9 de enero de 2006
América Latina debiera ser, como en todas partes, una región en la que las denominadas izquierdas y derechas puedan alternarse en el poder sin cambiar los principios que gobiernan los respectivos órdenes internos o su proyección externa. Así está establecido en la Carta de la OEA de 1948 y en la Carta Democrática de 2001. Lamentablemente, después 57 años, no es éste el escenario que se esboza hoy en la región. En efecto, si el proceso de la denominada “izquierdización” de América del Sur refleja un cambio en la estructura de poder regional, éste es acompañado por la tendencia a cuestionar, en los hechos, los principios rectores del orden interno y de su proyección externa. Así pasó durante la Guerra Fría y hoy, luego de una década de costososa -y contenciosa- reforma liberal, está ocurriendo en nuestras narices. Como resultado de ese fenómeno la región podría ingresar en un nuevo ciclo de atraso respecto de otros continentes y de frustración de su inserción occidental.
Quien desee acudir a las fuentes tratadistas del orden regional no tardará en constatar que la democracia representativa ha sido, con anterioridad a la contienda Este-Oeste, su base principista. En efecto, aquélla fue considerada durante el proceso de consolidación del sistema interamericano de 1947-1948 como condición indispensable para la estabilizad, la paz y el desarrollo regionales.
Sin embargo, los requerimientos propios de los alineamientos y desalineamientos de la época y su interacción con los movimientos insurrecionales locales propiciaron dictaduras de derecha y de izquierda que, al margen del princio regimental pactado, establecieron órdenes internos temporales. Todos ellos fracasaron luego de que los requerimientos de la coyuntura política –normalmente disfrazada de razón de Estado, en algunos casos, con fundamento- prevaleciera sobre los principios políticos de organización estable del orden nacional y regional. Sin duda que la injusticia económica y la marginación social, de un lado, y la extraordinaria acumulación de poder y la irresponsabilidad de quienes lo detentaron erosionaron sistemáticamente el escenario sobre el cual los principios convenidos debían establecer el orden liberal. Aunque esa sintomatología sea hoy menor, ésta no es suficiente justificación para reanudar el derrotero de fracturas autoritarias o populistas de nuestros débiles sistemas de gobierno y menos para explicar el costo en pérdida de progreso que esta tendencia impondrá a futuras generaciones. Acabada la Guerra Fría, esta conclusión parecía clara. Si había injusticia en la región ésta podía combatirse en el marco de libertades políticas que definen a Occidente. Así, en la Asamblea General de la OEA que se llevó a cabo en Santiago en 1991, los países hemisféricos empezaron el proceso de consolidación de un régimen colectivo de promoción y defensa de la democracia representiva. Ésta se reiteró como el único régimen de gobierno comunitariamente reconocido y su condición de principio rector reclamó la participación del conjunto de los miembros del sistema interamericano. Como consecuencia, la preocupación comunitaria por su adecuada aplicación dejó de ser considerada como violación del principio de no intervención. Cuando el orden democrático estuviera en riesgo, los miembros podrían reunirse en el ámbito interamericano a solicitud del gobernante que sintiera presión antidemocrática o por iniciativa del conjunto interamericano cuando la violación del orden fuera manifiesta. En ese caso, se podría aplicar medidas cuya escala iban desde la asistencia institucional hasta la suspensión de la participación del Estado violentador. Así quedó consagrado el 2001 en la Carta Democrática que todos los miembros del sistema suscribieron de manera vinculante luego de que los organismos subregionales de integración y los regionales de carácter político (p.e. el Grupo de Río) adoptaran la “claúsula democrática” como condición indispensable de pertencia a esas organizaciones. La “cláusula democrática” –aún no consagrada en la Carta Democrática- fue aplicada rigurosamente al Perú duante la década de los 90. Pero luego la debilidad de los gobiernos latinoamericanos y la ausencia de voluntad política erosionaron su vigencia salvo en los casos de requerimiento de asistencia para solucionar diferendos internos (como el venezolano). En efecto, cuando un presidente ecuatoriano fue derrocado y dos mandatarios bolivianos fueron obligados a renunciar, la inaplicación de la Carta de la OEA hizo aún menos verosímil su vigencia.
En ese contexto un gobierno como el del señor Chávez, cuyos integrantes dominan la totalidad de los poderes públicos venezolanos y posibilitan a ese Estado establecer una alianza política, económica y de seguridad con el régimen totalitario cubano, parece hoy incuestionado en la OEA, la Can y el Mercosur en tanto tiene apoyo popular. Basado en ese poder el señor Chávez ha agregado potencia a un núcleo geopolítico en el área que desea incrementar su masa crítica con nuevos socios, como en el caso boliviano liderado por el presidente electo Morales, o interviniendo abiertamente en procesos electorales como el peruano para desafiar, en su perspectiva, la hegemonía norteamericana y promover, en esa vena, un orden multipolar. De esta manera el alineamiento antinorteamericano y antioccidental (un asunto de poder) y la vigencia del orden interno regido por un principo colectivo (la democracia representativa) terminan nuevamente confontados en la región. Esta dicotomía debe resolverse a la brevedad si los latinoamericanos no deseamos seguir perdiendo oportunidades de progreso. Por ello es necesario hoy, bajo las actuales circunstancias, convocar a un debate hemisferico sobre la vigencia de la democracia representiva en la región, sobre su prevalencia frente a la necesidad de cambios económicos y sociales internos y sobre los efectos de su tergiversación ( la democracia directa) orientada a cuestionar “el sistema occidental”. Latinoamérica y el hemisferio no pueden involucionar políticamente mientras sus miembros prefieren ignorar la magnitud de un cambio retrógrado.
