1 de febrero de 2022
En plena redistribución sistémica de poder evidenciada hoy en el escalamiento de conflictos (Ucrania, Taiwán) que involucran a potencias mayores, las potencias menores debieran aprovechar las oportunidades de consolidar alineamientos cooperativos que fortalezcan sus principios y maximicen su interés al menor costo posible.
Especialmente cuando ese contexto se complica con problemas de realentización del crecimiento económico global (4.4% en 2022, FMI), intensificación inflacionaria, incertidumbre financiera y cambios tecnológicos inmanejables que incrementan la vulnerabilidad de economías emergentes. Para éstas el valor de un rumbo y orientación externa clara de largo plazo se ha incrementado.
La invitación de la OCDE al Perú (y a Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía) para iniciar “conversaciones de adhesión” a esa entidad de concertación presenta esa oportunidad. Aprovecharla atenuaría la inestabilidad política y económica externas, disminuiría el riesgo país en su versión amplia y mejoraría internacionalmente el status económico del Perú mediante el anclaje de su incierto derrotero con una institución eficaz y un potente núcleo de origen occidental.
Un Estado pequeño y racional debiera dar la bienvenida a ese tipo de invitación. Especialmente cuando ésta es convergente con un interés nacional que en el Perú empezó a forjarse en 2008 al solicitar su adhesión a instancias preliminares de la OCDE (el Convenio sobre Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales). Éste se confirmó luego con la adopción del “Programa País” que, entre 2015-2017, implicaba eliminar barreras al crecimiento, mejorar la gobernanza pública, combatir la corrupción, desarrollar capital humano y proteger el medio ambiente.
Esos compromisos se basaban en la observancia de principios coincidentes (la defensa de la libertad individual, la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, el libre comercio y la economía de mercado sustentable) y en el propósito de procurar la estandarización de buenas prácticas de gobierno y de coordinación eficiente de políticas públicas.
Si Chile, México, Colombia y Costa Rica (miembros latinoamericanos de la OCDE) coincidieron en que la adopción de esos principios y compromisos servían para procurar soluciones a problemas concretos del desarrollo y a confrontar desafíos comunes, también debieran servir al Perú que ya ha declarado su interés al respecto.
Que no sea la ideología de un gobierno ineficiente ni la creciente ilegitimidad de un presidente desorientado los que priven al Estado de lograr ese interés nacional. Y menos cuando el progresivo deterioro de sus instituciones restan sustento al mercado sin término cierto.
La vinculación con la OCDE, que tiende una mano inesperada, ayudaría a evitar, en no poca medida, el camino al despeñadero.
