La misión diplomática peruana que viajó recientemente a Japón para esclarecer ante los funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Justicia de esa potencia los fundamentos del expediente de extradición de Fujimori, no tenía formalmente un propósito político sino técnico-jurídico. Aunque la posición oficial japonesa es la de que ese gobierno se encuentra estudiando el pedido peruano bajo la ley nipona, un vocero de su Cancillería adelantó opinión política al recordar, mientras la delegación peruana cumplía con su misión, que Japón no extradita a nacionales a países con los que no tiene suscrito tratado de extradición y que no se esperaba de la misión resultados inmediatos.
Ello motivó la protesta de la delegación peruana y luego una nota de nuestra Cancillería reiteró esa reacción implicando que la opinión política japonesa favorecería la impunidad. Es más, la Procuraduría ha anunciado que el Perú deberá acudir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya si Japón oficializa su respuesta denegatoria.
Frente a estos hechos, que muestran su ostensible dimensión política, la primera pregunta que debe hacerse Torre Tagle gira en torno a la conveniencia de continuar avalando la ficción de que éste es un caso eminentemente jurídico. Y si la respuesta es negativa, convendría indagar por la razón que amerita que el Perú continúe manteniendo relaciones diplomáticas del más alto nivel con la potencia oriental.
Nosotros ya nos hemos pronunciado, prudentemente, por la conveniencia de reducir el status de nuestra representación diplomática al nivel de Encargado de Negocios retirando a nuestro Embajador en tanto que consideramos que Japón no protege a un ciudadano japonés sino a un peruano que ha traicionado a su país y degradado la Jefatura del Estado al subordinarse, mientras ejercía el cargo, a una potencia extranjera. El gobierno de transición y el actual, sin embargo, han considerado conveniente mantener relaciones diplomáticas normales con el Japón como si Fujimori no hubiera cometido un delito de lesa patria además de los delitos de lesa humanidad y de corrupción que se le imputan.
A estos efectos, los representantes del Estado han pretendido "desfujimorizar" la agenda manteniendo este caso separado del resto de la relación. Si, en términos formales, el único sustento de esa posición consistía en la calidad estrictamente jurídica del argumento, el vocero de la Cancillería japonesa acaba de derrumbar ese fundamento. Es más, ha añadido indicios de que la potencia oriental protege a Fujimori por razones que quizás tengan que ver con antecedentes que pueden implicar al gobierno del Japón con la administración del expresidente fugitivo. Cuándo empezó esa relación de subordinación de un Jefe de Estado peruano con una potencia extranjera y qué implicancias de seguridad ha tenido ésta, es algo que el Japón debe esclarecer... y simplemente no desea hacerlo. Y si ahora comprobamos la predisposición japonesa a no atender adecuadamente el pedido peruano hecho que se suma a la acogida que grupos nacionalistas nipones brindan a Fujimori promocionándolo presidencialmente como abanderado de sus viejas virtudes imperiales lo menos que puede hacer el Estado es reaccionar con hechos políticos y no sólo con notas diplomáticas. La degradación del nivel de la relación diplomática es la medida más benigna que cabe al respecto.
Pero para ello no parece haber disposición suficiente mientras Japón dilata, con paciencia oriental, el proceso inhibiendo con ello la eficacia de un planteamiento peruano ante un tribunal internacional que hasta el fiscal español Garzón ha recomendado. Si la reacción del nuevo gabinete en la lucha contra la corrupción y el delito ha sido, en este caso, rápida (a pesar de que la misión técnico-jurídica fue preparada con anterioridad) y la protesta diplomática ha sido expeditiva, el impacto de esas medidas se puede diluir si el gobierno no adopta una posición más decidida al respecto.
Ésta no se sustenta en la bravuconería de un Estado poco influyente como el nuestro sino en la necesaria defensa de la autoridad de la Jefatura del Estado y de la capacidad de representación nacional que Fujimori enlodó al punto de que el presidente Toledo, al margen de sus propios errores, se ha visto imposibilitado de rescatar. Una acción diplomática más enérgica en este caso ayudaría enormemente a devolver a la Presidencia de la República la dignidad que se merece y al Estado una reparación necesaria.
