3 de junio de 2005
El desorden que se apoderó de Bolivia desde octubre del 2003 ha evolucionado hacia a la anarquía, la violencia de masas, la confrontación regionalista interna y el vacío de poder. En consecuencia, los países americanos que integran los diversos regímenes de cooperación política de la región están obligados a expresar su preocupación y a brindar su colaboración a ese país hermano. Y, sin embargo, no lo han hecho sea por falta de consenso sobre sus competencias y responsabilidades (a pesar de que todos ellos han suscrito la “cláusula democrática”) sea por explícita oposición boliviana. En efecto, en vísperas de la realización de la Asamblea General de la OEA cuyo tema central será la realización de los beneficios de la democracia en el Hemisferio, los miembros del sistema interamericano parecen inhibidos mientras los responsables de la política exterior boliviana consideran que “no se ha producido ninguna alteración del orden constitucional que justifique una mediación o buenos oficios externos” para contribuir a solucionar la crisis de su país. Si el Ejecutivo boliviano no tiene capacidad de restablecer el orden, ha depuesto el monopolio del ejercio de la fuerza, ha transferido al Congreso la responsabilidad sobre una ley crucial (la ley de hidrocarburos) y, a instancias de la Alcaldía de La Paz, decide, sólo in extremis y con escaso sustento jurídico, la convocatoria de los referendos regionales que están en el centro de la crisis nacional y de la Asamblea Constituyente comprometida por otro referéndum, es evidente que el Estado de Derecho ha saltado por los aires en nuestro vecino. Y si el Congreso boliviano, a quien corresponde establecer los consensos mínimos para salvar la crisis de fragmentación nacional, no sólo no los acuerda sino que se muestra renuente a concovar las consultas vitales que son de su competencia luego de producir una ley de hidrocarburos que sólo ha agregado combustible a la crisis, es claro que la función legislativa se ha perdido en nuestro vecino. Y, en el proceso, ha terminado llevándose de encuentro su función intermediadora cuestionada por la democracia de la calle (la “participativa” o la “directa”) desde hace un año y 7 meses. A ello han contribuido los partidos políticos los que o no pueden o no desean restablecer su legitimidad procurando el básico consenso nacional o, como el MAS, usan el Parlamento como campo de maniobra de la contienda callejera que él mismo estimula. El rol de los partidos como instrumento democrático parece superado por las masas en Bolivia. Y si, a mayor abundamiento, el Ministerio Público se ha negado a denunciar la violación de la ley colocando a la fuerzas del orden en situación de impotencia, entonces la democracia ha perdido su esencial y legítima capacidad coercitiva para ordenar el comportamiento social. Finalmente, si los representantes gremiales de todos los orígenes o auto convocan consultas sobre la redefinición del orden interno que compete al Estado o impiden que éste decida sobre la oportunidad y manera con que se debe proceder en esta materia, entonces, la población se representa a sí misma y establece su propia ley. Cada una de estas acciones u omisiones constituyen una seria alteración del orden democrático. En consecuencia, el conjunto de ellas evidencia la violación masiva de ese régimen a la que sólo falta el drama del golpe de Estado o de la confrontación sangrienta para conformar la “crisis perfecta”. La realidad de que el sistema interamericano confronta hoy un lamentable caso en que las obligaciones hemisféricas de la Carta Democrática americana no pueden ser eludidas es inescapable. Su aplicación no constituye un acto de intervención en asuntos internos –situación jurídica ya resuelta por las premisas jurídicas de la propia Carta- sino un hecho de responsabilidad colectiva frente a la situación de grave necesidad en que se encuentra un Estado miembro con muy serias proyecciones de inviabilidad. Si el orden no puede ser establecido por las autoridades bolivianas, una marco externo propicio para revertir la situación parece imprescindible. Que ello no se haya intentado hasta ahora –salvo por la vacilante intención de incluir el tema como un punto en la agenda de la OEA, por la declaración de la autoridad administrativa de la CAN o por la concurrencia de representantes especiales de un par de países- no sólo resulta sorprendente sino que marca un punto de inflexión regresiva en el Hemisferio y en la conducta de los regímenes de cooperación política de la región. Por lo demás, los miembros singulares de esos regímenes no sólo tienen autoridad moral para tomar la iniciativa en procura de una solución sino interés nacional manifiesto en esa acción. Éste se deriva del extraordinario desequilibrio que produciría en el continente la agudización del vacío de poder en un país que ocupa –y que tiene- el corazón suramericano. La posibilidad de que ese vacío puede ser llenado ya no por Estados vecinos sino por agentes generadores de amenazas transnacionales es real. A ello debe agregarse el muy posible rebalse de las fuerzas de la anarquía hacia países vecinos de escasa consistencia institucional (situación que abarca al conjunto del área andina y al Paraguay y, quizás, a Argentina), la perversión de un clima favorable para la estabilidad económica y la inversión en estos países (el traslado de la inversión de la Repsol boliviana al Perú no es necesariamente un camino que seguirán las grandes empresas) y el efecto multiplicador del recurso a la violencia política estimulada por la impunidad con que ésta actúa en Bolivia. Ciudadanos y autoridades suramericanos hemos expresado esta preocupación desde octubre de 2003. Hoy ese riesgo es una peligro real y presente. Los Estados responsables del Hemisferio están, en consecuencia, en la obligación de patrocinar una solución. Y ésta ciertamente pasa por los buenos oficios del conjunto americano expresado a través de la autoridad hemisférica encargada (si la nacionalidad del Secretario General de la OEA es un inconveniente, existe un Subsecretario que pueda actuar y siempre está allí el Presidente del Consejo Permanente) o de la Asamblea General. Y si se trata de trabajar en el terreno, América Latina tiene variada experiencia en la materia: desde enviados especiales de gobiernos cercanos o la constitución de grupos de países amigos que patrocinen el advenimiento nacional hasta la representación de regímenes formales –como el Grupo de Río- han probado su eficiencia en la región. Quizás estos países deseen actuar primero en prevención de que un eventual derramamiento de sangre lleve el caso boliviano al Consejo de Seguridad de la ONU.
