Bajo condiciones de tensión las variables que influyen en la política exterior tienden a incrementarse desorganizando su gestión. En ese escenario los elementos objetivos de la agenda pueden ser superados por los elementos subjetivos de los comportamientos (p.e. distorsiones perceptivas o descomposición del clima de opinión).
Si un Estado desea impedir el escalamiento de la tensión entonces debe controlar mejor los factores objetivos que generan fricción, mantener estables por lo menos los que producen complementariedades y neutralizar los factores emocionales que impidan una conducción racional de la relación si se desea que ésta no empeore.
En el marco del contencioso peruano-chileno que la Corte Internacional de Justicia debe resolver, Perú y Chile han intentado, en términos generales, estabilizar los elementos objetivos de la relación bilateral mediante las políticas de “cuerdas separadas” en un caso y de “relaciones inteligentes” en el otro.
Sin embargo, las partes no han manejado bien los elementos subjetivos de ese vínculo. La erosión consecuente se ha producido, entre otros factores, por el excesivo recurso retórico empleado por autoridades de los dos países. Ello ha contribuido a incrementar el mal clima mediático entre las partes y azuzado la animosidad que se instala en esos instrumentos de opinión cuando los elementos de soberanía están en juego.
En este contexto de mal empleo de los ingredientes subjetivos de la política exterior, era necesario que las partes impidieran que nuevos elementos materiales incrementaran el clima de tensión. Pero en el caso chileno ha ocurrido exactamente lo contrario. Primero con el desarrollo de maniobras multinacionales que planteaban un escenario hipotético que definía al Perú como amenaza inminente sujeto a respuesta militar. Segundo, con la infiltración de una de las instituciones militares peruanas por las chilenas (si este inaceptable acto hostil ya ocurría debió ser suprimido oportunamente por Chile y castigado rápida y ejemplarmente por el Perú).
Por lo demás, éste no puede justificarse reiterando la burda excusa de que el espionaje es moneda corriente entre los Estados o alegando que los niveles de corrupción, mayores en un país y menores en otro, hacen inevitable el espionaje. Y menos cuando las reuniones entre altos mandos de ambas fuerzas armadas peruanas y chilenas procuraban rescatar la confianza erosionada entre las respectivas instituciones en el marco del escenario de la controversia marítima.
Esta situación ha generado un cambio en el centro de gravedad de la relación peruano-chilena que no ha encontrado aún un nuevo punto de equilibrio. Para que éste se produzca, Chile debe dar muestras de que comprende el problema creado por la intrusión y que se propone atenuar sus consecuencias.
Ello no ha ocurrido adecuadamente en la nota chilena que responde a la nota de protesta peruana. Aunque el rechazo al contenido de ésta por aquélla esté compensado por la expresión de la voluntad chilena de investigar los hechos la imprecisión en los términos de esta última mantiene sin solución el problema.
Si bien éste puede ser un primer paso contextualizado por las declaraciones públicas del Canciller chileno que tienen evidentes elementos conciliatorios, éstos se refieren más bien a la relación económica y social peruano-chilena. No al problema de seguridad creado.
Y es éste el que hay que resolver en su dimensión de corto plazo. Aunque el Perú no ha establecido un término para que ello ocurra, éste puede encontrarse en el propio proceso político chileno: las elecciones presidenciales del próximo 13 de diciembre. Si las autoridades chilenas no producen un resultado aceptable antes de que aquéllas se realicen, la relación podría complicarse hasta después de la segunda vuelta en enero y, eventualmente postergarse hasta que un nuevo Jefe de Estado asuma el poder en el vecino.
Si para entonces esa conducta inercial continúa, el ambiente de la relación bilateral se complicará hasta la solución del contencioso por la Corte Internacional (como lo ha sostenido un candidato presidencial chileno) en un contexto regional inestable.
Al margen de los desarrollos diplomáticos propios de la evolución de la situación (p.e., la oportunidad del retorno del embajador del Perú a Santiago), el Perú debe procurar construir dos instrumentos preventivos: promover con Chile un modus operandi para gestionar la relación hasta que la Corte emita sentencia e incrementar nuestras capacidades hasta que éstas logren eficacia disuasiva.
Ello brindará un mejor piso a las relaciones económicas y sociales (que algunos actores pretenden autónomas del conjunto de la relación bilateral), estimulará comportamientos menos irracionales de la parte chilena y agregará consistencia material a la arquitectura precaria de la relación bilateral. El interés nacional quedará entonces mejor protegido y la estabilidad bilateral mejor fundamentada.
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