21 de octubre de 2005
El Perú es un país seriamente impactado por la corrupción local y global. No sabemos si la intensidad de este embate es mayor o menor que la media de los países en desarrollo. Lo que sí sabemos es que el Perú no está peor en este lamentable escenario que durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y sin embargo el último informe sobre corrupción global de Transparencia Internacional (1) ubica al Perú en el puesto 67 entre 146 países con una calificación de 3.5 sobre 10 decayendo por sétimo año consecutivo.
A pesar de la debilidad institucional del Estado, de la ausencia de voluntad política suficiente para combatir la inmoralidad pública y de la morosa aplicación de las normas dictadas en los últimos años para llevar a cabo ese empeño, hoy en el Perú la prensa investiga sin coacción, existe un marco legal y una procuraduría ad hoc ausente hasta el cambio de siglo, el Estado (aunque a duras penas) se reforma o pretende hacerlo, el gasto público es mejor revisado y los políticos son sometidos a mayor escrutinio público.
Es verdad que el rigor de la ley se aplica parcial y selectivamente, que el Poder Judicial –salvo excepciones- aún impide que el Estado de Derecho rija plenamente en el país, que la tendencia a la impunidad es alta, que la práctica del soborno no es una excepción, que el narcotráfico está lejos de ser derrotado (y más bien se afianza en ciertos gobiernos regionales) y que el contrabando sigue perforando el erario nacional en cifras que giran en torno US$ 600 y US$ 1000 millones anuales.
Pero hoy en Palacio de Gobierno no hay un cleptócrata, ni la Fuerza Armada compra armamento inservible en beneficio de terceros, ni el sistema de inteligencia nacional chantajea al ciudadano, ni los jueces son controlados por el Poder Ejecutivo, ni los delitos que pudieran cometer ciertos legisladores pasan inadvertidos (aunque a veces queden impunes), ni las compras estatales son reservadas y la rendición de cuentas es pluralmente requerida. Por lo demás, aunque la democracia vigente en el Perú sea imperfecta, ésta permite una transparencia tenue pero superior al oscurantismo de un gobierno autocrático. Ciertamente el Perú está mejor en este lamentable aspecto que durante Fujimori.
Pero Transparencia Internacional no opina lo mismo. Es probable, por tanto, que nos encontremos frente a un problema de distorsión perceptiva en ciertos evaluadores. En efecto, en el capítulo que el Reporte dedica al Perú, Transparencia reconoce que durante el 2003 y el 2004 se promulgó una ley general contra la corrupción, se estableció el control del financiamiento de los partidos políticos, se constituyó una institución encargada de promover la reforma judicial (el CERIAJUS), entre otras medidas.
Al respecto se arguye, con acierto, que sin embargo falta una adecuada estrategia, aplicación de la ley, voluntad política para hacer consistente el esfuerzo público en la materia y mayor participación de la sociedad civil en el mismo. El escenario más evidente de estas carencias se concentra, según el Reporte, en el proceso de descentralización en tanto éste “descentraliza la corrupción” (8 de los 25 presidentes regionales son sospechosos o están acusados de prácticas corruptas). Salvo en la última especificación, el Reporte evalúa, de manera bastante matizada el diagnóstico y, en esta perspectiva, critica. Pero, en claro contraste con la calidad de ese ejercicio, el Reporte también califica: el Perú es corrupto, digamos,en 65% (es decir, obtiene la referida calificación de 3.5 puntos sobre 10). Esta inconsecuencia es acompañada de otra más grave: el Reporte no da cuenta de gravísimos problemas de corrupción como los patrocinados por el narcotráfico, ni de la inconsistencia estatal mostrada en el proceso anticorrupción por excelencia: la frustrada solicitud de extradición del Alberto Fujomori.
De otro lado, el Reporte incurre en innecesarias incongruencias orgánicas en tanto no concuerda la evaluación del país con el punto de vista general del documento: el énfasis en el sector construcción como el más proclive a prácticas corruptas, como el soborno, en el que incurren las élites públicas y privadas (Eigen). Y si estas inconsistencias son alarmantes en tanto el reporte arroja un resultado por país que, por la importancia de la fuente, será considerado como un importante indicador para la adopción de decisiones económicas y políticas por propios y extraños, la ligereza con que su prologuista, Francis Fukuyama, enuncia su vertiente ideológica, es casi escalofriante.
En efecto el autor del Fin de la Historia, da a entender que la preocupación por la corrupción pública es hoy día mayor –o más justificable- en tanto responde a un mayor perfil del Estado (especialmente en los países en desarrollo) en relación al existente durante las épocas de su virtual marginación (la etapa zenital de la reformismo liberal patrocinado por el Presidente Reagan y la Primer Ministro Thatcher). Que el señor Fukuyama dé cuenta de una especie de ciclo ideológico post-Guerra Fría según el cual ciertas conductas gubernamentales vinculadas a la aplicación de la ley se justifican en la década pasada pero no en ésta de acuerdo a matices ideológicos predominantes es, por la inconsistencia que muestra, objeto de la mayor preocupación.
Pero que esa propuesta pueda implicar que la corrupción era un fenómeno menos importante bajo condiciones de preeminencia política del sector privado que en épocas actuales en que el la atención se vuelve a concentrar en el sector público (el Estado), es de un oportunismo inadmisible. Y no sólo por la triviliación del problema de la corrupción que esa implicancia acarrea sino por lo que indirectamente justifica: los ciudadanos pueden ser gobernados con mayor o menor rigor ético dependiendo de la moda ideológica imperante en épocas que apenas se distancian entre sí por unos pocos años. He aquí problemas perceptivos y de conceptualización de la mayor trascendencia que deben ser resueltos por reportes como el que se comenta. El problema de la corrupción es tan grave en el mundo “global” que su evaluación merece un trato más riguroso. Especialmente cuando el juicio moral que implica va acompañado de la evaluación general de los Estados concernidos y de las correspondientes señales económicas y políticas que afectarán decisiones que les compete. En consecuencia, para luchar mejor contra la corrupción los Estados y sus evaluadores deben establecer mecanismos y códigos de comunicación más eficientes. De no hacerlo, el problema del “friendly fire” para los Estados que intentan reformarse puede ser letal para librar esa contienda.
