El gobierno acaba de concretar con éxito una segunda iniciativa de diálogo para encontrar soluciones a la denominada “directiva de retorno” aprobada por el Parlamento Europeo. Esta vez el interlocutor es la Comisión de la Unión Europea que estaría dispuesta a convocar a una conferencia birregional para discutir la materia.
El primer éxito consistió en la incorporación del problema a la agenda de la OEA y en el compromiso de la Secretaría General de ese organismo de gestionar ante su equivalente comunitario un mejor acceso a la información relevante y la promoción de soluciones que impliquen la aplicación del principio responsabilidad compartida.
Probablemente estas iniciativas no alteren la decisión europea sobre la “directiva”. Pero sí podrán mejorar las condiciones de su implementación. En ella el Perú buscaría la aplicación de una suerte de trato diferenciado. Esta alternativa puede tener múltiples consecuencias positivas.
La primera sería la recuperación de la prudencia por las autoridades europeas en el trato de un problema globalmente sensible. Si ello ocurre, la UE podría apresurar el trato del conjunto de la problemática en una política general (que, además, ya está en consideración) en lugar de priorizar sólo su variable coercitiva. Luego de los reclamos generados por la opción represiva en el trato al migrante ilegal, lo esperable de la UE es que sus autoridades posterguen la implementación de la “directiva” hasta la aprobación de la política general mencionada. Ésta, a su vez, podría recibir los aportes de los países de origen de los migrantes. En el peor de los casos, ese escenario podría cubrir sólo la dimensión eurolatinoamericana del problema.
Una segunda consecuencia debiera consistir en replantear el carácter global de la problemática migratoria. Quizás la UE no decida reiniciar los trabajos ya realizados para el planteamiento de su política general ad hoc, pero podría considerar la necesidad de promover, en las instancias pertinentes, soluciones de mayor alcance a un problema que involucra a 200 millones de migrantes en todo el mundo que reportan US$ 276 mil millones anuales en remesas a sus países de origen.
En tanto la Unión Europea sólo es destino de 18.5 millones de inmigrante ilegales, podría redimensionar su respuesta en el ámbito del desarrollo en los países de origen y sus gobiernos liderar mejor la opinión de sus sociedades sobre la materia. Entre esos factores se debiera también evaluar mejor el aporte de los migrantes a ciertas economías europeas cuya buena perfomance, como en el caso de España, no se explica plenamente sin el concurso de la mano de obra ofrecida por los trabajadores provenientes principalmente de países latinoamericanos (este sería el caso, por ejemplo, del “ayudante social” suramericano antes que el del “plomero polaco”).
La tercera consecuencia del diálogo propuesto tendría tres dimensiones. La primera, consiste en neutralizar la presión adicional contra la negociación del acuerdo de asociación CAN-UE (que incluye un acuerdo de libre comercio) generada por la “directiva del retorno”. Si la conferencia interregional América Latina-Unión Europea se lleva a cabo, las dificultades que, al respecto, presentan los países andinos (especialmente Ecuador y Bolivia) podría disminuir considerablemente (el caso de Ecuador es particularmente relevante). Ello facilitaría el avance de esa negociación bajo el esquema de “dos velocidades” ya acordado.
La segunda consecuencia consistiría en la derivación del diálogo eurolatinoamericano (que ha generado ya cinco reuniones cumbre) a la solución de un problema concreto atendiendo tanto su dimensión inmediata (el control de la inmigración ilegal y la supresión del crimen organizado que la impulsa) como la de largo plazo (los problemas generados por expectativas crecientes de ciudadanos que no pueden satisfacerlas adecuadamente en sus países de origen a pesar de las reforma económica y de la muy buena perfomance registrado en muchas de las economías locales). Ello debiera llamar la atención europea sobre una mayor promoción de sus inversiones en América Latina y complementaría bien la generalidad de la agenda birregional sobre pobreza y medio ambiente.
La tercera consecuencia del diálogo interregional será la prioridad con que el foro interamericano (la OEA) deberá ahora considerar un problema que, como el de las migraciones, ha sido ahora postergado en el ámbito hemisférico. Luego de haber logrado escasos progreso en la redefinición del sistema de seguridad colectiva interamericana, entre otras materias, la OEA tiene, en este problema social, la oportunidad de potenciar su legitimidad contribuyendo a encontrar soluciones regionales y extrarregionales a esta problemática global. Ello requerirá el concurso de Estados Unidos (un destino prioritario de los migrantes latinoamericanos, especialmente de Centro y Norteamérica) y el consecuente requerimiento de brindar alternativas que superen a la primaria y vergonzosa construcción del muro en la frontera mexicano-norteamericana.
De esta manera, un problema planteado por una irrazonable decisión de una instancia europea puede devenir en una oportunidad trilateral que involucre a latinoamericanos, europeos y norteamericanos. Si ello ocurre, éste podría ser el mayor éxito de la política exterior peruana de los últimos años.
