Cuando en octubre pasado el entonces vicepresidente boliviano asumió el poder luego de la forzada renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el vacío de poder en el país vecino apuraba el tránsito de la ingobernabilidad a la inviabilidad. Para salvar ese grave trance el señor Mesa ofreció consultar a la población sobre el uso que se daría al principal recurso natural del país -el gas- y la organización de un nuevo orden interno, ambos cuestionados por los sublevados del 2003.
Para cumplir con estos compromisos el presidente boliviano ofreció un referéndum en el primer caso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en el segundo. Mientras aguardaba por la realización de estas consultas fundamentales, el señor Mesa decidió gobernar confiando en que el apoyo de la opinión pública, antes que el de los desprestigiados partidos políticos, y el agresivo reclamo de la solución al problema de la mediterraneidad le reportaría legitimidad interna y cohesión nacional.
Si hasta hoy, el señor Mesa ha logrado satisfacer esas aspiraciones elementales, el resultado del referéndum sobre los términos generales que regirán el manejo del recurso energético convertido en emblema nacional, le ha reportado un apoyo electoral específico del que carecía. A ello se suma la consolidación de la percepción pública de que Bolivia está gobernada por un presidente que cumple con su palabra. Los riesgos del vacío del poder, por tanto, empiezan a disminuir.
Pero a la luz de los conflictos institucionales (desencuentros entre el Ejecutivo y Legislativo, desorden en los gobiernos locales, etc.), étnicos (surgidos del movimiento aymara y de la "nación camba" del sector oriental) y regionales (la división entre el sector altiplánico y la región de las tierras bajas), el problema de la gobernabilidad boliviana está lejos de resolverse. La oportunidad para empezar a cerrar esa brecha se presentará con el cumplimiento de la segunda promesa del señor Mesa: la convocatoria de una Asamblea Constituyente probablemente el año próximo.
Mientras tanto, el gobierno boliviano tratará también de extraer el mejor partido del apoyo conferido por la OEA y la Secretaría General de la ONU al referéndum. Ahora falta ver si la ley de hidrocarburos que debe elaborarse como resultado de esos comicios se gesta fluidamente o no en el Parlamento. Lo segundo parece más probable que lo primero debido a las múltiples interpretaciones que pueden darse a los resultados de la consulta.
En efecto, la recuperación de la propiedad del recurso en boca de pozo no implica nacionalización del mismo para el presidente de Bolivia, pero sí para los sindicatos y para el movimiento indigenista. Aunque el gobierno recupera acá sólo la propiedad del gas una vez extraído (la del recurso en el subsuelo nunca estuvo en cuestión), todavía tendrá que tratar con las empresas privadas cómo se procede a cambiar la situación anterior.
Por lo demás, la restauración de la empresa estatal (YPFB) como entidad competente para intervenir en toda la cadena productiva supondrá no sólo reorganizar la relación con las empresas multinacionales -cuyo interés en Bolivia no se desea espantar- sino la recuperación de las acciones en manos populares producto de la privatización llevada a cabo por el gobierno anterior. Y como la economía boliviana no tiene suficientes recursos para "recomprar" esos títulos, alguna fórmula novedosa deberá ser encontrada.
A ello deberá procederse al tiempo que la relación con las empresas privadas se puede encrespar aún más debido a la obligación adquirida por el Estado de incrementar progresivamente las regalías de 18% a 50%. Parte de la población reclamará menos plazo y más mano dura en tanto los términos deberán extenderse tanto como lo demande la renegociación del trato tributario ya establecido.
De otro lado, el uso externo del gas como herramienta para negociar una solución al problema de la mediterraneidad otorga al gobierno boliviano tanta discrecionalidad en el manejo de esa reivindicación histórica como rechazo produzca en la contraparte chilena. Hasta ahora el presidente Lagos se ha felicitado del resultado del referéndum por las connotaciones cohesivas del mismo, pero difícilmente flexibilizará su posición de no negociar una salida soberana para Bolivia a cambio de la energía requerida.
Por lo demás, esa declaración no otorga a la exportación del gas la dimensión política que ya tenía sino que ésta ahora aparece potenciada por un mandato popular. De esta manera, la salida del gas boliviano por el Perú tenderá a ser entendida menos que como un factor de integración bilateral que como uno de denegación estratégica del recurso a Chile. El Perú no puede dejarse llevar por ese derrotero sin establecer su propia política sobre el particular. Y ésta es la de la competencia y la cooperación en el marco de la solución pacífica de las controversias.
