La delimitación marítima con Chile es un interés nacional primario de razonable y justiciero sustento que debe poder ser discutido y resuelto con el vecino. El planteamiento público del mismo no debe, sin embargo, ser entorpecido mediante una diplomacia estridente que desborde los canales institucionales establecidos ni por una actitud militar ambivalente que teme la búsqueda del equilibrio estratégico.
La necesidad de formalidad en el planteamiento de la reivindicación peruana es doblemente necesaria si se tiene en cuenta que ésta recién se ha hecho pública en el ámbito nacional después de suscritos, en 1999, los acuerdos que pusieron fin a los asuntos pendientes del Tratado de 1929. El oscurantismo con que se trató la materia de la delimitación a partir de 1986 y la inestabilidad de nuestro entorno inmediato torna irracional el súbito recurso a una mal entendida "diplomacia pública" que está derivando en informalidad desenfrenada.
Más aún, el ámbito jurídico-diplomático no puede ser debilitado si la naturaleza de la materia en discusión tiene ese mismo carácter. Si la declaratoria unilateral de 200 millas de 1947 indicó como límite referencial con el vecino el paralelo correspondiente sujeto a revisión según aparecieran nuevos estudios e intereses, si en 1952 (la Declaración de Santiago) la referencia al paralelo delimitatorio sólo comprometió a Ecuador y no a Chile, si en 1954, los acuerdos que hicieron referencia al paralelo fueron funcionales antes que sustantivos orientados a establecer un régimen de seguridad para la pesca artesanal y si en 1982 el Perú no suscribió la Convención del Mar (como no lo ha hecho todavía) que norma la delimitación marítima entre Estados contiguos, pues la sensible argumentación correspondiente no puede ser inhibida o sustituida por el estruendoso reclamo mediático. Menos aún si se desea destrabar la agenda positiva peruano-chilena.
Al respecto, la Cancillería debe cuidarse muy bien de respetar los muy reales límites entre la política interna y externa. La percepción de que ambos extremos pertenecen al mismo ámbito y que la interacción entre ellos es normal y necesaria es extremadamente peligrosa porque conduce a la beligerancia y porque puede resultar inmanejable si la población asume su defensa por mano propia.
El primer caso es ilustrado por la forma como el Ecuador condujo el reclamo demarcatorio con el Perú. La beligerancia de la posición ecuatoriana mantuvo un estado de confrontación permanente articulada por el hostigamiento militar y popular sistemático desgastante para el reclamante -y también para el Perú- hasta la solución de 1998. El segundo caso es graficado por la sustracción de la reivindicación marítima del fuero de la autoridad boliviana por la población a propósito del descontento interno, con el resultado inmediato de la renuncia forzada del presidente Sánchez de Lozada. En ambos casos la diplomacia fracasó siendo sustituida por la fuerza militar o la de una ciudadanía alzada. En ambos casos la diferencia entre política interna y externa no sólo no se respetó sino que fue artificialmente estimulada.
Por ello es indispensable que, en un contexto de intranquilidad social, la discusión sustancial de la delimitación marítima se realice en los foros formales conformados por la relación institucional entre las Cancillerías y, en segundo término, por los ministerios de Defensa. La búsqueda de soporte de opinión pública mediante declaraciones oficiales cotidianas que buscan amplificación en los medios -y que, en un lado y en otro, pretenden también un rédito de política interna- debe, si no parar totalmente, sí mesurarse sustantivamente. La parte chilena debe ayudar a este respecto mostrando una flexibilidad razonable.
Y ello debe acompañarse, en el lado peruano, por una política de defensa convencional que no escabulla la búsqueda expresa de un equilibrio estratégico que, aun sin ser paritario, dispondrá a las partes a mejorar su predisposición a la cooperación teniendo en cuenta la relación de competencia en este dominio. Las operaciones conjuntas de mantenimiento de la paz, maniobras conjunta (tipo UNITAS) o la lucha compartida contra el narcotráfico, el terrorismo o el contrabando generarán la confianza requerida para hablar un lenguaje común que no se esconda en el subterfugio del "desequilibrio tecnológico". La defensa del interés nacional requiere, en lo diplomático y militar, mesura y claridad.
