El empeño del gobierno en mejorar el nivel educativo se ha orientado a mejorar el instrumental básico pero no necesariamente los contenidos. De lo primero da cuenta la disposición gubernamental para recatar la educación del secuestro sindical y para seleccionar mejor a los maestros. Lo segundo, sin embargo, parece seguir entrampado en el dogmatismo que, en el caso de su aproximación a la enseñanza de la historia, quisiera confundir hoy la noción del interés nacional con el conocimiento de los fundamentos de aquella disciplina.
El ejemplo más clamoroso al respecto es la propuesta gubernamental de incluir en los textos escolares de historia un capítulo sobre la controversia marítima peruano-chilena que la Corte Internacional de Justicia debe resolver aún. Esa propuesta es un error pedagógico y no contribuye a una comprensión madura del interés nacional.
Si la enseñanza de la historia en el nivel escolar consiste en una primera aproximación al devenir propio y ajeno, aquélla debe privilegiar la objetividad fáctica y la indagación crítica. Estos elementos son indispensables para la formación de una sólida identidad individual y nacional que otorgue al alumno un punto de vista antes que un dogma.
Si la explicación del pasado requiere hoy del alumno algo más que el predominio de la dualidad amigo-enemigo, la aproximación al futuro ciertamente necesita una visión más alejada del sectarismo propio de esa dualidad y más próxima al conocimiento elemental de las grandes tendencias del devenir. En consecuencia, el proceso de formación de la identidad nacional debe estar más vinculado a la evaluación de las posibilidades de progreso nacional sustentado en el pasado y el presente antes que a un catecismo que resume la idea de Patria en la cuestión fronteriza.
Sobre esa base, los futuros ciudadanos podrán acercarse a una noción de interés nacional más madura, abierta y enriquecedora para el país. Ello ayudará mucho más a nuestra política exterior que su sustento en una ciudadanía formada sólo en los cánones del conflicto vecinal cuya complejidad, sin embargo, no puede ser desconocida.
Por lo demás incorporar al temario escolar una controversia que aún no ha sido resuelta, cuyo conocimiento público no es pleno y que tiene una dimensión técnica cuya comprensión es más propia de la educación post-universitaria que de la escolar resulta un verdadero despropósito.
Al respecto basta recordar que hasta hace poco tiempo la controversia con Chile era materia estrictamente reservada y que su conocimiento público ha sido progresivo e inducido por la circunstancia política. Si hoy se sabe que ésta se planteó bilateralmente por primera vez en 1986 y que se perfeccionó en 1994, muchos de sus detalles siguen siendo materia reservada que quizás la Corte examinará.
Por lo demás, es necesario tener en cuenta que, por disposición fujimorista, esta materia escabulló el examen público durante las negociaciones que llevaron al acuerdo peruano-chileno de 1999. La ignorancia pública del tema pareció dispuesta por el Estado de la misma manera como cuando los Garantes del Protocolo de Río de Janeiro reclamaron una aceptación anticipada por el Congreso peruano del acuerdo de 1998 con el Ecuador.
La razón de Estado primó en esa negociación diplomática. Y la razón de Estado es muy difícil de explicar a escolares sin la tentación de atribuir al contrario la calidad de enemigo irreconciliable.
No es esto lo que el Perú desea. Chile podrá ser un adversario frente al que se toman previsiones o un socio pero lo que no debe ser es un enemigo. Si vamos a la Corte es para resolver definitivamente el problema marítimo con ese país. Por tanto el gobierno se contradice gravemente si desea dejar huella de lo contrario en los escolares peruanos.
