23 de mayo de 2022
A pesar de las alertas de la Secretaría General de la ONU, del FMI y de otros organismos multilaterales sobre los inmensos riesgos económicos globales -específicamente, los que afectan a los países desarrollados- generados por el conflicto en Europa del Este, los analistas en los países beligerantes parecen “autocentrados”.
En efecto, sus preocupaciones van desde la definición del conflicto (¿se tratada de una agresión o una guerra?, ¿es una guerra proxy?, ¿cómo calificar a las “operaciones militares” rusas?) pasando por un replanteamiento del rol estratégico de la Unión Europea y la OTAN, las nuevas alianzas, el liderazgo en un nuevo orden mundial y los efectos económicos del conflicto en las economías desarrolladas.
En relación a este último punto, si el precio del petróleo y de productos básicos aumentan conforme se deterioran las denominadas cadenas productivas y logísticas, el resultante inflacionario parece ser asunto que espanta más a los consumidores e inversionistas de las grandes locomotoras de la economía global.
Si esta preocupación es sesgada, es bien real. La atención brindada a la fuerte caída de los papeles que se transan en los principales mercados de valores, a la volatilidad de los rendimientos en los mercados de bonos, al incremento de intereses por el FED o al aumento de las primas de riesgo son asuntos que los decisores parecen plantearse en términos centrípetos.
Si estamos frente a la inminencia de una estanflación global o a un cambio de tendencia de largo plazo en los mercados bursátiles es asunto que los actores en esos mercados parecen considerar en lo que les toca mientras la atención en los demás (digamos, los “periféricos”) no preocupa demasiado. Finalmente, éstos miran y asumen las consecuencias.
No planteamos esta evidencia como una muestra más de las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo reiterando los escenarios del siglo pasado. Mucho menos cuando una buena mayoría de los países en desarrollo respaldaron la condena de la agresión rusa contra Ucrania en los primeros días de marzo pasado. Lo hacemos de cara a la evidencia de que la brecha entre unos y otros se va ampliando tal como se van incrementando las brechas sociales dentro de cada una de las pequeñas y medianas economías afectadas por la crisis bélica de Europa del Este.
Tampoco es éste un reclamo suplementario si se considera que las instituciones multilaterales globales (el FMI, el BM) y regionales (el BID) sí están al tanto de la problemática y, en consecuencia, han establecido o fortalecido las “facilidades” de asistencia que, con mayor o menor suficiencia, debieran ocuparse de la mitigación de la crisis (uno de los mecanismos concernidos tiene compromisos de financiamiento por US$ 400 mil millones).
Pero no es esta preocupación la que aparentemente prevalece o destaca. En efecto, según la Secretaría General de la ONU, UNCTAD y el Grupo de Respuesta Global a la Crisis (Global Crisis Response Group) creado por la instancia que dirige Antonio Guterres esos compromisos financieros son reales pero no están operativos. Pero el hecho no recibe gran atención.
Ello a pesar de que movilizarlos es asunto de la mayor urgencia a la luz de la magnitud de la crisis. Ésta es ya definida por la UNCTAD como una “tormenta perfecta” conformada por la interacción destructiva de las crisis alimentaria, energética y financiera. Alrededor de 107 países ya son fuertemente vulnerables a por lo menos un extremo de esta crisis tridimensional mientras que 69 economías nacionales están expuestas a las tres dimensiones de la misma.
Esa apreciación no proviene de una investigación descontextualizada. Se da en el marco del diagnóstico de la economía global que sistemáticamente produce la ONU. Y éste constata una desaceleración global de 4% (enero) a 3.1% para el año con Estados Unidos cayendo de 5.7% (2021) a 2.6% mientras China y la Unión Europea se ralentizan en 0.7% y 1.2% a 4.5% y 2.7%, respectivamente. Con las locomotoras del crecimiento perdiendo energía los países en desarrollo pierden sustentabilidad en el rango que va de 6.7% (2021) a 4.1% este año mientras América Latina pasa de 6.6% en 2021 a 2.1% ahora.
En ese contexto la inflación promedio global será de 6.2% (vs 2.9% en el período 2010-2020, mientras la inflación latinoamericana se aproximaría al 14% en el año). En ese escenario las salida netas de capital en las economías emergentes se aceleraran (en el Perú han fugado US$ 16 mil millones en el último año -Gestión-) mientras se incrementa el costo del financiamiento y se contrae el espacio fiscal especialmente para los importadores netos de alimentos y energía.
Sin duda que los países liberales del área (o lo queda de ellos) seguirán respaldando a Ucrania y sus asociados (especialmente si la guerra se sigue escalando). Pero, de manera paralela, el financiamiento multilateral disponible para atajar una crisis no causada por los países en desarrollo debe materializarse. Si para ello se requiere una solución global como plantea el Secretario General de la ONU ello también reclama una mayor atención global a la problemática. Empezando por la próxima Cumbre de las Américas.
