El inicio del proceso de conformación de macroregiones en el norte, centro y sur del país es un hecho de la mayor trascendencia para la supervivencia y evolución del Estado. La construcción gradual de espacios orgánicos basados en complementariedades económicas, sociales e infraestructurales antes que meramente administrativas no sólo cambiará el mapa de Perú sino que mejorará los fundamentos de su viabilidad, promoverá el desarrollo y potenciará a la república si es que se logra atenuar las fuerzas de fragmentación implícitas en esa dinámica reintegradora.
La realización de esas ventajas de redefinición territorial contribuirán además a mitigar dos negativas tendencias globales: el centralismo empobrecedor y la creciente organización de megalópolis especialmente en los países en desarrollo. La primera tendencia asume que existe un centralismo sano en la medida que el Estado tenga los recursos suficientes para suministrar los bienes públicos que la ciudadanía demanda, pueda adoptar decisiones eficientes para todos, tenga la capacidad para cumplir con sus funciones básicas (resguardo territorial, ejercicio jurisdiccional, organización poblacional y una adecuada inserción externa) y el mercado articule eficientemente el territorio nacional.
Una vez comprobada la incapacidad institucional para satisfacer esos requerimientos, la disfunción centralista erosiona progresivamente al Estado como forma política de organización social. De no proceder a una prudente traslación del poder a la periferia, la toma de decisiones se atrofia, la administración de los servicios públicos se erosiona, el territorio se abandona y el mercado no adquiere la escala adecuada para operar sustentablemente. La organización de los nuevos espacios socioeconómicos y políticos que resulten del reconocimiento de ese fenómeno no sólo beneficia a los ciudadanos que lo integran sino al conjunto nacional que adquiere una nueva fundamentación.
De otro lado, los extraordinarios defectos de la tendencia global a la conformación de megalópolis debe encontrar también en la descentralización regional un contrapeso de eficiente gestión pública, creación de riqueza y arraigo poblacional. Para realizar esas ventajas es necesario constatar el hecho de la evolución creciente de megalópolis de más de 10 millones de habitantes en los países en desarrollo. Si a mediados del siglo pasado este fenómeno era prototípico de los países desarrollados, hoy se identifica más con los Estados de menor capacidad, fuerte crecimiento demográfico, explosiva migración del campo a la ciudad y pauperización del empleo. Si las oportunidades son mayores en esas ciudades, la pobreza, el subdesarrollo y la violencia se multiplican también en ellas quizás con mayor velocidad y perversidad que en el campo abandonado.
En la medida en que la organización de macroregiones contribuya a arraigar al poblador en su lugar de origen, genere mercados y espacios de orden y ofrezca mayores oportunidades que la exclusión e informalidad propias de la gran ciudad, el Estado encontrará alternativas a un desarrollo urbano hipertrofiado, anárquico y desarticulador.
Sin embargo, el proceso de construcción de esa nueva configuración espacial es tan importante como sus objetivos. En estados con fuerte tradición centralista, el proceso debe ser más lento que en aquellos donde esa tradición es menos intensa (como el caso de los estados federales que, como en México, Argentina o Brasil, no han logrado generación de desarrollo suficiente). El proceso de traslación de poder administrativo y económico debe realizarse de manera concordante con la capacidad de absorción de los nuevos núcleos regionales y con la disposición redistributiva del centro sin que éste sufra una merma tal que arriesgue la estabilidad del conjunto nacional.
Por ello es necesario evitar los excesos de las fuerzas de fragmentación que jalonan todo proceso de descentralización. Como en ciertos vecinos (y también en Europa), éstas fuerzas se orientan hacia la escisión o hacia el reclamo autonómico súbito e inviable. Si esas fuerzas exceden la capacidad sustentatoria del centro y la racionalidad del proceso redistributivo, el resultado puede ser el conflicto regional.
Para moderar esas tendencias (y también para acomodar las nuevas tendencias geopolíticas que surgirán con la redistribución territorial) no basta que las nuevas regiones se organicen de acuerdo a complementariedades efectivas y pautas técnicas para legitimarse luego mediante la consulta popular. También es imprescindible una muy fluida coordinación con el centro si lo que se desea es alcanzar nuevos niveles de viabilidad, oportunidades de desarrollo y el incremento real del potencial nacional.
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