Los mensajes de 28 de julio (como ocurre en casos similares en otros países) presentan siempre una tensión entre el recuento de lo actuado a que obliga la Constitución y la explicación de propuestas y orientaciones que propone el Jefe de Estado. Algunos gobernantes han pretendido resolver este dilema con larguísimas exposiciones. Otros, como el Presidente Humala, han preferido el registro sumario y cuantitativo de lo hecho sobre el contenido. En ningún caso se da cuenta del requerimiento fáctico y normativo de estos mensajes con la capacidad sintética que provee el talento oratorio ni con la adecuada asistencia de un buen escritor de discursos. Dada la trascendencia del mensaje a la Nación el asunto no es estético sino político. De él depende que el presidente consolide su liderazgo o lo erosione, que su palabra otorgue credibilidad a sus políticas o se les reste, que el gobierno aparezca aliado a los grupos de interés o se distancien de él o que el ciudadano incremente su filiación o alejamiento con quien representa al Estado y a la Nación.
Si lo que está en juego tiene, por tanto, superior importancia que el que le otorga la Constitución, bien podría salvarse la tensión entre el recuento obligado, el mensaje propiamente dicho y el tiempo que se requiere para expresarlo entregando al Congreso una versión escrita de lo actuado, hacer una breve referencia a ésta y dejar el resto a lo que el Jefe de Estado considere necesario expresar.
A esta fórmula pudo haber recurrido el Presidente Humala que no logró, el 28 pasado, hacer un recuento uniforme de lo actuado, diagnosticar adecuadamente la problemática del Estado ni explicar apropiadamente su orientación de largo plazo. Por ejemplo, si el Presidente abrió el discurso afirmando que “el Perú se encuentra en uno de los momentos más importantes de su historia”, explicar esta especialísima situación era la natural. Pero se pasó inmediatamente a exaltar la capacidad de rectificación del gobierno (aparentemente referida a la rápida anulación por el Congreso de la designación de importantes funcionarios rechazados por la población). Y de allí a señalar la intención de continuar con el rumbo trazado que prioriza la inclusión social y a señalar la incertidumbre que genera la economía internacional y el fin del ciclo externo que favoreció el rápido crecimiento de la economía nacional.
Es verdad que ésta fue apenas la introducción o el marco general del mensaje. Pero dada la importancia de cada uno de los temas mencionados en ese prólogo, descifrar cuál marcaría el rumbo del mismo parecía indispensable.
Si, como suele ocurrir, el contexto internacional no merece en el Perú una atención especial (pseudo-tradición probada por el último lugar que merece siempre la política exterior en los mensajes presidenciales), las vulnerabilidades que genera ese entorno merecían hoy una reflexión mayor a la luz de las complicaciones que presentan hoy el tipo de inserción de la economía nacional.
Al respecto se hizo bien en destacar sus fortalezas (buena gestión, altos niveles de reservas, escasa deuda pública externa, solvencia del sistema financiero local, sostenimiento de la capacidad adquisitiva y disposición al emprendimiento).
De manera menos relacionada a éstas se destacó también la diversificación exportadora (un tercio del total) y se anunció una política industrial. Pero no se dio detalle de la orientación ni condición de la primera (que tiene hoy muy escaso componente de conocimientos como valor agregado) ni de los parámetros generales de la segunda (¿será ésta general o sectorial; protectora, proteccionista o promotora; circunstancial o de largo plazo; de qué nivel será el rol del Estado?).
Esta última interrogante es fundamental porque tampoco quedó claro si esa política industrial está vinculada a la aspiración más importante del gobierno. Es decir, a un país industrializado como diferente de desarrollado (cuestión que nos devuelve a la frase introductoria del discurso sobre la importancia de la circunstancia actual pero que no atiende a la cuestionable propuesta sobre si el desarrollo se sustentará en el sector servicios –la propuesta del Banco Mundial- o, efectivamente, en la industria). Por lo demás, si bajo las actuales condiciones el crecimiento se sustentará principalmente en la demanda interna, éste requería atender la fundamental relación entre el ahorro y la inversión nacionales. En un contexto de insuficiente formación de capital en la época de vacas gordas el ahorro y la inversión privados sigue siendo bajos (13.6% y 21.7% del PBI en el 2012 según el MEF). Ello indica que la inversión pública deberá crecer y que la diferencia entre uno y otro requiere de financiamiento público o externo sobre lo que no se dijo nada.
Sobre el particular sí se mencionó, de manera también desconexa, la existencia de una cartera de proyectos de inversión en infraestructura de US$ 14400 millones para el 2014 y el logro del crecimiento de la recaudación fiscal a 16% del PBI (un nivel, sin embargo, por debajo del promedio latinoamericano). Quizás ello alcance para el crecimiento el próximo año pero no para el largo plazo y, mucho menos, para el desarrollo. Por lo demás, siendo el mercado nacional aún pequeño el crecimiento alto sin mayores ingresos por exportaciones requerirá de un incremento de escala importante. Pero, con significativo déficit de productividad, esa escala, como antes, sólo puede lograrse a través de fuerte inversión (con alto componente externo) o de integración. Sobre la primera no hubo mayor referencia y a la segunda sólo se la mencionó como un compromiso que mantiene el Perú sin distinguir entre esquemas de integración económica (la CAN, p.e.) y foros de diálogo político (UNASUR, CELAC). Ninguna mención hubo a los acuerdos de libre comercio que, de manera trans-regional, fomentan también la integración. Estos asuntos alcanzaron apenas una referencia nominal en el capítulo de política exterior que siguió encontrando, de manera reiterativa e imprudente en la solución de la controversia marítima con Chile una única preocupación y un exclusivo reducto. Lo demás fue una referencia a la presencia del Perú en África y los países árabes que no resaltó siquiera la importancia creciente del comercio sur-sur (25% del total en el 2011 según la UNCTAD). De otro lado, si la preocupación por una menor dependencia del sector minero fue explícita y ésta está motivada en buena cuenta por la caída de los precios mineros, sobre ese sector estratégico no hubo diagnóstico alguno. Nada sobre políticas de inversión, nada sobre la metalmecánica ligada al área, nada sobre crecimiento por volumen, nada sobre la conflictividad que el sector concentra, nada sobre el tipo de inserción que el gobierno desea cambiar Estos defectos fueron compensado con la alusión al sector energía. Por lo demás, fue en el ámbito de seguridad donde se hizo la única excepción al detalle de un plan. Pero aún allí se escapó un gran éxito: la erradicación de 14 mil has, de coca ilegal en el 2012. Si la cifra es real, se trataría quizás de un récord frente a un estándar de 10 mil has y un logro gigantesco si se cumple la promesa de erradicar 22 mil has. más este año. La dimensión estratégica de ese logro está ligada al hecho de que el narcotráfico y la minería ilegal equivalen al 60% de la inseguridad del país. Y si aquí se pecó por omisión, en materia de Defensa la parquedad extrema fue la norma: las Fuerzas Armadas deben ser “modernas, eficientes e interoperativas) en función del escenario restringido del VRAEM.
Este déficit de atención en los “momento más importantes de la historia” que, según el mensaje, vive el país tampoco fueron absueltos por la prioridad declarada del gobierno: la inclusión social, Así, la reforma de la educación hizo más referencia a lo cuantitativo que lo cualitativo y las reformas sociales inventariaron los programas asistenciales sin tener en cuenta el cambio demográfico del país y la emergencia de las clases medias. Por contraste, la reforma de la salud (mejora de servicios y universalización del seguro integral) mereció mejor trato.
A pesar de estos inconvenientes los gremios no laborales están encantados con el espíritu de cooperación que muestra el gobierno, con la continuidad de sus políticas y con sus intentos de generar confianza.
El país quisiera constar estas virtudes cuando éstas no aparecen en vivo y en directo. Si se trata de un problema de comunicación, como dice el Primer Ministro, éste debe ser atendido sobre la marcha.
