La unión monetaria es una de las últimas etapas de la integración cuyo origen es siempre político. En el caso de la Unión Monetaria Europea ese proceso se aceleró por un factor estratégico adicional: la unificación alemana requería de un contrapeso. A falta de Estado equivalente, ello implicó que el conjunto de la Unión Europea –y no sólo Francia- fuera el factor de equilibrio mediante la adopción del euro. Éste restaba capacidad hegemónica a una Alemania unificada mediante la deposición de su soberanía monetaria expresada en el marco alemán, la Unión Europea absorbía ese poder superior mediante una moneda común de la cual el conjunto de sus países se beneficiaba facilitando las transacciones de sus ciudadanos.
Pero si el proyecto tenía como fundamento la progresiva profundización de la integración europea cuyo inicio se remonta hasta la CECA y al tratado de Roma, ello no implicaba que los miembros fundadores de la EMU tuvieran todos similares fundamentos económicos. De allí la necesidad de asegurarse un grado de convergencia mayor mediante el Pacto de Estabilidad y la creación de instituciones centrales como el Banco Central Europeo. Sin embargo, estos mecanismos dejaron de lado la regulación del sistema financiero (cuyos agentes fueron los causantes directos de la crisis de 2007-2008 que se inició en Estados Unidos), al tiempo que la zona del euro se extendía y se relajaba la disciplina del Pacto de Estabilidad. De esta manera los fundamentos nacionales de la eurozona se erosionaron conforme la laxitud financiera se extendió por toda Europa debilitando más a los países periféricos que más se endeudaron hipnotizados por el acceso al dinero fácil. El resto de la historia es conocido. Lo que no se conoce es cómo concluye. Y menos cuando los principales articuladores del euro, Francia y Alemania, tienen visiones distintas sobre la forma de restablecer la estabilidad en la Unión Europea que no provienen de la convicción unívoca de sus Estados (la razón de Estado) sino del ejercicio democrático: la elección del señor Hollande ha cambiado la orientación de la solución de esta encrucijada económica. Los tecnócratas europeos –y también los del FMI- tendrán que afrontar responsablemente esa realidad política si es que la Unión Europea va a recuperar la estabilidad económica esencial para la supervivencia del euro. De momento ello implica revisar el Pacto Fiscal a la luz de nuevas “políticas de crecimiento”. La antitética realidad de estos factores puede implicar muchas cosas y diversos puntos de equilibrio. A consideración no está la necesidad del ajuste sino el grado con que éste se implementará junto con programas de estímulo muy focalizado de implicancia real (inversión en infraestructura, educación y otros programas de generación de empleo) y expectaticia (una especie de hoja de ruta). Ello será complementado con políticas de que estimulen el crédito (hoy rigidizado por la fragilidad bancaria y la desconfianza del mercado), el fortalecimiento del sistema financiero (el incremento del poder disuasivo de la fusión del Mecanismo y del Fondo Europeo de Estabilidad, la dudosa disposición del Banco Central Europeo a emitir bonos que provean de liquidez al mercado y, como dice Krugman, la aceptación europea de convivir con niveles de inflación superiores al del incumplido Pacto de Estabilidad. A esa lista debe agregarse la consideración de una salida -temporal o no- de economías como la de Grecia que no están condiciones materiales ni políticas de cumplir con las exigencias de los nuevos programas aún flexibilizados. El costo económico de esa eventualidad no es bajo pero puede ser menor que el de convivir con el riesgo de la quiebra del euro o con el error de aferrase a la cárcel jurídica que impide la salida de un miembro de la eurozona si es que no ese Estado no se retira de la Unión Europea. Al considerar estas alternativas debe tenerse en cuenta que la integración europea tiene mucho más calado que la unión monetaria –que constituye, sin embargo, una superestructura cuya influencia deriva tanto de su volumen como de su arraigo- y que su acervo debe ser resguardado por el bien de Europa (el de la paz interestatal, el bienestar colectivo y la eficiencia del mercado). A la luz del peso y la influencia de la Unión Europea en el mundo, el impacto global de la inestabilidad y vulnerabilidad del euro también deberá ser un factor mayor a la hora de decidir. La cumbre del G8 que empieza hoy evaluará esta gravísima situación de dimensiones multidimensionales. Para que su asesoramiento tenga mayor influencia y legitimidad debe ser concordado no sólo con instituciones globales como el FMI sino con los miembros del G20. La cumbre europea que decidirá la materia en junio próximo debe tener en la mesa el conjunto de esos elementos cuya complejidad económica deberá subordinarse, en este caso, a la de la extrema necesidad política.
