El acuerdo que desea terminar con la agresión de las FARC en Colombia ha culminado en Oslo con la merecida entrega del premio Nobel de la paz al Presidente Santos. Pero el reconocimiento de ese logro cuyo complejo proceso recurrió, con exageración, al pragmatismo ha terminado con la exaltación anticipada de la paz y de un disfuncional idealismo.
El vértigo final que arrastró ese acuerdo llevándolo del fin de su compleja negociación a su recusación por referéndum, a la comunicación noruega sobre la concesión del Nobel, al replanteamiento del acuerdo, a su refrendación por el Congreso y finalmente al reconocimiento internacional ha sido determinante en el tránsito colombiano desde una actitud cautelosa sobre lo que queda por hacer hacia la mistificación imprudente.
Quizás ese acuerdo recoja, efectivamente, la síntesis de todos los que le procedieron como dijo el Presidente Santos en Oslo (incluyendo la muy difícil decisión de legalizar la denominada justicia transicional) pero no ha terminado aún con el conflicto ni convierte a Suramérica en una consolidada zona de paz.
En lugar de ese escenario idealizado por el Presidente queda aún en Colombia la muy riesgosa tarea de implementar el acuerdo. Además de implicar ésta sustanciales cambios políticos y normativos que se realizarán por la “vía rápida” en un Congreso que no refleja necesariamente el resultado del referéndum, quedan por atender muy serios problemas de adaptación de las partes a la nueva realidad que puede complicar aún el resultado del acuerdo.
Al respecto Colombia ya ha experimentado la violencia ejercida por paramilitares contra políticos del M-19 en la década de los 90 sentando un precedente de lo que aún puede ocurrir con ex –terroristas conversos.
Además debe tomarse en cuenta el fenómeno de la remanencia que se observa cuando el agresor presuntamente redimido no encuentra forma segura de reincorporación social o simplemente otorga mayor valor a la actividad ilegal que a la ciudadana. De ese proceso surgen las bandas armadas que engrosan el crimen organizado. La violencia que éste ejerce en escala superior tiene en el narcotráfico su nirvana.
Es esperable que un número apreciable de ex -terroristas ejerzan esa opción incumpliendo un acuerdo que pacta el abandono del narcotráfico y la declaración de beneficios obtenidos por medios ilícitos. La subsistencia de la violencia consecuente no cabe en el cuadro pacifista que ha dibujado el Presidente Santos en Noruega.
Mucho menos si esos agentes presionarán las fronteras de vecinos donde encontrarán socios con los que han desarrollado redes a escala regional y global (JM). Ello incluye al Perú pero también a escenarios de inmensa conflictividad política y social como Venezuela.
Si la suscripción del acuerdo para la terminación del conflicto en Colombia no implica la cancelación de la amenaza no convencional en ese país ni en sus vecinos la afirmación de que Sudamérica ya es una zona de paz es, por paralizante, anti-estratégica. El Presidente Santos no debe bajar la guardia.
