26 de diciembre de 2024
Si la extraordinaria cantidad de procesos electorales realizados este año no corrigió la progresiva pérdida de libertades ni la erosión democrática en muchos de los países que los llevaron a cabo, la intensidad de las economías ilegales en los países en desarrollo sigue vulnerando en ellos los cimientos del Estado.
En el Perú la dimensión de esas economías equivalía al 4% del PBI en 2022. Ese valor está ligado a la actividad del crimen organizado que controla, total o parcialmente, la minería ilegal del oro, la trata de blancas, el tráfico de drogas, la tala ilegal de madera, el contrabando y la extorsión. Entre estas “economías” destaca el mercado de oro ilegal (US$ 4 mil millones) superando de lejos al narcotráfico (US$ 1208 millones) que, a su vez, es superado por la trata de personas (AmCham Perú, Basombrío, febrero 2024).
Por su dominio territorial y su influencia geopolítica, la minería ilegal (especialmente de oro) y el narcotráfico son amenazas principales al sustento territorial del Estado.
En efecto, mientras la minería ilegal se encuentra dispersa por todo el país (especialmente en la zona de Selva), se concentra en núcleos principales de la Sierra (Cusco, Junín, Cajamarca), de la Costa (Áncash, Ica, Moquegua y Tacna) y en Madre de Dios. Su capacidad de infiltración, zonal y sectorial, es intensa mientras su salida comercial por exportaciones presiona los puertos principales (Ilo y Matarani, Callao y lo hará, por vecindad, en Chancay). Tal conclusión no es explícita pero se deduce del estudio realizado por el IPE y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en junio pasado.
Los cultivos de coca, base del narcotráfico, en cambio se concentran en la zona central del Perú pero encadenándose de sur a norte a lo largo del territorio andino-amazónico desde Iñambari-Tampoata (Punto), Madre de Dios, la Convención-Lares (Cusco), Bajo Ucayali, Pichis-Palcazu (Huánuco), Alto y Bajo Huallaga, Callejería (la Libertad, Huánuco y Ucayali), Bajo Amazonas-Putumayo (Loreto) (Devida: Monitoreo de Cultivos de coca, junio 2023).
Desde este extenso heartland, las zonas cocaleras ejercen presencia e influencia sobre la fronteras con Colombia, Brasil y Bolivia.
Así, los puertos principales, las fronteras y el heartland peruanos son vulnerados por la minería ilegal y el narcotráfico.
Por su influencia en la economía nacional, su infiltración institucional y política y su dimensión violenta la minería ilegal parece ser, hoy, la más peligrosa de esas amenazas.
El peso de la minería equivale al 9.7% del PBI nacional y sus exportaciones son dominantes en la balanza comercial (US$ 43.7 mil millones de US$ 64 mil millones totales en 2023). En ese marco puede entenderse el daño que hacen en ese sector exportaciones ilegales de oro que equivalen al 43% del total de las colocaciones del sector aurífero (IPE SNMPE) que, en total, vendió US$ 11 mil millones el último año. Especialmente si, en términos de volumen esas exportaciones ilegales superan también a todas las suramericanas en un escenario en el que el precio del oro creció 49.4% sólo en el período enero de 2023-octubre de 2024.
En ese marco, las crecientes organizaciones criminales de la minería ilegal se tornan cada vez más violentas al tiempo que sus representantes se aposentan en localidades exclusivas (Pataz, p.e.).
De otro lado, si bien el consumo de cocaína en el mundo ha caído debajo del consumo de marihuana, opioides y anfetaminas en un mercado de 228 millones de consumidores en el mundo (UNODC 2024), el narcotráfico también sigue empoderando a la delincuencia organizada (Idem). Y lo hace vulnerando la ley de la oferta y la demanda: si la cocaína ha caído en las preferencias de los adictos del mundo, la producción debía de haberse reducido. Sin embargo, la producción batió récords en 2022 con 2757 toneladas mientras el cultivo de hoja de coca, esencialmente andino, se incrementó en 13% entre 2021 y 2022 hasta 355 mil has. coincidiendo con el incremento de la violencia en los países de la subregión (especialmente en Ecuador) (Ibidem).
En el Perú, luego de un incremento constante de sembríos de coca desde 2015 (de 40300 has. hasta 95008 has. en 2022), en 2023 se produjo la primera (y mínima) reducción en el período a 92784 has. (DEVIDA). Aún teniendo en cuenta que Colombia ha pasado a ser el primer cultivador de coca, es necesario destacar que la mencionada cantidad de cultivos no es sólo similar a la de 1985 (94800 has.) (Durand) sino que en el período 2019-2023 el VRAEM sigue siendo, de lejos, la primera zona productora en el país (aumentando de 26028 has. en 2019 a 38254 has., en 2023).
Ello lleva a tres conclusiones. Primero, que las políticas de erradicación, interdicción y sustitución de consultivos pueden haberse sofisticado en el tiempo pero no son todo lo potentes que debieran para mostrar algún resultado de progreso luego de medio siglo de aplicación. Segundo, que la sofisticación del crimen organizado que controla el tráfico ha crecido en eficacia. Y tercero, que el consumo de drogas en el exterior sigue siendo imbatible.
A la luz de los crecientes problemas de inseguridad que azotan al país y al incremento en él del crimen organizado, ésta situación no puede seguir erosionando las capacidades de defensa de un Estado cada vez más débil y de una sociedad cada vez menos organizada. Aunque la alarma internacional no sea, como en el pasado, estridente en el Perú debiera serlo.
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