro, nos aislan y nos deben poner en guardia. El Perú no puede rendirse frente al narcotráfico y sus representantes sin arriegar su propia sobrevivencia. El Estado tiene que reaccionar.
