7 de setiembre de 2005
Luego de que la furia del huracán que azotó Luisiana, Mississippi y Alabama dejara su huella catastrófica en el Golfo de México, la etapa de transición que debe conducir a la reconstrucción de la zona encuentra los precios del petróleo en US$ 65. Aunque lo quisiéramos, ello no implica que los mercados norteamericano y global hayan absorbido ya la magnitud del impacto.
En realidad el precio parece haber respondido al compromiso de 60 millones de barriles a lo largo de 30 días por los 26 miembros de la Agenda Internacional de Energía (2.1. millones diarios entre los miembros norteamericanos -52%-, europeos –30%- y del Pacífico –18%-) a los que debe sumarse la oferta de la OPEP de producir 500 mil barriles diarios adicionales. La percepción de que la oferta disponible está asegurada ha dejado, de momento, a los mercados con el problema de la disposición de gasolina (las refinerías no se han recuperado) y las pérdidas comerciales por el compromiso del sistema portuario de Luisiana.
De otro lado, mientras se espera la evaluación final de los daños, el precio del petróleo ya ha encontrado un nuevo piso (US$ 65, quizás US$ 60) y el gobierno del presidente Bush da cara a su nuevos y justificados opositores (lo que tendrá consecuencias estratégicas), los agentes de la economía global se mantienen alertas a la proyección del impacto del desastre en la perfomance norteamericana del segundo semestre.
Sobre el particular, la OCDE reporta un eventual impacto de corto plazo de entre –0.25 y –0.50 puntos en el crecimiento de la primera potencia. Pero lo hace evaluando ese efecto en un escenario de largo plazo signado por el incremento preexistente de los precios petroleros que, desde mayo, aumentaron en US$ 20. A juicio del principal economista de la OCDE, Jean Philippe Cotis, ese incremento es sólo la punta de un shock a la economía global, que en su extenso proceso, puede ser equivalente a los niveles de incremento de la crisis de los años 70, nada menos. Si bien ésta es una evaluación preliminar, ciertamente no es menos dramática si se recuerda que el consenso establecido asumía una referencia con la crisis de principios de los 80 (no la de los inicios de los 70) y, en consecuencia, estimaba que los precios reales estaban aún lejos de los alcanzados esa década.
Según ese consenso, ya cuestionado, el incremento de la productividad y la baja inflación permitía absorber, sin mayores distorsiones, precios aún más altos. Éste ya no parece ser el caso. Y menos cuando la OCDE ha considerado conveniente hacer llegar a los principales bancos centrales una recomendación de política monetaria: mantener la flexibilidad de ese instrumento. Ello supone orientarse hacia la neutralidad en el manejo de las tasas de interés en lugar de persistir en incrementos graduales en el caso norteamericano; no incrementar los intereses en el caso japonés (que en términos reales están en 0); y la estimulación del dinamisimo en el caso europeo (en lugar de persistir en el control de la inflación en una economía que no crece).
Tales sugerencias (que alterará la tendencia de incrementos sucesivos y regulares con que el FED esperaba saludar la despedida del señor Greenspan) se sustentan en la necesidad de dar una respuesta al embate global del desastre del Golfo de México fortaleciendo el momentum expansivo de la economía norteamericana y las tendencias al crecimiento precario de la japonesa medidos en términos del cierre de la brecha entre la producción y el desempleo. En tanto esa brecha no se ha cerrado en el caso europeo, la OCDE estima que las economías de la Unión Europea son las peores posicionadas entre las desarrolladas para afrontar la amenaza contractiva.
Esta llamada de atención debe ser tomada en serio por las autoridades latinoamericanas cuyas economías, siendo pequeñas o medianas, tienen un mayor grado de exposición a estos desbalances y menor capacidad de controlar los daños. En este contexto, las medidas adoptadas hace unas semanas por el Banco Central del Perú de reducir la tasa interbancaria considerando el bajo nivel de inflación local en lugar de seguir la tendencia alcista del FED, tienen hoy especial valor. Lo mismo puede decirse de la disposición del Ministerio de Economía a reducir el impuesto selectivo al consumo a las gasolinas como forma de controlar el incremento del precio de los hidrocarburos. Pero quizás haya que ir mas allá teniendo en cuenta la opinión de la OCDE.
Y como ese esfuerzo adicional no será eficaz si compromete sólo a una economía pequeña y vulnerable como la peruana, es necesario reforzarlo con medias de largo plazo y atacar el problema en la escala subregional y global.
En el ámbito nacional, las medidas de fomento de la inversión en exploración (especialmente en el Zócalo Continental) anunciadas por el Ministerio de Energía y Minas deben ser ejecutadas a la brevedad. Lo mismo ocurre con la reconversión de la matriz energética de Lima cuyo estudio ya ha realizado Cofide (el costo de US$ 220 millones es menor considerando el extraordinario ahorro potencial).
En el ámbito subregional, es necesario insistir en la integración energética andina y en la constitución de reservas estratégicas subregionales que no dependan de los mayores aportantes. Estos temas, al revés del mal denominado “anillo energético” del sur, no han merecido la atención debida desde que se produjo el desastre de Louisiana. La falta de reflejos de las autoridades andinas contrasta en este caso, con la hiperactividad venezolana que, mientras se muestra proclive a mantener altos los precios altos en la OPEP, subsidia sus ventas a países de la región (Petrocaribe, eventualmente Petroandina, US$ 40 por barril al Uruguay con facilidades de pago) en signo de solidaridad pero también de influencia y cooptación.
Finalmente, en el ámbito multilateral global el Perú debe aprovechar la próxima 60ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la ONU para coordinar posiciones con importadores netos de petróleo orientadas a la regulación de los mercados especulativos de compra-venta del hidrocarburo. Los agentes de ese mercado, que compran spot o futuros, ciertamente son instrumentos retralimentadores de la volatilidad del precio (con un impacto que no baja del 15% según algunos gobiernos –y quizás hasta de 30% si se atiende a las autoridades de la OPEP-) cuyo rol debe ser regulado especialmente en épocas de crisis.
Al respecto, nuestra diplomacia puede ir más allá: si la OPEP puede colocar bandas de precios (el caso de la franja US$22-US$ 28 del año pasado), ciertamente los consumidores podrán ponerse de acuerdo para establecer similares medidas en épocas de crisis considerando que el mercado del petróleo no es solamente altamente imperfecto sino que las externalidades de otros son en él endógenas.
Si la OCDE recomienda medidas preventivas para contener el impacto económico global de un desastre natural, ciertamente éstas podrán ser enriquecidas con el concurso de países que, por ser de menor nivel de desarrollo, no integran ese organismo.
