31 de enero de 2022
A pesar de una intensa erosión de la institucionalidad del Estado y de la inoperatividad de un gobierno que pierde legitimidad cotidianamente, un signo reorientador ha aparecido en el horizonte peruano a manos de una entidad internacional. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cuyo núcleo está formado por las principales potencias democráticas y de libre mercado del mundo, acaba de invitar al Perú a iniciar “conversaciones de adhesión” a esa entidad. En esta oportunidad esas conversaciones se sostendrán también con Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía.
La OCDE promueve, sobre la base de la observancia compartida de principios liberales (la defensa de la libertad individual, la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, el libre comercio y la economía de mercado sustentable), la estandarización de prácticas de gobierno y coordinación de políticas públicas en la búsqueda de soluciones a problemas del desarrollo y a desafíos comunes.
La observancia efectiva de esos principios y prácticas debieran poder mejorar sustantivamente la inserción del Perú en la economía y el sistema internacionales en tanto la OCDE congrega a 38 países afines nucleados en torno a las formas de gobierno occidentales. Ella ha evolucionado más allá de su origen en 1960, cuando se creó la entidad con el propósito de consolidar el trabajo de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Aquélla organización responde hoy por alrededor de 63% del PBI global.
Desde el 2008, cuando el Perú planteó su adhesión a la Declaración de la OCDE sobre Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales, ha sido interés del Estado peruano lograr la incorporación a esa entidad. Tal incorporación debió ocurrir luego de que, entre 2015 y 2017, el Perú se comprometiera mediante el “Programa País”, a eliminar barreras al crecimiento, mejorar la gobernanza pública, combatir la corrupción, desarrollar capital humano y proteger el medio ambiente en el marco institucional referido.
Lamentablemente, luego de concluido ese Programa durante el gobierno de Kuczynski, el deterioro institucional del Estado (cinco presidente si se descuente el hiato de 2019) ha sido progresivo afectando seriamente la perfomance económica hasta encontrarnos con la grave situación actual.
Ello probablemente se ha reflejado en un inadecuado cumplimiento del Plan de Acción acordado con la entidad en 2018 y en el hecho de que algunos, o la totalidad, de los 24 compromisos adquiridos por el Perú pudieran tener hoy un bajo nivel de ejecución.
Además de las prioridades de status logradas por otros países (Chile, México, Costa Rica y Colombia entre los latinoamericanos), esos incumplimientos explican también la realidad de que esos países lograran oportunamente su plena membresía mientras que el Perú iniciaría recién el último tramo de su evaluación.
Ésta debiera llevarse a cabo siguiendo una hoja de ruta ad hoc establecida por las partes si la disposición ideológica del gobierno (tan antiliberal y afín, más bien, a las pautas populistas y autoritarias de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua) lo permite.
Habiendo perdido la oportunidad de incorporación en 2018, no sería improbable que, en 2022, el gobierno no sólo se desviara más de ese rumbo, sino que lo desconociera por completo. Esa decisión atentaría contra un interés nacional manifiesto y, por tanto, los responsables deberían pagar por ello.
