El cambio del sistema global de seguridad colectiva (la ONU) será sometido a debate el 2005. La búsqueda de un nuevo consenso sobre la materia implica cambios estructurales (el Consejo de Seguridad) y normativos (prevención y confrontación de nuevas amenazas) según el informe del grupo de trabajo publicado recientemente por el debilitado Secretario General, Kofi Annan.
Aunque la modernización de un régimen de seguridad que mantiene la estructura de 1945 es generalmente reclamada, resta ver si ello es posible 14 años después de ocurrido el cambio del sistema internacional. Y si, para esos efectos, la negociación va a ser tan eficiente como la guerra en la organización de una nueva estructura de poder (un mayor número de miembros permanentes en el Consejo), el proceso que conduzca a la aprobación de los cambios por 2/3 de la Asamblea General requerirá de una voluntad universal históricamente innovadora.
En efecto, ningún cambio fundamental de un régimen de seguridad global se ha probado viable en ausencia de guerra o conflicto sistémico. En efecto, la Liga de las Naciones y la ONU surgieron de dos guerras mundiales. Y la ampliación anterior del Consejo (1963-65) o la inclusión de China como miembro permanente (1971) no alteró la equivalencia entre el núcleo de cinco estados con poder de veto y los miembros permanentes del Consejo.
Hoy los requerimientos de una mayor legitimidad y representatividad para el Consejo reclaman esos cambios expresados en mayor membresía. Para producirlos, en el ámbito de los permanentes, el grupo de trabajo sugiere que los criterios sean los de representación regional, participación en el mantenimiento de la paz internacional y contribución económica. El problema al respecto es que los candidatos conformarán un nuevo grupo de poder (miembros permanentes pero sin veto) que requiere reconocimiento implícitamente jerárquico y definitivo por los futuros subordinados. Dado que la fricción aquí puede ser insuperable, quizás lo mejor opción sea la incorporación de miembros semi-permanentes (electos por 4 años en lugar de los 2 que corresponden a los no permanentes).
De otro lado, los cambios normativos no requieren modificación de la Carta de la ONU pero sí un nuevo consenso en torno a las nuevas amenazas (económicas y sociales, conflictos internos, armas de destrucción masiva, terrorismo y crimen trasnacional organizado). Éste debe congregarse en torno a la prevención de esos conflictos (el desarrollo es reconocido como el mejor instrumento) y al uso preventivo de la fuerza. El desafío global consiste aquí en evitar que los conflictos distantes se tornen inminentes y que los inminentes no devengan en destructivos. El uso anticipado de la fuerza, que no requiere alterar el artículo 51 de la Carta según el informe, sí reclama criterios compartidos para su empleo: ser el último recurso frente a una amenaza seria, uso proporcional, propósito adecuado y correcta evaluación de las consecuencias. La intervención del Consejo de Seguridad para autorizar el uso de la fuerza, sin embargo, no satisfará aquí a quienes piensan que la legítima defensa no debe ser institucionalmente limitada ni a los partidarios de la regulación extrema de esa potestad.
La comunidad internacional está en el deber de encontrar el consenso adecuado para estos cambios si desea una modificación pacífica y eficiente del régimen de seguridad colectiva global.
