23 de febrero de 2006
Todo cambio de circunstancias tiende a suscitar una alteración del comportamiento. Este lugar común es más visible entre vecinos especialmente cuando, en uno de ellos, el cambio interno domina su proyección externa. Si ello no ocurre se podría concluir que la estabilidad de la relación bilateral es tan intensa que la continuidad de trato equivale a solidez vinculante. Y que ésta ha alcanzado una madurez impermeable al cambio interno. No nos parece que este sea el caso de la relación peruano-boliviana. Como es notorio, Bolivia vive una etapa de cambios sustanciales cuya referencia se puede ubicar entre la revolución del MNR a principios de los 50 y la reforma liberal de mediados de los 80. Por tanto, su comportamiento vecinal (en este caso, el que se refiere al Perú) debiera haber cambiado en sustancia. Pero la reciente visita del Canciller David Choquehuanca no ha evidenciado ninguna innovación al respecto. Sin embargo de ese hecho no se puede concluir que la relación peruano-boliviana sea tan estable y sólida como lo que la ausencia de cambios quisiera indicar.
En efecto, la Declaración Conjunta suscrita por los cancilleres Maurtua y Choquehuanca califica la relación bilateral como “buena” en alusión que quisiera referir continuidad. Pero si diplomáticamente ese indicador no es el mejor, la evidencia muestra que la relación ha sufrido más bien un cambio negativo: ésta no escapa aún a la retracción que padece desde que, en el 2003, se desató la crisis interna en Bolivia ( a pesar de los esfuerzo realizados en el 2004). Y también indica que las expectativas de mejoría son modestas (todo lo contrario se espera próximamente de la relación boliviano-chilena). Ello se deduce de un simple hecho: el contraste entre el simbolismo que quiso atribuirse a la circunstancia de que el Perú fuera el anfitrión de la primera visita oficial realizada por el Canciller Choqueuanca a algún Estado y la infertilidad de sus resultados. Antes que un gran acontecimiento diplomático derivado de una nueva actitud de las partes o de un renovado diseño, ésta pareció, más bien, una visita de trabajo que intentó reanimar una agenda adormecida y que careció de las formas y contenidos de un gran relanzamiento.
En efecto, la Declaración Conjunta así lo confirma: si en algún momento el relanzamiento ocurrirá, éste no será necesariamente innovador y, en todo caso, se dará luego de que el Congreso peruano apruebe el Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado Común. Aún así la “integración profunda” peruano-boliviana no dependerá de un visto bueno parlamentario (que el lado boliviano ya otorgó) sino de la real disposición de las partes a promover el pleno y libre intercambio de bienes, servicios, personas y capitales y a coordinar políticas económicas que, a la luz de las orientaciones de los respectivos gobiernos y de su situación de desarrollo, será difícil lograr. Si ese objetivo condicionante es elusivo, entonces el relanzamiento será tan complejo como irreal. Especialmente si la relación peruano-boliviana vuelve a ser, por enésima vez, una función de la relación boliviano-chilena. La posibilidad de que ello ocurra no sólo es ya evidente (el presidente Morales ya ha establecido las prioridades al respecto al replantear el problema de la mediterraneidad en la agenda con Chile y ha recibido, en principio, una predisposición positiva) sino que tampoco será lejana en el tiempo: lo podremos ver quizás en marzo próximo cuando el presidente Morales concurra a la toma de posesión de la presidente Bachelet. De otro lado, mucho dependerá de la influencia que ejerza en la relación vecinal la prioridad de trato otorgada por el gobierno de Bolivia al gobierno de Venezuela (cuestión que podrá medirse mejor después de las elecciones generales de abril en el Perú). A la luz de estos condicionamientos –y a la espera de su decantación- quizás sea mejor para ambos países que la visita del Canciller Choquehuanca sólo haya resultado en el replanteamiento formal de una agenda de trabajo. Si ello es así lo importante es que ésta se active lo mejor posible hasta que llegue el momento de tratar su condicionante mayor: el mencionado problema mediterráneo.
Esa dinamización, sin embargo, no debiera ser uniforme. En efecto, mientras viejos proyectos, como el de atención fronteriza conjunta –el CEBAF-, deben concluirse de inmediato para no generar más descrédito derivado de una ridícula y longeva dilación burocrática , otros, como la redefinición de propósitos de la institución binacional que maneja la cuenca del lago Titicaca (ALT), deben conducirse con el mayor cuidado. Teniendo en cuenta que el ALT es quizás el más exitoso y moderno ejemplo de la integración fronteriza peruano-boliviana, es necesario preservar su naturaleza: el manejo técnico de un problema técnico. En tanto la incorporación de un capítulo de desarrollo social es indispensable en la zona, éste no debe incorporarse al ALT porque someterá a esa institución a múltiples presiones. Para tratar la problemática social del área con la eficiencia y urgencia necesarias sin destruir lo logrado es necesario que ese desarrollo se oriente por canales distintos. De otro lado, el carácter estratégico de la relación vinculado a las zonas francas bilateral deberá redefinirse. Si las zonas francas industrial y de playa concedidas a Bolivia conformaron, junto con la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz, los acuerdos de Ilo de 1992 que establecieron la “relación especial” entre ambos países, el hecho de que la nueva ruta no esté dando los resultados esperados y que las zonas francas no hayan sido utilizadas por el interlocutor a lo largo de 14 años, obliga a replantear el carácter concedido a esa relación a menos de que Bolivia haga uso efectivo de esas facilidades. Ello no puede ocurrir, sin embargo, en una simple agenda de trabajo.
Y menos cuando la reactivación supone, en este caso, decisiones bolivianas de fuste en circunstancias complejas derivadas de los acuerdos del 2004. Al respecto es necesario que el gobierno del señor Morales defina su política de exportación gasífera con la mayor transparencia. Pero lo que no puede hacer el Perú es convertirse en espectador de eventuales negociaciones boliviano-chilenas que involucren ese recurso en función de una eventual solución del problema de mediterraneidad boliviano. Sin embargo, como éste se planteará de todas maneras, es necesario que el Perú tenga una respuesta en lo que le toca. Si la posición es no obstaculizar la aspiración boliviana, ésta deberá definirse también en función de la solución prioritaria de la controversia de límites marítimos peruano-chilena. Siendo éste un tema estratégico, escapa a una simple agenda de trabajo. Por tanto, la necesidad de que Bolivia decida cómo piensa emplear las zonas francas debe enfocarse también de una manera más operativa. Ello involucra el esfuerzo conjunto de integración de redes eléctricas que, si bien no resuelve el conjunto de la complementación energética, sí satisface necesidades a ambos lados de la frontera añadiendo valor, a poco costo, a la relación bilateral sin involucrarse en el gran tema de la reivindicación marítima boliviana.
En esa misma perspectiva, deben buscarse mecanismos prácticos para estimular el tráfico comercial a través de la red vial existente y del programa IIRSA: si Perú y Bolivia desean profundizar la integración, la mejor articulación de los puertos del sur del Perú con Santa Cruz debe ser una prioridad por lo menos equivalente al incremento del intercambio entre el altiplano peruano-boliviano y el Pacífico. La potenciación de Ilo y de Matarani (a la que no ayuda necesariamente el proyectado megapuerto deTacna) y la realización de proyectos de desarrollo a lo largo de la ruta son fundamentales al respecto. Los proyectos de integración fronteriza, a los que debe otorgarse un fuerte contenido social, deben incorporar este ingrediente esencial.
Finalmente, si la agenda peruano-boliviana se plantea en serio la lucha contra el contrabando, es necesario mostrar resultados a la brevedad posible (los US$ 600 millones que se trafican entre Iquique y Puno no están tan lejanos del alcance de las autoridades). Pero éstos deben ser complementados con la lucha conjunta contra el narcotráfico en la zona. Si Bolivia adopta una determinada política que inhibe la erradicación, deberá intensificar su labor de interdicción con la cooperación peruana. En una frontera porosa como la peruano-boliviana éste acápite, que no figura en la Declaración Conjunta, es fundamental para sanear una agenda que puede ser erosionada por el crimen organizado. He aquí un requerimiento inmediato para que la continuidad de la relación peruano-boliviana recupere la solidez real que la Declaración Conjunta diplomáticamente asume.
