Un desastre natural, como es evidente, es un problema de seguridad. Aun considerando que su desarrollo catastrófico es imprevisible, la convivencia natural con su eventual ocurrencia a lo largo de miles de años de historia haría suponer que nuestro instinto de supervivencia habría contribuido a desarrollar mejor nuestros mecanismos de defensa. En la costa del Océano Indico, como lo ha puesto fatalmente en claro el maremoto navideño, éstos han fallado.
En efecto, la ausencia de medidas de seguridad adecuadas en una zona golpeada por otras calamidades ambientales muestra que el instinto de supervivencia está fuertememente limitado por muy humanas dosis de irracionalidad. Éstas se han reflejado en completa imprevisión en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia revelando una inadecuada evaluación del riesgo de un área geológicamente inestable (Sumatra es una isla de catastróficos antecentes).
De otra manera no se entiende que en una cuenca, como la del Océano Índico, golpeada frecuentemente por desastres naturales no posea mecanismos de alerta de anormalidades marítimas que sí existen –aunque de manera limitada- en el Pacífico. Y tampoco que, una vez detectado el peligro por las estaciones existentes (incluyendo centros de monitoreo de pruebas nucleares) no se haya comunciado apropiadamente la ocurrencia del terremoto generador. Ni que los mecanismos de la denominada globalización (comunicaciones instantáneas) no hayan funcionado conforme el desastre progresaba de costa en costa sino una vez que el cataclismo quedó consumado. Recién entonces centros de información y medios, estimulados también por la afectación de nacionales de 12 países desarrollados, soltaron la alarma.
Si los países afectados del Océano Índico no pudieron comunicar el desastre en desarrollo y los que enviaron a sus ciudadanos no contaban con información sobre el potencial de daño que un terremoto en el lecho oceánico puede producir, estamos en el lindero de un acto de imprudencia colectiva. La imprevisibilidad de la catástrofe natural excusa la imprecisión de medidas preventivas, no su completa ausencia o la inhibición de su activación.
Es claro que un cataclismo acarrea siempre una letal carga de sorpresa. Pero ésta puede ser disminuida si la tecnología y las capacidades humanas existentes están responsablemente alertas a los peligros que acarrea el desafío de la naturaleza.
Lamentablemente, la disposición de medios y predisposición política requeridos para lograr adecuados niveles de seguridad (incluyendo la ambiental) parecen estar hoy ausentes. En todo caso, están bastante disminuidos, especialmente a la luz de la concentración de los mismos en la lucha contra el terrorismo.
En efecto, estos niveles de alerta han descendido desde el fin de la Guerra Fría. De un lado la apertura de mercados, al levantar bruscamente las barreras a la circulación de bienes y servicios, –entre ellos al turismo- no ha cuidado que los actores estén adecuadamente preparados para atender los problemas de seguridad consecuentes. De otro, la complejidad que hoy se atribuye al tema de seguridad en un contexto de ausencia de prioridades bien identificadas complica la adecuada distribución de recursos que deben ser destinados al combate de amenazas específicas.
Por lo demás, la percepción del peligro que tales amenazas presentan cuando éstas se manifiestan bajo condiciones de desaprensión, suelen llevar a sobrereacciones como las que hoy ocurren en Estados Unidos a propósito del control del terrorismo, generando ineficiencias en la confrontación de otros problemas e inhibiendo una adecuada cooperación en esas áreas. Tal sobrereacción es alimentada, a la vez, por la incapacidad de los gobiernos para ponerse de acuerdo en qué y cómo actuar cuando el escenario no ha sido todavía enrarecido por el impacto de la amenaza. Esperamos que una eventual sobrereacción de los países desarrollados más afectados por el desastre ocurrido –como podría ser la exclusión de ciertos países en desarrollo como destino turísitico- no suceda.
No pretendemos con estas reflexiones imputar responsabilidades sin fundamento. Y tampoco plantear la posibilidad de que los individuos y los Estados puedan vivir en ausencia de peligro y riesgo. No sólo estos dos factores son estimulantes del comportamiento humano, sino que pretender su supresión a favor de una utopía de seguridad absoluta es irracional y peligroso porque es imposible y porque ésta lleva implícita la inseguridad de los demás. Lo que se propone es algo bastante más modesto y practicable: la activación sensata de los mecanismos de seguridad disponibles para la prevención de amenazas globales (como son las catástrofes naturales, entre otras), la confrontación oportuna del peligro, la reducción del riesgo y la efectiva recuperación de lo afectado.
Para la catástrofe ocurrida en el Oceáno Índico la cooperación de grandes potencias (Estados Unidos, Australia, Japón e India), de organismos internacionales (la ONU, la Cruz Roja y similares), de países directamente afectados y de ONGs se ha activada postfacto. Los países suramericanos del Pacífico podemos y debemos contribuir.
Pero más importante será que Perú, Chile, Ecuador y Colombia, cuyos plataformas marinas tienen actividad sísmica permanente, puedan organizarse para la prevención de desastres, el establecimiento de mecanismos eficientes de alerta temprana y de control eficaz del daño a la brevedad posible. El ejemplo de lo que no se debe hacer acaba de ocurrir en India, Indonesia, Tailandia y Sri Lanka. La cooperación que deba generarse al respecto debe ser específicamente orientada a la naturaleza del problema de manera que su eficacia no sea disminuida por las ineficiencias de propuestas utópicas e insustentables (como las de “seguridad integral” que nuestros gobiernos pretenden establecer burocráticamente en la OEA).
Que el 2005 sea para los suramericanos del Pacífico un año de disposición a actuar en materia de seguridad -incluyendo especialmente el campo de los desastres naturales- y de cooperación con los afectados. De desapensión ya tenemos bastante.
