Desde 1992, cuando el frustrado golpe del teniente coronel Hugo Chávez marcó la decadencia del pacto bipartidista de 1958, Venezuela ha devenido progresivamente en una fuente de desestabilización regional. Si luego la erosión de los partidos políticos, la extraordinaria corrupción y la pauperización social de una de las economías más ricas de América del Sur no pudo sustentar la reforma neoliberal emprendida por Carlos Andrés Pérez, el acceso democrático de Chávez al poder estimuló el conflicto interno y la disfuncionalidad externa venezolana. Media década después de la primera elección del teniente coronel por una masa de excluidos que no encontró representación tradicional, el referéndum que pretendió dar una solución democrática y pacífica a la fragmentación nacional venezolana no parece haber logrado su propósito.
Con una expectativa de crecimiento superior al 10% este año, los exuberantes ingresos petroleros derivados de un precio de US$ 46 el barril en una economía en la que ese recurso representa el 25% del PBI y el 75% de las exportaciones, debieran poder favorecer la conciliación de intereses sociales si la bonanza es adecuadamente manejada. Pero los venezolanos aún sienten la pérdida de 25% del PBI en los últimos cuatro años, el desempleo de 18% (ahora cayendo al 16%) y la duplicación de la pobreza entre el 2002 y el 2003. La expectativa de mejora, una inflación descendiendo de 33% a 22% y el retorno de la inversión extranjera al sector hidrocarburos no parece ser todavía suficientemente cohesionador.
Por lo demás, si la oposición no parece tener otro elemento vinculante que la confrontación con Chávez y éste, luego de su triunfo, no se ha propuesto convincentemente la tarea de la reconciliación nacional, las posibilidades de ganar estabilidad no parecen suficientes. Menos aún, cuando la polarización generada por el señor Chávez con métodos y contenidos pseudo-revolucionarios resistidos por el 40% de la población ha agudizado el fraccionamiento estructural venezolano. A aliviar ese escenario confrontatorio no contribuyen remedos de partidos políticos convertidos en artefactos para acercarse al poder y menos la pugna entre democracia representativa (la reconocida por el sistema interamericano) y la democracia directa (la del referéndum). En consecuencia, el acomodo de la ciudadanía venezolana al resultado del referéndum que siendo en apariencia limpio, debe ser respetado requerirá la asistencia externa para la reducción de la beligerancia irracional.
Pero esa disposición que seguramente sería ofrecida por la OEA y por los países miembros del "Grupo de Amigos" de Venezuela luego de su fuerte compromiso con ese país reclama el cumplimiento de una premisa: la reversión de la confrontacional política exterior chavista. En relación a Estados Unidos, sin embargo, el presidente venezolano no parece haber atenuado aún su discurso "antiimperialista" ni ha dado señales de moderación jugando la carta "demócrata" en las elecciones norteamericanas de noviembre. Más bien, el representante del cuarto proveedor de petróleo de los Estados Unidos parece fortalecer su actitud amparado en el soporte que le brinda el alto precio del crudo, su influencia en la OPEP, su convicción de ser un agente eficaz del proceso de multipolarización y la realidad de la vulnerabilidad energética de la primera potencia. Por lo demás, si Chávez persiste en jugar un rol singular en el Medio Oriente difícilmente logrará una inserción cómoda en América Latina.
De otro lado, si el efecto de la beligerancia chavista puede atemperarse aprovechando la asimetría de las partes (Estados Unidos puede, sin mayores costos, adoptar un enfoque más benigno), la intensidad de la vinculación cubano-venezolana es aquí fuertemente disfuncional. No sólo el extraordinario apoyo directo que Chávez brinda a Castro confronta a Estados Unidos y desafía el principio de la vigencia de la democracia representativa como el único sistema reconocido en el sistema interamericano, sino que la influyente presencia de agentes cubanos en Venezuela constituye una verdadera provocación para buena parte de sus nacionales y preocupa a la región.
Por lo demás, ese alineamiento constituye una variable determinante en el conflicto colombiano tanto por la antigua vinculación del presidente Chávez con las organizaciones subversivas (de las que oficialmente se ha alejado), como por la relación de las FARC y el ELN con Cuba y el riesgo de escalamiento convencional que supone el uso de la extensa frontera colombo-venezolana por esas agrupaciones. Un incremento del poder de confrontación del narcoterrorismo colombiano derivado de una relación cubano-venezolana intensificada constituye una amenaza para el resto de la subregión andina que sigue padeciendo la amenaza del narcotráfico y la presencia de fuerzas terroristas. Si el presidente Chávez desea cohesionar su país con indispensable asistencia y buena voluntad externas, debe redefinir la relación que mantiene con el castrismo más desafiante.
Más aún cuando la demagogia de la política exterior chavista encuentra eco en países vecinos donde líderes de fuerzas emergentes no representadas por partidos políticos requieren de un referente que potencie sus vagos reclamos revestidos de hipernacionalismo. Si este es el caso de Evo Morales y de los indigenistas bolivianos, bien pueden estos ejemplos encontrar remedo en el Perú.
La pregunta al respecto no es si el teniente coronel puede cambiar sino si desea hacerlo. Más aún cuando, a pesar de la fragmentación que éste ha producido en su país, de haber ganado el referéndum y de la dimensión de la oposición, los venezolanos, según Latibarómetro, se sienten más satisfechos con la democracia actual y creen más en ella que muchos países de la región, incluido el Perú.
