En un contexto internacional incierto y en un ámbito regional conflictivo, el Perú sostiene términos de inserción externa creciente y desempeña un rol regional modernizante.
En efecto la economía crece al 7.5% (y el próximo año, dicen, lo hará al 8% situándose en el primer lugar de la perfomance regional), está próxima a obtener el grado de inversión, los organismos multilaterales elogian su conducción y es suficientemente interesante como para sustentar negociaciones de múltiples acuerdos de libre comercio.
Y en términos políticos, la democracia peruana es sostenida por un aparentemente fuerte arraigo interno, tiende a descentralizarse y progresa institucionalmente (aunque con frágil dinamismo). Y si bien la aprobación nacional de los poderes públicos es baja, la del Jefe de Estado se sitúa nuevamente cerca del 40%, las libertades son ampliamente respetadas al tiempo que el reconocimiento externo sobre la militancia democrática del Perú en un contexto vecinal inestable no admitiría demasiados cuestionamientos.
Este panorama es recogido por las encuestadoras peruanas que registran bastante más optimismo que pesimismo en el desempeño económico y mayor apoyo al Presidente electo que a otros Jefes de Estado que evolucionan hacia el autoritarismo y el totalitarismo en la región.
Y sin embargo, en una última encuesta de Latinobarómetro (quizás la entidad de medición de opinión pública regional de mayor reconocimiento internacional) el Perú (es decir, sus ciudadanos) aparece en el penúltimo lugar en las categoría "satisfacción con la democracia" y "situación económica".
¿Estamos aquí ante una preocupante brecha de percepciones sobre el mismo objeto dependiendo de la encuestadora y su origen nacional o extranjero o sólo frente a metodologías diferentes de medición de opinión pública que arrojan, por tanto, resultados radicalmente diferentes? La pregunta es fundamental en tanto que de su respuesta depende la percepción de propios y extraños sobre la conformidad o disconformidad ciudadana con el rumbo que ha escogido el Perú, sobre su condición política y la calidad de su gestión.
Si esta percepción es la que reporta dramáticamente Latinobarómetro, el Perú se encontraría en una etapa que algunos calificarían de "prerrevolucionaria". Especialmente si los gobiernos que se ubican en un escenario revolucionario "objetivo" (Venezuela, Bolivia, Ecuador) aparecen en lugares superiores de la encuesta (Venezuela sería el segundo país más conforme con la "democracia", encabezaría la lista de los países más satisfechos con la "situación económica" y no sería el país menos opuesto a la economía de mercado en la región).
Si bien la encuesta de Latinobarómetro tiende a reiterar el lugar común de que los peruanos estamos muy insatisfechos con los términos de la distribución de la riqueza en el país y con la eficacia en la gestión pública, el descontento que aquélla muestra indica que éste es superior al de los países más pobres, institucionalmente más precarios y administrativamente más ineficientes de la región. Si esa situación corresponde a una realidad estable estaríamos, reiteramos, frente a un gravísimo problema de seguridad nacional (que involucra a la calidad del Estado) y de eficiencia económica así como frente a un muy indicador de gestión pública cuya precisión debe corregirse con extrema urgencia.
Por ello es indispensable que Latinobarómetro publique su metodología, el momento y la cobertura de la encuesta, los términos de la comparación y los instrumentos utilizados. Ello debe ser confrontado con los criterios y métodos empleados por las encuestadoras peruanas. Esta tarea debe realizarse a la brevedad si la brecha entre la percepción pública y la realidad operativa sobre la que se adoptan decisiones de gobierno va a minimizarse y la inserción externa del Perú va a seguir consolidándose con adecuada interlocución internacional.
Salvo que, a su vez, se trate de un error perceptivo, la brecha que muestra hoy Latinobarómetro entre las variables mencionadas es demasiado amplia como para no tomar medidas correctivas de carácter sustantivo en la medición de la percepción y de la gestión públicas sin alterar el rumbo político y económico del país.
