Si el pésimo manejo del problema del gas boliviano y las fuerzas que desataron la caída del presidente Sánchez de Lozada hicieron prever una crisis geopolítica derivada del problema de la mediterraneidad del vecino (LR 3/XI/03), hoy esta cobra vigor al amparo de presidentes de países sudamericanos (el irresponsable Chávez y el carismático Lula) y altas autoridades internacionales (el prestigioso Carter y hasta el experimentado secretario general de la ONU). Sin tener seriamente en cuenta la naturaleza del problema (que es esencialmente bilateral) y la motivación coyuntural de su vigencia (encontrar un elemento de cohesión en el frente externo para aliviar el problema de viabilidad interna del vecino), estas autoridades han echado a andar una bola de nieve altiplánica sobre el Pacífico cuyo camino urge canalizar.
Para ello es necesario tener presente la posición peruana en relación a la "hipoteca" de la mediterraneidad (el problema corresponde, strictu sensu, a Bolivia y Chile, aunque el Perú apoya la justa aspiración del vecino) y su proyección inmediata (el centenario del tratado boliviano-chileno de 1904 que zanjó la problemática fronteriza entre ambos países y que algunos desean revisar). Esta posición implica que el Perú no se opondrá a una solución que pase por territorio que fue peruano siempre que se consulte su opinión (lo que supone bastante más que aceptar los términos de una propuesta ajena) y que se respete el principio de fiel cumplimiento de los tratados.
Así mismo, nuestro entendimiento de la justicia de la aspiración boliviana no proviene de las necesidades chavistas de consolidar su gobierno, letalmente cuestionado, promoviendo iniciativas que vulneran el principio de no intervención. Y tampoco se origina en la posición del presidente Lula que piensa que los tratados fronterizos del siglo XIX pueden ser ampliamente revisados en el siglo XXI. Mucho menos en la pretensión multilateralista del secretario general Annan que ofrece sus buenos oficios sin que nadie se lo pidiera y tampoco en la buena voluntad del ex presidente Carter (que, acaso desempeñando el rol del buen policía, quisiera que su Centro juegue un rol en la solución). La posición del Perú tiene un fundamento histórico, que se origina en la Guerra del Pacífico, y de solidaridad y equidad, que ve en el alivio del problema del acceso boliviano al mar, sin pronunciarse por su calidad soberana, el afianzamiento de la viabilidad del vecino, la cancelación de su inestable diplomacia pendular y la eliminación de una frustración que cuestiona esencialmente su identidad nacional.
Para que esta posición sea adecuadamente valorada y eficientemente implementada se requiere en Bolivia un gobierno sólido (que el presidente Mesa intenta construir en condiciones extremas), una ciudadanía organizada (es decir, no jalonada por fuerzas cuestionadoras del poder central y hasta abiertamente separatistas), la mitigación de liderazgos irracionales (los movimientos cocaleros e indigenistas que ven en el tema de mediterraneidad una oportunidad más para su acceso al poder) y el trato sensato de los problemas internos (como el del gas, que por haberse envuelto imprudentemente en escenario de "gran geopolítica" acaba de perder, esperemos que temporalmente, el mercado norteamericano que patrocinaba una empresa).
Estos requerimientos son fundamentales para un proceso de larga duración que necesita ser acompañado de una apertura de la agenda boliviano-chilena y de una mejora en la relación bilateral que conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas normales. El contexto en el que el proceso puede darse es el del progreso hacia la integración entre el sur del Perú, el occidente boliviano y el norte chileno que genere intereses convergentes. Este escenario es bastante distinto al de la presión externa -como el que se espera en el 2004- que puede conducir a escalar la alegada sensación de "aislamiento" chileno, a una respuesta peruana más acorde con la realidad de los hechos y a una preocupación mayor para la comunidad internacional.
