Más allá de que la práctica coercitiva norteamericana sea haya orientado hacia la aplicación de medidas coercitivas a individuos, para intentar comprender las muy personalizadas medidas adoptadas por la primera potencia contra apenas siete específicos represores venezolanos en contraste con la calificación que la primera potencia hace de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional” parece necesario evaluar la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana de febrero pasado.
En ella prima un enfoque cooperativo antes que sistémico, de organización normativa antes que impositivo y global/regional antes que meramente bilateral. Si tuviéramos que definirla en una palabra, la Estrategia de Seguridad norteamericana parece más idealista que realista.
Entendemos que este documento no revela en toda su dimensión los intereses nacionales norteamericanos ni los instrumentos para defenderlos. Al fin y al cabo es un mecanismo de fomento de la confianza antes que un plan estratégico como ocurre en el Perú, en comparación distante, con el Libro Blanco de la Defensa (o su prospecto).
No por ello, sin embargo, la Estrategia deja de dar una idea de la visión global/internacional de la primera potencia sobre el mundo y lo que plantea para él desde la percepción de la Casa Blanca.
Muchos creemos que las tendencias de cambio del escenario internacional se vienen manifestando de manera más conflictiva (aunque aún en una escala menor) que cooperativa (que también ocurre, como no); que, en consecuencia, la conflictividad real y potencial ha aumentado intensamente en relación a los esfuerzos de integración; que aquélla opone (aunque no plenamente) a potencias emergentes con las establecidas y a adversarios nacionales (o civilizacionales) bien reconocidos entre sí; que las construcciones normativas con propósito regulatorios son cada vez más plurilaterales y menos multilaterales y que existe una sustancial pérdida de capacidad ordenadora; que esta fenomenología se expresa en un creciente desgobierno multilateral; y que los intereses nacionales se revisten de valores en los que no pocos de los Estados que los promueven no creen o no practican. Aunque las fuerzas de integración son potentes, el progreso está definido sustantivamente hoy por estas variables de fricción.
Sin embargo, el lenguaje del gobierno norteamericano elude una referencia más directa al cambio del sistema internacional; obvia una más preocupada atención a la problemática del conflicto y a la renovación de tendencias anárquicas (de allí que la importancia de aliados y socios sea continuamente resaltada); no identifica adversarios (con la excepción del terrorismo islámico –el ISIS, específicamente- y de Rusia que es obviamente aludida pero no como un adversario con el que no se pueda cooperar); prioriza fuertemente las amenazas globales (no proliferación, calentamiento global) sobre las internacionales e insiste en un enfoque que privilegia valores universales cuando un número creciente de sus miembros se resiste crecientemente a aceptar que estos valores tienen cobertura universal.
Sin pretender adjudicarnos una capacidad de diagnóstico incontestable (que, además, no desarrollaremos en esta nota resumida), si se aceptase que existe algún importante grado de contradicción entre los presupuestos de la Estrategia norteamericana y lo que el escenario internacional revela, es posible comprender que la brecha entre lo que Estados Unidos dice y hace (o puede hacer) no sea corta.
Tal situación lleva a ambigüedades como la que observamos en el caso venezolano: una definición superlativa de la amenaza y una respuesta minimalista a la manifestación de la misma. Salvo que esa medida sea apenas una advertencia o ratifique una nueva versión de ejercicio diplomático, este juego es peligroso porque otorga a Venezuela (el afectado por las sanciones a nivel individual) una capacidad que no tiene y permite, en consecuencia, que ésta actúe como si la tuviera o como si esa capacidad se le hubiera sido efectivamente reconocida.
Lamentablemente, esto es lo que viene ocurriendo con el llamado del dictador Maduro a las armas para defender al país de la amenaza imperial. A pesar de que este esfuerzo pueda ser caricaturesco (siempre que el muy lamentable silencio suramericano sobre la auto-destrucción de Venezuela no se revele ahora en incomprensible apoyo a través de UNASUR), la ilusión chavista de que el régimen puede seguir superviviendo a base de represión interna y de supuesta agresión externa es peligrosa. A esa ilusión contribuye la débil sanción económica (congelamiento de actividad en el mercado norteamericano) a apenas siete funcionarios del régimen y el retiro de visas previo a otros 56.
En más, cuando la Estrategia de Seguridad norteamericana se refiere al orden internacional (luego de haber planteado los asuntos relativos a la seguridad propia y global; a la “prosperidad” referida a la apertura económica; a la seguridad energética y al crecimiento global; y a los valores que Estados Unidos defiende y promueve), no se refiera a potencias con mayor o menor poder cuya jerarquía funciona como guía sino a regiones sobre las que diseña proyectos de política antes que la asignación de un valor determinado. Tal es la aproximación al “giro hacia el Asia”, a la vinculación con Europa, al Medio Oriente y al Hemisferio Occidental. En este último, sin embargo, Venezuela no es mencionada.
En efecto, en el capítulo americano (que subraya capacidades democráticas y económicas sin considerar que hoy estén mermadas, así como la necesidad de un mayor rol global debido a los progresos logrados que hoy tienden a disminuir) la prioridad es Cuba cuya aproximación por Estados Unidos tendrá, en la percepción norteamericana, efectos regionales mayores. En esto no hay cambio desde la Guerra Fría.
Luego sigue México y Canadá para incrementar competitividad; Centro América (Guatemala, El salvador y Honduras para asegurar gobernabilidad); Haití (para insistir en la reconstrucción); Perú, Chile y Canadá para fijar nuevos estándares de comercio; Brasil para subrayar la importancia de la asociación estratégica con ese país; y Colombia como un socio que contribuye a proveer seguridad y cuyo proceso de paz Estados Unidos apoya.
Sin embargo, a pesar de que se reconoce la fragmentación ideológica en el área y la necesidad de trabajar para reforzar pilares interamericanos como la Carta Democrática, el diagnóstico sobre los países del ALBA no existe y, por tanto, tampoco el de su centro, Venezuela que es el problema a atacar.
Si Estados Unidos se propone como un líder mundial cuyo poder, en su percepción, no sólo no ha mermado sino que hoy considera mejor posicionado para lidiar con la complejidad en un escenario multidimensional antes que multipolar (y que sin embargo, requiere de aliado y socios capaces), debe ser más claro en su diagnóstico de amenazas. Lo que hoy plantea en la práctica para Venezuela ciertamente merece un mejor esfuerzo.
