6 de febrero de 2006
Un ciclo desestabilizador del Medio Oriente y de la vinculación de esa región con Occidente se ha consolidado. Una combinación de elementos electorales, ideológicos o “culturales” y de seguridad ha ayudado a establecerlo.
Como es evidente, estos elementos son la elección del Hamas en Palestina, la violenta reacción musulmana a la publicación en Europa de caricaturas culturalmente ofensivas y la renovada disposición iraní a generar proliferación nuclear. En tanto estos elementos se retroalimentan entre sí, deben ser considerados como interrelacionados. Por tanto lo pertinente es neutralizar los vínculos que intensifican su gravedad y atacar cada problema en su especificidad. Para ello es necesario evitar tanto el sobredimensionamiento diplomático de los graves acontecimientos (por ejemplo, el anuncio de los jefes de gobierno de España y Turquía en torno a la pérdida de control sobre los hechos no ayuda) como la infravaloración de la relación entre éstos. Y si en su interrelación ha habido algún tipo articulación predeterminada, éste es asunto que deberá resolverse luego para dar prioridad a las medidas de urgencia que deben adoptarse (por ejemplo, una eventual declaración conjunta de la Unión Europea y la Liga Árabe como la que ya se anuncia). En relación al primer punto debe tenerse claro que, si bien la reacción en cadena que ha generado en el mundo musulmán las irresponsables caricaturas de Mahoma agudiza la tensión con los miembros de Occidente, no puede colegirse de ello que hayamos ingresado a una nueva fase del “choque de civilizaciones” o que, en menor escala, se haya agudizado irremediablemente el conflicto intercultural existente. Llegar a esa conclusión implicaría asumir de que el escenario de conflicto civilizatorio ha adquirido una dimensión material en torno a principios y valores de carácter ilimitado. Si ese fuera el caso, estaríamos al borde de la confrontación total y esto no es así. Si bien las protestas se han esparcido por el mundo musulmán cubriendo desde Siria y Líbano hasta Indonesia, éstas no han adquirido una dimensión masiva y parecen en su mayoría siempre lideradas por núcleos o grupos de identificación aún desconocida. De otro lado, los hechos ofensivos no han sido generados ni apoyados por las sociedades occidentales ni por sus gobiernos sino por medios periodísticos particulares cuyos insensibles directores han hecho uso de las tecnologías de información globales pero han preferido no medir las consecuencias de sus actos.
De allí que todos los gobiernos occidentales involucrados hayan reconocido, con diferentes matices, que las pésimas caricaturas son, en efecto, ofensivas e irresponsables por la referencia teocrática pero que no ameritan una disculpa estatal porque estos gobiernos no coactan la libertad de prensa ni de expresión (lo que no es lo mismo que éstos deban establecer un frente común de choque en defensa de estos principios como pretenden algunos). Y menos lo harán cuando, como en el caso de Dinamarca y Noruega, las embajadas de estos países han sido violentadas sin que los gobiernos donde están establecidas hayan tomado las medidas preventivas adecuadas. El argumento diplomático de estos Estados puede elaborarse más, pero no admite retroceso. Sin embargo, una vez establecido el punto, los gobiernos occidentales no pueden argüir que no tienen responsabilidad por el abuso de los derechos estatalmente tutelados por los ciudadanos que lo ejercen.
Si la definición de un Estado de Derecho se estructura en función de los derechos y obligaciones correspondientes de sus titulares, los Estados tiene la obligación de identificar esas obligaciones e identificar las responsabilidades por su incumplimiento. Si en Dinamarca, Noruega o Francia no hay normas, estatales o gremiales, que las señalen, entonces esos gobiernos no ejercen bien sus funciones liberales. Y menos cuando el ejercicio desmedido de esos derechos por unos cuantos generan riesgo e inseguridad al conjunto de la sociedad. Así el canciller de Dinamarca tiene razón cuando afirma que no puede disculparse por el ejercicio derechos básicos de sus ciudadanos. Pero hierra cuando no dice mucho sobre las limitaciones de esos derechos especialmente cuando la inobservancia de las mismas generan inseguridad nacional e internacional. Para proceder a controlar la crisis y evitar que se vuelva a producir, este vacío debe ser superado. Y para que la cooperación que puede suscitarse al respecto entre parte de Occidente (la Unión Europea) y parte del mundo musulmán (la Liga Árabe) este asunto debe ser tratado. De otro lado, la crisis producida en enero por la decisión iraní de suspender el trato con la Agencia Internacional de Energía Atómica y de reanudar investigaciones que podrían orientarse al enriquecimiento de uranio (material que puede ser empleado bélicamente) se ha complicado con la decisión de la AIEA de llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU.
La resolución de la AIEA es tan apropiada como necesaria. Es apropiada porque ese organismo internacional ha llevado un caso que afecta la seguridad internacional (la proliferación nuclear en un contexto de violación de acuerdos entre Irán y la AIEA y de vulneración de entendimientos y negociaciones con los representantes de la Unión Europea -Francia, Alemania y el Reino Unido-) al organismo competente para ver estos casos (el Consejo de Seguridad). Y lo ha hecho sobre la base de una mayoría abrumadora de sus miembros (29 a favor, 5 abstenciones y 3 oposiciones) incluyendo a la totalidad de los miembros permanentes del Consejo. La legitimidad de esa decisión deriva además del incremento de la disposición cooperativa entre los miembros del Consejo de Seguridad que se había rehabilitado sólo parcialmente a propósito de la reconstrucción de Irak. Aquélla queda aún más fortalecida en tanto que una solución patrocinada por Rusia (enriquecer en ese país el material nuclear requerido por Irán sólo para fines pacíficos con el patrocinio de la AEIA) ha sido apoyada por Estados Unidos dejando la puerta abierta para la cooperación con otras potencias (aunque no está claro si la intención norteamericana es producir el material nuclear a través de un consorcio interestatal o hacerlo bajo las órdenes o supervigilancia de la AEIA). Es cierto que esta alternativa genera inconvenientes que deberán evaluarse más adelante (por ejemplo, la formalización de una clase de Estados que, siendo nucleares, deciden a quién prestan colaboración y a quién no lo que inducirá, eventualmente, una mayor jeraquización del poder). Pero, de momento, es una solución sensata para tratar una crisis que, por la influencia y el status iraní, es mayor que la que produjo Libia (ésta fue resuelta cuando ese país decidió, en el 2003, abandonar, de manera transparente, toda aspiración de enriquecer uranio por su cuenta). La utilidad de esa alternativa cobrará aún más importancia negociadora mientras el Consejo evalúa la materia bajo el capítulo VII de la Carta que procura medidas coercitivas contra Estados que persistan en generar amenaza o inestabilidad internacional.
Irán, según la AEIA, es ahora uno de esos Estados en tanto su programa nuclear no es transparente, genera incertidumbre y es doloso (hecho sustentado por la AEIA en un documento indicativo de que Irán está dispuesto a enriquecer uranio que puede tener destino militar). Por ello la decisión de la AEIA de llevar el caso al Consejo de Seguridad ha sido necesaria. Los fundamentos de esa necesidad se incluyen en el reporte de la AEIA cuya credibilidad internacional está fuera de discusión (la votación mayoritaria así lo indica y el premio Nobel ganado el año pasado por su Director General, Mohamed El Baradei, la avala). A pesar de ello, hoy nadie desea establecer medidas coercitivas contra Irán a raíz de la experiencia iraquí y de las consecuencias aún más conflictivas que éstas podrían acarrear. Por lo tanto, se ha abierto hasta marzo un tácito plazo de negociación que Irán debe aprovechar. De no hacerlo el Perú, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad deberá estar listo para cumplir con sus responsabilidades de acuerdo a su interés nacional y al de la comunidad internacional. La tarea no será fácil porque de los tres miembros que votaron contra la resolución de la AIEA dos son latinoamericanos: Cuba y Venezuela. En tanto estos dos Estados desean traer a la región la problemática del Medio Oriente (en este caso, el conflicto ideológico y estratégico musulmán con “Occidente”), la responsabilidad del Perú será todavía mayor.
