12 de octubre de 2022
La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el Sr. Castillo ha pulverizado lo que restaba de legitimidad al gobernante.
Si bien la denuncia ante el Congreso se enmarca en el derecho, la autoridad política y moral del ese funcionario ha sido diluida por sus propios actos en tanto éstos se determinan en base a “una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión” …”presuntamente liderada por el Presidente de la República”… “con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas…”.
Si la denuncia deber ser aún considerada por las instancias correspondientes del Poder Legislativo -y los elementos probatorios de la misma deben aún ser evaluados-, el origen de la denuncia y el conocimiento público pre -esxistente de varios de los actos imputados al presidente- restan a éste toda capacidad de gobierno.
Al respecto se debe tener presente que tan calamitosa pérdida de legitimidad, definida como las cualidades necesarias para ordenar la conducta de los ciudadanos de manera aceptada por ellos, es diferente a la vulneración de la ley que se le atribuye. Aunque la legitimidad y la ley estén íntimamente vinculadas, esa relación no es paritaria en tanto la primera se refiere a las capacidades subjetivas de la autoridad que la ciudadanía cree que el gobernante ostenta, mientras la segunda se refiere al marco legal -ahora vulnerado- en el que esa autoridad se desempeña.
Y si el gobernante ha perdido legitimidad en tales dimensiones, menos puede dirigir la política exterior ni las relaciones internacionales del Estado. Si ese hecho irrebatible es atribuible a la responsabilidad del propio Sr. Castillo, éste no puede aducir la perpetración de un nuevo tipo golpe de Estado como lo ha sugerido en la ONU y, en Lima, frente a la prensa internacional.
Menos si la probabilidad de una fuga presidencial, mientras la fiscalía investigaba los hechos que comprenden seis eventuales delitos, fue una de las razones que impulsaron al Congreso a denegar a Castillo el permiso de salida del país para acudir a la toma de posesión del presidente Petro y a realizar visitas al Vaticano y a la sede la Unión Europea en Bruselas.
Tal pérdida de legitimidad no es debatible en el marco constitucional (en el que desea resguardarse el Sr. Castillo) en tanto aquélla deriva del convencimiento público de su pérdida de autoridad. Por lo demás, la protección que, salvo en cuatro casos, brinda la Constitución al Jefe de Estado librándolo de acusaciones que lleven a su vacancia del cargo (art. 117), no lo libera de la posibilidad de ser suspendido del mismo por incapacidad temporal (art. 114).
En tanto la denuncia constitucional de la fiscalía es jurídica y no política el Sr. Castillo tampoco puede ser protegido internacionalmente, como lo ha pretendido y, circunstancialmente, logrado en foros multilaterales. En efecto, su participación en la Asamblea General de la ONU y los elogios recibido por autoridades de la OEA durante la realización en Lima de la Asamblea General del organismo no restan un pelo a la denuncia fiscal (que, como queda claro, es factor plenamente inhibitorio de cualquier intento de invocar el cobijo de la Carta Democrática p.e.).
Los Estados que, por las peculiares condiciones del Sr. Castillo o por su elección en comicios internacionalmente reconocidos (pero internamente cuestionados por no escasos actores), han intentado o intentan salvaguardar a ese funcionario de las consecuencias de los delitos que preliminarmente se le imputan, estarían vulnerando la ley.
Y los funcionarios locales que, conociendo las investigaciones de la fiscalía sobre los muy graves delitos en cuestión, han promovido la figuración internacional y/o protección externa de Castillo cuando debían haberla restringido, no pueden alegar que sólo estaban promocionando la imagen del Perú en el exterior (imagen que, con la contribución del propio Sr. Castillo, la prensa internacional, como la CNN, han deteriorado como nunca había ocurrido).
En el mejor de los casos, la actuación de esos funcionarios revela exceso de celo. Pero también gran imprudencia en tanto la ilegitimidad del gobernante agrega vulnerabilidad a un Estado pequeño como el Perú en momentos de una gravísima crisis económica global y de seguridad internacional.
El escenario menos costoso para que el país pueda liberarse de esta peligrosa carga es el de la renuncia del Sr. Castillo. Los funcionarios que sirven al Estado antes que al gobierno debieran hacérselo entender.
