27 de febrero de 2006
Mientras la comunidad internacional no logra aún una definición multilateral de terrorismo, el uso de la violencia para producir logros políticos a través de la generalización del miedo sigue catastróficamente activo con propósitos definidos.
Entre ellos está el de generar un ambiente de anarquía en el que la retroalimentación constante de la violencia logre la consolidación política del agresor y la destrucción o el debilitamiento estructural del agredido. Para evitarlo, el agredido no puede dejar de responder a través del uso legítimo de la fuerza y de otros medios (entre los que sobresale la inteligencia) aunque, en el proceso, deba desatar una guerra (si el agresor es un Estado) o un conflicto mayor (si el agresor es un una organización no estatal). Así, si luego del 11 de setiembre del 2001, el agredido (Estados Unidos) debió responder bélicamente al agresor, ahora el nuevo agredido (la autoridad y la población iraquíes y los aliados que la asisten) debe responder al agresor (quizás una mezcla letal de suicidas de Al Qaeda y de la insurgencia suní) luego del atentado a la mezquita de Samarra.
Es evidente que, en este caso, el agredido debe evitar la guerra civil. Pero lo que no puede hacer es sucumbir en el caos y la intensificación de la fragmentación política que busca el agresor. Y si bien la respuesta debe ser local, ésta tiene también un componente multilateral que no puede ser eludido por la comunidad internacional.
Y menos cuando el patrón ofensivo del agresor –el ataque a centros notorios de poder- seguirá repitiéndose con el propósito de desestabilizar un centro geográfico que está en el centro de los conflictos regionales. En efecto, sí en el 2001 el agresor –es decir, el enemigo- atacó salvajemente lo que consideró como símbolos del poder capitalista (las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono) llevando nuevamente la guerra al Medio Oriente y al Asia Central, ahora ese enemigo ha atacado un símbolo del poder religioso chiita en Irak (la mezquita de Samarra) para provocar una guerra civil con los mismos propósitos disolventes. Y si lo ha hecho intentando luego otro ataque a un centro de refinación de petróleo en Arabia Saudita con el propósito de generar caos en la economía mundial desde el Medio Oriente, es evidente que el enemigo sigue teniendo a ese escenario como centro de desestabilización de proyección global. Si, por tanto, la respuesta local es imprescindible, la reacción global es fundamental aunque hasta ahora sea menor a lo que las circunstancias reclaman. En efecto, si en el ámbito iraquí esta respuesta sigue siendo deficiente debido a errores y desorganización atribuibles a las autoridades locales y extranjeras en el lugar, lo es también debido al decreciente concurso de la comunidad internacional. Ésta –es decir, los miembros de la ONU-, no sólo no ha logrado concretar todos los aportes económicos prometidos sino que muchos de los aliados han iniciado una retirada militar del escenario dejando la responsabilidad a un sobrextendido núcleo militar: las fuerzas norteamericanas acompañadas minoritariamente por las británicas. Dicha tendencia, aunada a un decreciente apoyo interno norteamericano y al incremento de la hostilidad internacional contra el esfuerzo aliado en Irak, es una invitación a que el agente terrorista siga agrediendo catastróficamete a los ciudadanos de ese país y a quienes intentan ayudarlos.
Y ello ocurre mientras la comunidad internacional no cumple con la obligación de apoyar suficientemente al proceso de transición política y de restablecimiento de la seguridad iraquí ni con el compromiso de incrementar la cooperación para capturar y juzgar a los terroristas que actúan en Irak. Estas obligaciones no devienen de un requerimiento o compromiso con Estados Unidos –con el que se puede estar en desacuerdo en la conducción del proceso- sino que fueron establecidas por las resoluciones 1546 y 1618 del Consejo de Seguridad de la ONU. Es en este contexto que debe situarse la insuficiencia del gobierno iraquí –que tiene el mérito de haber sido legal y democráticamente elegido- para lograr un adecuado consenso interno para inhibir la agresión terrorista y para, en este caso, disminuir radicalmente el riesgo de una guerra civil. Peor aún, luego del atentado en Samarra, puede intuirse que la autoridad del gobierno iraquí ha decaído más al tiempo que la presencia militar norteamericana posiblemente sea percibida ahora con mayor desconfianza por la población. En consecuencia, la amenaza terrorista es ahora superior al ataque de la mezquita. Esta situación debe revertirse de inmediato.
A ello podrán contribuir circunstancialmente los líderes religiosos iraquíes que, en apariencia, están dispuestos a aliviar el clima de tensión inducido por el atentado. Pero ese esfuerzo no será suficiente si el gobierno –de mayoría chiita- no cohesiona a sus fraccionados partidarios, si los suníes no se suman con decisión a la tarea gubernamental y si las fuerzas iraquíes no cumplen con mayor rigor con la responsabilidad de establecer el orden interno.
Luego de que, durante el 2005, los iraquíes elaboraran y aprobaran su propia constitución y eligieran un parlamento y un gabinete recuperando su soberanía en proceso amparado por la ONU, ahora están en la obligación vital de culminar la tarea redoblando el esfuerzo de imposición del orden interno. Pero, como se ha dicho, ese esfuerzo no será posible sin el apoyo de la fuerza norteamericana y los aliados presentes en el terreno y sin el incremento del apoyo material y político de la comunidad internacional.
Dada la gravedad de la situación, ese apoyo debe ser nuevamente comprometido por el Consejo de Seguridad. Al respecto no basta otra condena inmaterial de la acción terrorista en Irak. La comunidad internacional está en la obligación de renovar su presencia militar y económica en Irak bajo los términos del Capítulo VII de la Carta. Y el Perú, como miembro no permanente del Consejo, debe ayudar tomando la iniciativa política en esta materia.
