30 de setiembre de 2005
Cuando en 1944, en Breton Woods, el FMI y el Banco Mundial se establecieron como ejes institucionales de la arquitectura financiera y de desarrollo mundiales, el Fondo debía contribuir a garantizar la estabilidad monetaria y la cooperación económica internacionales, revertir desequilibrios fundamentales de balanzas de pagos y asitir en la corrección de los no fundamentales. En 1971 el sistema se quebró cuando Estados Unidos decretó la inconvertibilidad del dólar en relación al oro que, hasta entonces, había servido de ancla a la paridad fija de los tipos de cambio. Luego de esta revolución del sistema financiero, que derivó en cooperación ad hoc y flotación cambiaria, el rol del FMI debió adecuarse a las nuevas circunstancias al tiempo que mantenía la obligación de contribuir a la estabilidad monetaria internacional. La obligación se hizo cada vez más difícil de cumplir frente al surgimiento creciente de regímenes subsidiarios de alcance regional. No obstante ello, el FMI volvió a ser soprendido por la desordenada desregulación del mercado de capitales patrocinada por el gobierno norteamericano en la década de lo 80. La consecuente “integración financiera” abarcó a las principales economías pero también a nuevos actores –públicos, pero especialmente privados- complicando aún más la tarea institucional en el marco de lo que entonces comenzó a denominarse “globalización”. Por lo demás, cuando a la crisis mexicana de mediados de los 90 siguió la crisis asiática, la rusa y la brasileña, la importancia financiera de las ahora denominadas “economías emergentes” se hizo patente en un sistema sin regulador que, sin embargo, debía continuar patrocinando, junto con el Banco Mundial, las reformas estructurales liberales en los países en desarrollo al tiempo de asistitrlos a subsanar sus problemas de pagos. Pero cuando a esos desequilibrios se sumaron extraordinariamente, y de manera no temporal, los países desarrollados –Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y Japón- cuyos déficits y superávits devinieron en estructurales con la ayuda de nuevas “economías emergentes” como China, el rol del FMI se hizo aún más inasible. La complejidad del mismo fue casi proporcional a su pérdida de eficacia y, consecuentemente, de legitimidad. Este es el problema que el FMI, tutor imperativo de la disciplina fiscal en los países pequeños, debe resolver hoy. Para hacerlo acaba de definir un nuevo principio ordenador: contribuir a la adaptación de sus miembros a los términos de la globalización definida como la fuerza fundamental de la economía mundial. El FMI, en consecuencia, no pretende gobernar esa fuerza ni corregir sus embates sino ayudar a que sus miembros aprovechen mejor sus oportunidades. Aunque la incontinencia del fenómeno financiero global sea evidente y esencialmente desequilibrante, el FMI insiste en que el suyo, para no caer en un error de enfoque, debe ser una función de las nuevas tendencias y no al revés. Así asume que la inclinación de los miembros del sistema (p.e. el G7 y el G15) que intentan infructuosamente establecer un modus operandi debería canalizarse en su seno aunque no proponga nada al respecto. En lugar de ello prefiere trabajar “hacia adentro” para redifinir su legitimidad distibuyendo mejor las cuotas en el marco de una falta de consenso sobre su incremento al tiempo de aumentar la “voz” de lo que no participan, o lo hacen mal, en su proceso de toma de decisiones. Al hacerlo, sin embargo, el FMI reconoce que debe contribuir a resolver un pasivo adicional: la marginación de una buena de parte de los miembros del sistema que no han logrado incorporarse a la corriente central –y ni siquiera periférica- de la selectiva integración financiera contemporánea. Y al hacerlo, reconoce que la marginalidad consecuente deriva de una brecha ya conocida: la imperfecta conexión entre los mercados de capitales y comerciales que, como diría Drucker, sigue la huella de la fractura actual del vínculo entre el capital y el trabajo. La desconexión parcial de estos mercado, por lo demás, ha sido agudizada adicionalmente por una jerarquía: la “superioridad” del mercado de capitales sobre el de transacción de bienes y servicios (o lo que es lo mismo, de la economía financiera y especulativa sobre la real). En tanto un a buena cantidad de países en desarrollo se encuenta en la etapa de inserción eficiente a nuevo sistema de comercio mundial, su marginación del pseudo-sistema que rige el mercado de capitales es todavía mayor. Siendo ello de hecho, es claro que esa brecha no podrá cubrirse por la vía regimental. Sin embargo, su atenuación por la vía normativa resulta indispensable. Si los problemas de legitimidad del Fondo se derivan de estas realidades, su necesidad de corregirlas se incrementa para lograr un mínimo de orden financiero interestatal en un escenario global cuyas fuerzas pretenden autoregularse. Dada la inmensidad del “desafío global” al que intenta adaptarse en lugar de gobernar, el FMI ha establecido ciertas prioridades: concentrarse en la supervigilancia de los flujos globales y de las condiciones de los países miembros, apoyar a estos últimos para lograr una mejor inserción, fortalecer su institucionalidad y la que pueda lograr en su entorno, otorgar mayor vocería a los que hoy no tienen suficiente o carecen de ella y promover su participación en tareas institucionales. Aunque este esfuezo es loable, sigue insuficiente: mientras el FMI no logre articular un consenso para regular el sistema financiero y el mercado global de capitales -que, además de asignar recursos de abundantes ahorros, genera vulnerabilidad en los países miembros y volatilidad en los flujos y precios del mercado-, la inestabilidad seguirá siendo su reino y su tarea, la reducción de riesgos. Los países en desarrollo debría poder proponer nuevos principos ordenadores al respecto.
