Así como la indiferencia venezolana a las tímidas sugerencias de UNASUR sobre una auditoría de la votación del reciente proceso electoral y la creación de un clima tolerancia en ese país no sorprendía a nadie, tampoco lo hizo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia a favor de una segunda reelección (que ese tribunal contabiliza como primera) del Presidente Morales.
En el marco del abusivo comportamiento pre y post electoral del oficialismo en Venezuela (donde la reelección indefinida está permitida pero no su ilegalidad), el costo que éste tiene para un país dividido y la fricción que ha generado en la región, la pregunta relevante sobre el proceso boliviano se refiere menos al auspicio judicial de la disposición reeleccionista del presidente Morales sino a por qué éste insiste en ello.
Una explicación inicial al respecto parte de la evidencia de que esa práctica ha redoblado su presencia en la región. En efecto, la ilegalidad reeleccionista ha devenido en inercial. Así lo demuestra, en el pasado inmediato la reelección de los presidentes Rafael Correa, Daniel Ortega y Cristina Fernández (que, en apariencia, aspira a un período adicional).
Si estos procesos pueden haber transformado la ilegalidad en legitimidad –o van a hacerlo-, ello ciertamente no ha resultado en prácticas posteriores de buen gobierno. Este resultado ha generado gran malestar interno, preocupación internacional por los términos de la gobernabilidad en la región y no augura buen término de los gobiernos respectivos (quizás pensando en ello el presidente Correa ha jurado que se reelegirá sólo una vez para ponerse luego a buen recaudo en Europa).
Así lo muestran los casos menos cercanos (Alberto Fujimori) o los abrumadores por su reiteración (Hugo Chávez). Ellos evidencian que la vocación reeleccionista (agravada por la corrupción y el abuso que la acompañan) termina poniendo en cuestión la seguridad del país y el reclamo masivo por el retorno del Estado de Derecho o por un cambio de orden (al respecto debe recordarse que la causa inmediata de ese parteaguas regional que fue la revolución mexicana de 1910, fue el desquiciado afán reeleccionista de Porfirio Díaz).
Aunque estos casos deben distinguirse de las dictaduras abiertas como las de Alfredo Stroessner y de Augusto Pinochet, es preciso recordar que éstas también recurrieron a procesos reeleccionistas cuyo opaco carácter agregó oscuridad a esa práctica en la región.
No pocos de estos vicios políticos están vinculados con la vulneración de la ley por los propios congresos o tribunales encargados de aplicarla. Al primer caso responde la ley de interpretación auténtica que dio el Congreso peruano en 1996. En el segundo se inscribe el Tribunal Constitucional Boliviano que acaba de vulnerar, además de la Constitución, la ley electoral boliviana como lo recuerda Carlos Mesa.
En efecto el artículo 2 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución boliviana que tan frondosamente fundó el Estado Plurinacional establece claramente que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputos de los nuevos períodos de funciones”.
Esta disposición dice lo que dice y, por tanto, no requiere mayor explicación: el primer mandato del presidente Morales (que éste interrumpió voluntariamente para reelegirse luego bajo la nueva Constitución) debe ser tomado en cuenta en la contabilidad de los períodos efectivamente gobernados por ese Jefe de Estado. Esta conclusión es una resultante simple de una premisa diáfana. Más aún si, según el ex -presidente Mesa, esa disposición constitucional fue “condición sine qua non de la oposición para viabilizar la nueva Constitución” y si la norma consecuente fue negociada por el Vicepresidente Álvaro García Linera en acuerdo que fue “garantizado” por la OEA y otros organismos internacionales. Ese acuerdo fue parte de los mecanismos ad hoc con que el irregular y violento proceso de aprobación de la Constitución boliviana llegó a su fin legitimándose luego mediante un referendum el 2009.
¿Por qué entonces violentar la norma reinstalando la ilegalidad electoral en Bolivia cuando la legitimidad presidencial, aunque cuestionada por muchos, es generalmente aceptada, el Estado ya ha sido “refundado” y la emergencia popular que ha propiciado el presidente Morales ha reconfigurado la ciudadanía de ese país?.
Una primera respuesta consiste en que la violación de la ley tiene poco o ningún costo en Bolivia -y en los países donde la reelección no prevista se produce- y que éste es asegurado por la inercia reeleccionista que se arraiga en el conjunto de la región. Ese conjunto puede dividirse entre países que admiten la reelección ilegal como forma de gobierno y países que la legitiman desde fuera como forma precaria de estabilidad regional. El primer grupo está integrado por los países del ALBA y los que pertenecen a su zona de influencia externa. Y el segundo, por los países que, en el ámbito de UNASUR, les brinda legitimidad garantizando su normal interacción al margen de la aplicación de la cláusula democrática que cada agrupación subregional ha adoptado en el área.
Esta forma de protección colectiva tiene también un componente extra –regional promovido por las alianzas como lo ha probado el rápido respaldo al Presidente Maduro facilitado por el Movimiento No Alineado agilizado por Irán. Y tiene también un componente intra-regional como el que proporciona el MERCOSUR al gobernante venezolano quien hoy visita esos países ofreciendo petróleo.
Otra parte de la respuesta corresponde, además, a la necesidad de sobrevivencia de los gobiernos reeleccionistas cuyos líderes anticipan los riesgos de su subsistencia al margen del poder: la descomposición de sus movimientos políticos y la reacción de una oposición triunfadora es un precio que no desean sufragar. Este también es el caso del MAS en Bolivia.
Por lo demás, debe prestarse atención a la correlación directa que existe entre la reelección y cohesión de esa zona de influencia que es el ALBA y de su proyección externa tan manifiesta en Cuba a través de la alianza estratégica, en el Caribe a través de cooptación energética y, como dijimos, en el MERCOSUR.
Los que asumen que el ALBA, cuyos miembros practican la reelección ilegal, está debilitada al punto de la irrelevancia quizás deseen reconsiderar su opinión a la luz de la realidad política boliviana. Pero hay una respuesta de otra naturaleza para la práctica reeleccionista en ese país. Ésta es económica. La buena marcha de su economía incrementa en apariencia los niveles de tolerancia ciudadana a la reelección ilegal mientras que las evaluaciones de las entidades multilaterales cumplen similares fines en el escenario externo.
En efecto, el último reporte del FMI (2) sobre la economía boliviana resalta lo bien que marcha ésta salvo en el capítulo de inversión. Aún allí, las observaciones del FMI son poco demandantes a pesar de ser sustantivas y eluden por completo los efectos económicos de las nacionalizaciones arbitrarias así como la evaluación de las empresas públicas.
En efecto, en el reporte de junio de 2012 esa entidad multilateral se limita a destacar el manejo prudente de la política macroeconómica boliviana, la importancia del incremento de los términos del intercambio derivados del boom de precios de los commodities y de las exportaciones ligadas a él, la buena posición fiscal y de cuenta corriente, la importante acumulación de reservas que disminuyen el riesgo y las buenas políticas de inclusión. Todo ello redunda en un crecimiento de 5% el año pasado que puede anunciar un sobrecalentamiento del que el FMI advierte (aunque la autoridad boliviana atiende más el riesgo externo) sin que ello impida el reconocimiento del buen trabajo en la materia.
Sólo en el campo de la inversión privada, que se encuentra desestimulada y ausente del marco de seguridades imprescindibles, el FMI encuentra un cuestionamiento vinculado al incremento del rol del Estado en el ámbito y a los conflictos sociales que generan desincentivos adicionales. Nada más. Así como las nacionalizaciones arbitrarias no son mencionadas tampoco lo son las limitaciones del comercio exterior afectado por la dependencia de las exportaciones de gas y soya y por la insistencia boliviana en no negociar aperturas multilaterales ni acuerdos bilaterales de libre comercio.
Si el desempeño boliviano es bueno, el FMI no desea agregar nada más que no sea una sugerencia para mejorar la estabilidad jurídica y la eficiencia de los programas sociales. La comunidad internacional se da por satisfecha al margen de la problemática política mientras los bolivianos disfrutan de importantes beneficios económicos.
Si ello se refleja en bienestar, magnífico. Especialmente en una economía pequeña con grandes necesidades insatisfechas. Pero si se refleja también en indiferencia frente a la reelección y a la inestabilidad que ésta creará mientras las nacionalizaciones se incrementan luego bajo condiciones de mayor necesidad entonces el bienestar económico adquiere un turbio fin político.
En efecto, no es imposible que el reeleccionismo boliviano aguarde quizás el cambio de ciclo (que ya ha empezado) para contribuir a establecer un modelo económico más acorde con la visión del MAS. He allí un riesgo que afronta Bolivia y que tendrá repercusiones regionales en tanto ese cambio de políticas se radicalizaría en un contexto en el que la demanda interna en los países de la región adquiere renovada importancia.
Si los miembros de UNASUR no desean reaccionar frente al proceso reeleccionista boliviano es bueno que estén alertas a sus consecuencias.
(1) Carlos D. Mesa Gisbert blog (www.carlosdmesa.com) (2) IMF: Bolivia Country Report June, 2012
