La Cancillería y el Interés Nacional

15 de agosto de 2005

Hace apenas cuarto décadas, cuando el Estado tenía un significado superior al que se le otorga hoy, Raymond Aron estimaba metafóricamente que el soldado y el diplomático eran las imágenes que mejor reflejaban el interés nacional. La erosión contemporánea del Estado y la complejidad emergente de otros actores relevantes puede haber alterado la selectividad de esa metáfora pero no su esencia. En efecto, si el Estado es aún una entidad fundamental para la configuración del orden interno y la convivencia internacional, la expresión del interés nacional y la integridad de sus instituciones y agentes siguen constituyendo un requerimiento superior de supervivencia colectiva. Especialmente para organizaciones políticas que, como la nuestra, no acaban de consolidarse luego de 184 años de existencia. Ello implica que aun cuando la complejidad del contexto externo, traducido en incremento sustancial de interdependencia, determine un tipo de inserción externa crecientemente generada por intereses no estatales, el rol de la diplomacia, el de su matriz –las cancillerías- y el de su instrumento de proyección –la política exterior- continúan siendo requerimientos esenciales para la adecuada orientación de esa inserción y la satisfacción del interés público involucrada en ella. Aunque para ello las cancillerías ciertamente pueden reclamar el respaldo de la fuerza, sus medios dependen fundamentalmente de su capacidad de representación y de negociación y, por tanto de su credibilidad y prestigio. Pero si éstos son permeados sustancialmente por los usos y exigencias de la política interna, por la dimensión particular de intereses locales y los de sus esporádicos representantes, el cumplimiento de obligaciones externas como mensura de credibilidad tiende a ser reemplazado por transacciones parroquiales mientras el prestigio estatal se reduce a satisfacer la vanidad de funcionarios y de políticos más próximos a los caprichos del gobierno que a la necesidad del Estado. Y si los atributos de la diplomacia son erosionados por la dimensión perversa de estos procesos –a su vez estimulados por formulaciones oficiales que determinan que “la política exterior es una función de la interna”-el riesgo de conflicto internacional –derivado menos de la agresión que de la topeza- se incrementa. En una de sus versiones históricas más extremas, es esto lo que acaba de ocurrir en Cancillería cuando el específico interés de seguridad comprometido en la lucha contra el narcotráfico fue puesto en cuestión por el nombramiento de un Canciller que considera que la liberalización del cultivo de coca decidida por una autoridad regional, a su vez, miembro de su partido, no sólo es lícita sino que puede cuestionar a la autoridad nacional en la materia, los compromisos internacionales del Perú y la capacidad de negociación económica del Estado sin tener en cuenta, siquiera, la reciente experiencia fragmentadora de un vecino. Y por si ello fuera poco, el acceso de ese Canciller contó con venia institucional en el ámbito de una crisis de gabinete reflejando una alarmante pérdida de atención a los requisitos mínimos de legitimidad interna del nuevo titular. La pérdida de prestigio y de credibilidad que ello acarrea supera la solución que la forzada renuncia del funcionario ahora permite. En consecuencia, si quien lo sustituya deberá recuperar para la Cancillería virtudes temporalmente empeñadas, éste no puede ser sólo un funcionario de transición. La adecuada representación del interés nacional está en juego.