20 de abril de 2022
La guerra de agresión contra Ucrania ha impactado sustancialmente a la economía global restándole 0.8% de crecimiento proyectado para este año y 0.2% para el próximo según el FMI. Ello implica una fortísima caída de la perfomance (de 6.1% en 2021 a 3.6% en 2022) y del comercio mundiales (de 10.1% a 4.4%). Mientras tanto los precios del petróleo y del resto de commodities suben 54.7% y 11.4%, respectivamente.
Si fuera posible descontar el inmenso costo humano de la guerra y la debacle económica de los beligerantes directos (el PBI ucraniano se contraería este año -35% y el ruso -8.5% incluyendo el efecto de las sanciones), el resultado es abrumador para el resto del mundo con los países desarrollados creciendo sólo 3.3% (la zona del euro apenas 2.8%) y los países emergentes y en desarrollo 3.8% (América Latina lo haría en un bajísimo 2.5%).
Es claro, entonces, que la contienda por la zona de influencia rusa, de un lado, y el derecho soberano de los Estados a elegir a los regímenes económicos y de seguridad que prefieran, del otro, en las proximidades de la puerta de Eurasia le viene cobrando un alto precio al mundo y una buena parte de su desarrollo presente y futuro a los países menores o neutrales. Ese costo de afiliación a Occidente debe tener un rédito democrático en la contienda contra el totalitarismo que debemos capitalizar (en el Perú no lo estamos haciendo).
En ese proceso, sin embargo, no estamos frente a una guerra mundial (aunque el riesgo de escalamiento pudiera llevarnos a ella) entendida como la que involucra a todas o a la mayoría de las grandes potencias del sistema (no existe una definición académica de tal guerra). Ello a pesar de que la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos participan indirectamente en ella con niveles de involucramiento cada vez más intensos.
No siendo ésta una disquisición menor, el impacto económico es tan grande que el FMI establece como necesaria primera prioridad económica el fin de la guerra. Quizás ello no sea posible a la luz de la fuerte concentración bélica rusa en la zona del Donbás y la potenciación de su despliegue. Menos aún cuando la voluntad de resistencia ucraniana se ha incrementado sustentada en un encomiable patriotismo y bravura que cuentan con el apoyo adicional de Estados Unidos (US$ 3.5 mil millones programados sin incluir la asistencia financiera “tradicional”) (NYT).
La consecuencia es una inflación mundial considerada como amenaza “real y presente” (5.7% en los desarrollados y 8.7% en los emergentes este año según el FMI). Peor aún, ésta tendería a ser persistente no sólo por la prolongación de la guerra sino por la fuerte disminución de la oferta petrolera rusa (cuyo corte súbito podría disparar los precios en 65% adicionales según el JP Morgan) y la cerealera de los beligerantes (30% de la oferta mundial de trigo). Al incremento de estos precios se añade la presión inflacionaria de las sanciones, de la pandemia, la distorsión de las cadenas de suministros y los demás costos de la contienda (FMI).
En ese contexto, la gestión del ajuste monetario (que es ordenada hasta hoy) puede trasladarse a otros riesgos como el ajuste de las condiciones financieras y del flujo de capitales con las consecuencias de fuerte malestar social y mayor ralentización económica según el Fondo. Entre esos riesgos, el FMI considera también el de una mayor fragmentación del proceso de globalización y la formación creciente de bloques económicos.
Más allá de ese pronóstico, ya hemos señalado (en contexto.org) el riesgo de que esa fragmentación gane escala y velocidad mediante el uso creciente de monedas nacionales no prevalecientes en el comercio mundial, el rol mayor de los bancos asiáticos como alternativa a la sequía del financiamiento ruso, el incremento de sistemas de pagos autónomos, la desviación de la oferta energética rusa a los mercados asiáticos (China e India) o la cooperación estrictamente regional en el desarrollo tecnológico y de transportes.
Por ello, sin erosionar nuestra filiación occidental ni la solidaridad con Ucrania en esta materia, es necesario promover que los países latinoamericanos (si las grandes diferencias entre ellos fueran salvables) contribuyan a proponer términos de fin de la guerra teniendo en cuenta que el marco democrático y de libre mercado debe prevalecer.
