5 de diciembre de 2022
Cuando el 20 de octubre pasado el Consejo Permanente de la OEA decidió, con rapidez extraordinaria, aplicar la Carta Democrática al Perú a solicitud del gobierno del Sr. Castillo, lo hizo expresando su “solidaridad y respaldo” a ese gobierno. En ese marco, llamó al respeto del estado de Derecho, ofreció promover un diálogo para fortalecer el sistema democrático en el país y constituyó un Grupo de Alto Nivel (GAN) que visitaría Lima para analizar la situación política correspondiente. El informe del GAN, en consecuencia, no podría alejarse del respaldo del Consejo al gobierno “democráticamente electo”.
En el marco de esta toma de partido inicial, lo razonable era esperar, entonces, un informe del GAN bien matizado por los “hechos” que éste recogería en el curso de las 29 entrevistas que realizó en Lima para que dicho informe tuviera sustento y credibilidad. El contraste entre el respaldo de partida al gobierno urdido en Washington y los hechos encontrados luego en el Perú tenía especial importancia para que la apurada decisión del Consejo Permanente no fuera teñida con parcialidad adicional. Ello evitaría, además, cuestionamientos a una labor de “fact finding” de apenas 48 horas.
Pero el informe prescindió del matiz esperado. Éste no sólo desfiguró los hechos “encontrados” desvinculándolos de los responsables de los mismos y omitió otros sino que fue luego presentado rauda y verbalmente sin que los miembros del Consejo Permanente contaran con el texto. La credibilidad del informe hacía agua.
Y el chorreo no paró porque el GAN había “construido” una realidad política en vez de describir la “situación” en el terreno. En efecto, en el informe del caso los hechos fueron separados de sus circunstancias y origen, la responsabilidad políticas del gobierno fueron minimizada (diluyéndola entre otras atribuibles a los demás sujetos relevantes) y la caracterización de los “hallazgos” sencillamente no se realizó. El GAN presentó una crisis sin actores, sin identidades ni roles y con mucho salero progubernamental.
Como resultado, el GAN presentó como simples “investigaciones” los esfuerzos de la Fiscalía en la formulación de una denuncia constitucional sobre eventuales delitos cometidos por el Sr. Castillo; y desconoció el desgobierno de ese presidente haciendo apenas referencia a “constantes cambios en la formación de gabinetes” y designación de funcionarios considerados no idóneos como toda seña del descalabro de gestión pública.
Una vez anulada la responsabilidad de los “hechos” atribuibles al gobierno, el GAN los equiparó con la que correspondería al Congreso expresada por hechos de perversa “obstaculización del ejercicio del poder” y aderezada con pedidos de recorte de mandato.
Para completar la esterilización de los factores de la crisis política peruana, el GAN empaquetó todo de manera desordenada en un capítulo: “inestabilidad democrática”.
Luego, insistiendo en la neutralización de la fenomenología “encontrada”, el GAN se refirió a una situación de “confrontación entre diversos órganos de gobierno” prescindiendo de los motivos y características de la misma.
Sin embargo, en este punto la mano del GAN se afloja. Así, la metodología empleada que omitía la causalidad de los hechos para dar una apariencia de neutralidad, da un vuelco mostrando las preferencias de ese grupo de alto nivel y señalizando un interés.
En efecto el capítulo de “inestabilidad democrática” donde se omiten las responsabilidades mencionadas vaciando los hechos de contenido da súbito paso a otro segmento donde se sugiere que hay un víctima (el Ejecutivo) que padece de “acoso permanente”.
Y si hay una víctima hay un victimario que hace “uso excesivo de herramientas de control político” (vacancia, negación del permiso para viajar al exterior, etc.) en referencia obvia al Congreso. Las imputaciones parcializadas empiezan a aflorar.
Una vez encontrada a la víctima y al victimario, el GAN pasa a acoger abiertamente a los defensores del Sr. Castillo con otra imputación: hay “racismo y discriminación” contra el gobernante (otro capítulo del informe) porque “no se acepta que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial” según otro “hallazgo”. La parcialidad con el gobierno se torna acá en expresión de simpatía indigenista desprovista de todo fundamento.
De esta forma, con absoluta prescindencia del valor del derecho (p.e. en el caso de la denuncia constitucional), de responsabilidades que distingan el rol de los actores, de imparcialidad elemental en la evaluación de los hechos y sin tomar siquiera como referencia metodológica los elementos de probidad, transparencia y la responsabilidad ejecutiva en la gestión pública establecidos en la Carta Democrática (art. 4) el GAN presentó su informe al Consejo Permanente de la OEA con la ligereza ya comentada.
Habiendo tomado posición a favor del gobierno, el GAN recomendó entonces “encauzar un diálogo” en perfecta sincronía con las sugerencias del Sr. Castillo pasando sobre la ley peruana que ampara a la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación (quien, además, no puede dialogar sin infringir su fuero jurisdiccional).
Y despreciando la tercera moción parlamentaria de vacancia presidencial y una eventual convocatoria a elecciones, llamó a una “tregua política” y a que el Tribunal Constitucional se convierta en contralor de las iniciativas del Congreso.
Para lograr estos propósitos en base a hechos que, además, ya eran de conocimiento público, los miembros del GAN no requerían salir de sus respectivos países. Menos si, probablemente, tenían claro lo que iban a presentar antes de ingresar a territorio peruano.
