24 de Noviembre de 2006
En un contexto internacional de extraordinaria expansión económica (aunque ya desacelerada), de crecimiento ortodoxamente equilibrado de las economías regionales y de fuerte incremento de sus exportaciones, los esquemas suramericanos de integración han perdido cohesión institucional y política. Bajo estas condiciones, que ciertamente definen una nueva etapa de crisis de la integración andina y del MERCOSUR signada por marginaciones (p.e Venezuela) y conflictos intrasubregionales (p.e. el diferendo argentino-uruguayo), próximamente se llevará a cabo en Cochabamba la segunda cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones. Aunque Bolivia será siempre un Estado cuya capacidad de congregación todos los suramericanos estimamos, las condiciones confrontacionales de su liderazgo político no lo califican como el más proclive a llevar a cabo la tarea de convergencia que la región necesita hoy.
Y menos cuando el presidente Morales insiste en proclamar su disposición a llevar a cabo un modelo de integración que, bajo la denominación “integración de los pueblos”, no se basa en las reglas del libre mercado que definen a las zonas de libre comercio y uniones aduaneras en el ámbito de la OMC, muestra agresividad en su proyección externa (especialmente hacia Occidente) y en sus alineamientos (Venezuela, Cuba) y promueve una “dimensión social” de la integración que prioriza una influencia política que no es bienvenida por la mayoría y que augura, además, extraordinaria ineficiencia.
El problema se agrava cuando el presidente Morales, no contento con haber agregado intensidad fragmentadora a los conflictos existentes en su país, desea plantear a Suramérica la peor forma de disociación: la que se deriva de la discusión políticamente controversial de una identidad regional vinculada a la desmesurada idea de establecer una “nación suramericana”. Este planteamiento, que desconoce la realidad abrumadora de la diversidad que define a la región y a la variedad de su mestizaje es una receta para el conflicto. Con un valor agregado: éste puede ser el germen de fundamentalismos antropológicos cuyas dimensiones de violencia el Medio Oriente muestra mejor que cualquier otro escenario. De allí que el resto de los Estados suramericanos tengan, a través de sus representantes, la responsabilidad impostergable de evitar que esa iniciativa prospere. Y también la de cuidar que ésta no sea reemplazada por un sucedáneo como el planteamiento de una “ciudadanía suramericana”. Si la realidad de nuestros países, especialmente de los andinos, es la del debilitamiento del Estado, de la frustración de la organización nacional y la emergencia de identidades regionales políticamente organizadas que cuestionan la autoridad central democrática, el planteamiento de una “ciudadanía regional” no sólo es impropio sino una fuente adicional de inseguridad. Es impropio porque la ciudadanía es un derecho que emerge tanto de un origen nacional como de uno estatal o de un orden supraestatal adecuadamente legitimado. El primero está en cuestión en Suramérica y el segundo es inexistente. Y es inseguro porque el planteamiento de la “ciudadanía suramericana” no concuerda hoy con los fundamentos políticos de la región, porque genera exageradas expectativas extraestales y porque estimula, simultáneamente, pérdida de lealtades nacionales que no serán satisfechas por inexistentes entidades supranacionales.
En consecuencia, la aproximación a esta propuesta sencillamente debería postergarse mientras se restablece la cohesión regional, se construyen instituciones que generen efectivos servicios colectivos regionales, se articulan mejor los mercados, se progresa en la creación de interdependencia real y se sanean los debilitados Estados nacionales.
En cualquier caso, la aproximación a este capítulo debiera ser muy pragmático, prudente y puntual. Así, si se desea facilitar el tránsito de personas que contribuya a construir el mercado y el espacio común suramericano mediante la eliminación de visas y pasaportes, los salvaguardias de seguridad que el visado permite deben ser normadas y preservadas para evitar el abuso de ese nuevo derecho por quienes harán abuso de él: los agentes del crimen organizado, del terrorismo y del narcotráfico que asolan la región, por ejemplo. Por lo demás, la próxima cumbre suramericana no debiera incurrir en una comprobable patología política regional: cuando emerge una crisis la tendencia, generalmente diplomática, no es consolidar el camino andado y estabilizar las circunstancias del presente sino “huir hacia delante” intentando “profundizar” la integración y, al hacerlo, complicando su progreso aún más. Así ocurrió en la década de los 80 y de los 90.
Que ello no vuelva ocurrir ahora depende de la lucidez, del pragmatismo y de la capacidad de nuestros representantes de inhibir la desmesura de ciertos líderes nacionales y de abocarse al trato de problemas efectivos como, por ejemplo, la integración energética. He allí un elemento infraestructural que ayudará a construir la integración regional con beneficio efectivo para todos y sin perjuicio para ninguno.
