Si una de las prioridades del gobierno este año es generar confianza para que la economía no se aleje de su potencial, el primer desafío de nuestra política exterior será la recuperación de la credibilidad mellada por los extremos a los que condujo la crisis política.
La cota de medición es al respecto la que plantean Estados en el área con pérdida acelerada de legitimidad comprometiendo a la institución presidencial y su capacidad de negociación.
Siendo el Presidente quien dirige la política exterior ese demérito tiene un muy serio impacto en la interacción cotidiana del Estado.
Y si esa debilidad es de carácter sistémico en tanto todos los ex –presidentes del último cuarto de siglo (salvo el obvio caso de Paniagua) están complicados en asuntos de corrupción y son investigados o han merecido carcelería al respecto, parece claro que la gestión externa del Estado está también estructuralmente afectada. Ello generará serias dificultades para mantener o mejorar nuestra inserción.
En lo inmediato el primer escollo es el que planteará la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a un indulto en el que está comprometido un beneficiado ex –mandatario que contribuyó como ninguno a desacreditar la institución presidencial…hasta que se hizo evidente que la red corruptora transamazónica fue tejida también por sus colegas locales.
Limitado así nuestro principal agente de proyección externa, la nueva Canciller no podrá hacer de su condición personal ni del demeritado prestigio del Estado un activo ni siquiera ornamental. Aunque ciertamente deberá intentar recuperarlo sin recurrir exageradamente a los expertos en imagen, su conducta debería afrontar la realidad con plena conciencia de su circunstancia y concentrarse en los procesos que el Estado ha construido a lo largo del tiempo.
Ello implica seguir las pautas desarrolladas por compromisos ya establecidos, alineamientos señalizados y patrones de comportamiento ya consolidados. Pretender innovaciones súbitas o extravagantes en el actual contexto careciendo de condiciones de liderazgo y de influencia suficientes no es prudente ni sensato.
En el corto plazo ello implica el desempeño serio en el Consejo de Seguridad, la acción conjunta en la tragedia venezolana y la implementación de los acuerdos vecinales (incluyendo el saneamiento de la relación con Brasil y del acápite territorial con Chile).
En el mediano plazo afirmar la trayectoria hacia el objetivo (p.e. la profundización de la Alianza del Pacífico, la clarificación de las posibilidades del TPP) es ahora más importante que el apresuramiento en el logro del resultado.
Y para el largo plazo es indispensable generar ciertas seguridades (p.e. que el rumbo trazado con la OCDE no se tuerza, contribuir al cumplimiento del acuerdo sobre cambio climático, compensar la creciente influencia china).
En ese marco, el manejo de actividades excepcionales (p.e. la visita del Papa) debiera requerir más decoro y eficacia que la usual explotación marketera. No estamos para tafetanes.
